Si la Manada de Rosselló “marcaba” a periodistas, fiscalizadores, activistas y adversarios por algo tan obvio y normal como es disentir, esto me sugiere que la represión en Puerto Rico está normalizada.

Siempre digo que jamás en la vida pensé heredar un país así. Tal vez fue inocencia, candor. Pero al menos en términos de la represión, siempre pensé que viviría en un país muy distinto, precisamente por todo lo que sufrieron nuestros viejos. Incluso desde muy pequeña, cuando desde siempre tuve que tener ciertos cuidados y avisar de cualquier intercambio extraño que me ocurriera, partía de la premisa de que la tremenda persecución política que logró comprobarse y repudiarse en Puerto Rico, especialmente con el famoso caso de las carpetas, protegería a nuestra generación. Creí que eso era una lección aprendida por todos los sectores en el País y que no tendríamos que temer, de forma tan generalizada, asuntos como que se nos fabricaran casos, se nos hiciera daño o incluso que se nos asesinara por ser disidentes políticos.

Cuando el FBI asesinó a Filiberto Ojeda Ríos, comencé a sospechar que las cosas no necesariamente serían distintas para nosotros.

En efecto, en estos últimos años he evidenciado unos niveles de represión que no había imaginado, tanto a nivel nacional como de EEUU (la represión cuasi paramilitar en Standing Rock; los casos de la sargento Manning, Snowden y Julián Assange, solo por nombrar unos pocos). Personalmente me tocó hace poco con la fabricación de un caso contra mi pareja, Arturo Massol Deyá, uno de los opositores más críticos de la gasificación del país. Los casos recientes de los últimos 1 de mayo, el encarcelamiento de Nina Droz, Elimar Chardón Sierra, los cargos contra estudiantes que protestan, el constante exceso de uso de fuerza contra manifestantes, los arrestos masivos de esas mismas personas, los arrestos al estilo secuestro, las intimidaciones y fabricaciones serias a estudiantes huelguistas, las amenazas contra una periodista, entre muchos otros casos, han sido ejemplos nefastos de represión reciente en nuestro país.

Aún con este historial, quedé anonadada cuando vi la dinámica tan represiva del famoso chat de la Manada del gobernador Ricky Rosselló. ¿Por qué? Porque Rosselló y sus secuaces dedican buena parte de sus intercambios a insultar o “marcar” a personas que consideran opositoras, sugerir escarmientos, campañas violentas de troles (evidentemente pagos con fondos públicos) en su contra, entre muchas otras estrategias perversas.

El caso del exmonitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, es importante porque todo indica que la Manada logró su propósito. El Monitor, en efecto, terminó renunciando. Hay que preguntarse cuánto tuvo que ver la intención discutida en el chat con la materialización de esa renuncia.

El chat publicado abarca menos de dos meses de conversación y, aún así, en él se le llama puta a Melissa Mark Viverito sencillamente por ser una opositora política; Se “marca” a Manuel Natal, a quien sugieren dar un “escarmiento” “refiriéndolo” a la Policía “sin hacerlo público”. ¿Qué era lo que iban a “referir” a la Policía si no hay indicación de que Natal hubiese cometido delito alguno? ¿O es que estaban sugiriendo fabricarle un caso?

De la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dice Cristian Sobrino incluso que está “salivando por caerle a tiros”, a lo que Rosselló contesta que “le haría un gran favor”. Sobra decir cuán repulsivo es este intercambio, tratándose del gobernador de este país y su gabinete.

A la esposa del senador Juan Dalmau querían provocarle daño profesional para poder darle su puesto a un estadista. Al ex director del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, todo indica se confirma que le crearon una campaña de descrédito hasta obligarlo a renunciar también.

Luego vienen también las burlas en el momento en que fallecen disidentes políticos de gran estatura en el país como Carlos Gallisá y Marta Font. Los adolescentes de la Manada no podían respetar mínimamente a alguien que implicara resistencia en su miope visión de mundo.

Todas estas personas son de alguna manera críticas del gobierno, unas más que otras. Pero ninguna representaba una amenaza real o significativa contra los integrantes de la Manada de Rosselló, que no fuera en aspectos estrictamente político-partidistas. Todas eran personas que simplemente piensan o actúan distinto que Rosselló. La existencia de gente así es algo tan normal en la vida política como el café al desayuno. ¿Cómo es posible que, en menos de dos meses, un gobernador exprese su deseo de hacer daño a tantas de estas personas?

El exmonitor federal de la Policía, por ejemplo, era una persona que trataba de hacer su trabajo. A nuestro juicio, en muchas ocasiones incluso defendió las posturas del Gobierno. Sus informes de los 1 de mayo de 2017 y 2018 justificaban el uso de agentes químicos contra manifestantes, algo que los grupos activistas de derechos humanos hemos criticado ampliamente.

Al menos en el ámbito público, Claudio no alcanzó a entrar en los temas más espesos y difíciles sobre la Policía como pueden ser la fabricación de casos y de evidencia, las ejecuciones extrajudiciales y el exceso de uso de fuerza, a seis años de firmado el Acuerdo de Reforma. Lo que Claudio señaló fueron asuntos importantes como las represalias que se tomaron contra los pilotos de FURA que denunciaron el uso fraudulento de los helicópteros por parte de Fortaleza. Denunció los ascensos ilegales dentro de la Uniformada y las prácticas erráticas y excesivas durante las protestas del 1 de mayo, específicamente en torno a unos casos extremos de personas evidentemente agredidas por la Policía ante el lente de los fotoperiodistas del País. Nada de esto puede considerarse que fuera una agenda especial de Claudio para hacer daño al gobierno de Ricardo Rosselló. Lo único absurdo era pensar que habría un monitor supervisando la reforma de la Policía (como lo exige el Acuerdo de reforma) y que este no haría señalamientos de serias preocupaciones o incumplimiento. Eso sencillamente no sería posible en reforma alguna. En el proceso de desarrollo y cumplimiento de un proceso tan complejo como este siempre habrá señalamientos. Realmente, el gobierno de Puerto Rico siempre ha tenido el apoyo casi absoluto del juez Gelpí en esta reforma. Personalmente, sospecho que Claudio no alcanzó a hacer mucho más porque a su propio jefe, el Juez, no le interesaba revolcar el avispero y obligar a la Policía a rendir cuentas genuinamente.

Si la Manada de Rosselló “marcaba” a periodistas, fiscalizadores, activistas y adversarios por algo tan obvio y normal como es disentir, esto me sugiere que la represión en Puerto Rico está normalizada. No solo se sigue reprimiendo utilizando los recursos del estado para destruir reputaciones, proyectos, ideas, libertad de expresión y de prensa. También se reprime a los disidentes potenciales por el mero hecho de existir. Solo por ser periodista, te velan a qué y a quién le das Like, como se lee en el chat en diversas ocasiones. Solo por ser opositora ideológica te insultan o hablan de querer matarte. Si levantas la voz contra ellos, te “caen arriba” con su “gente” en las redes sociales. Esto es muy peligroso e inaceptable en un país que se jacta de tener “libertades civiles”, y es extremadamente desafiante para quienes hacemos trabajo de resistencia.

Este tema de los troles no debe subestimarse. Es muy serio para el ejercicio de expresión en un país acorralado democráticamente como el nuestro. Que el Ejecutivo, con fondos públicos, le pague a los ‘troles’ para que insulten, amenacen, intimiden y dañen reputaciones, es una práctica violenta, corrupta y peligrosa por muchas razones. Entre ellas, por el efecto paralizante que tiene en el ejercicio de expresión y en la reputación de disidentes políticos, periodistas, analistas y otras personas.

Todo esto ha sido muy humillante, doloroso y hasta sorprendente, incluso para alguien como yo que ni vota ni los ha apoyado ni esperado nada de ellos jamás. Apenas puedo imaginarme cómo será para todas las personas decentes, sensibles y necesitadas de este país que confiaron en Ricardo Rosselló.