Ante la reciente determinación del Juez Juan Torruellas del Primer Circuito de Boston en el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), y la Juventud Hostosiana (JH), entendemos que, lejos de hacer justicia al Pueblo puertorriqueño, la determinación justifica la imposición de la Ley PROMESA y garantiza su funcionamiento.

“Como hemos indicado anteriormente, la ley PROMESA es solamente la muestra más cruda y reciente de la realidad colonial en Puerto Rico en donde se priva del futuro al Pueblo puertorriqueño, que no tiene ni voz ni voto en las leyes a las cuales es sometido. Como bien señala la decisión, estamos siendo gobernados por procónsules al estilo de la época del Imperio Romano. Pero el hecho de que los miembros de la Junta se nombren por el Presidente de EEUU con el consejo y consentimiento del Senado estadounidense no cambia esa cruda realidad colonial”, expresó Wilma Reverón Collazo, Copresidenta del MINH.

La decisión del Juez Torruellas, emitida el pasado 15 de febrero de 2019, establece como inconstitucional los nombramientos de las y los miembros actuales de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, en la misma opinión el Juez establece que la Ley PROMESA es una ley constitucional. Por otro lado, aunque ilegalmente constituida, todas las decisiones emitidas por la Junta fueron y son válidas; por lo que la decisión no tiene un efecto real a las actuaciones llevadas a cabo por las y los miembros de la Junta de Control Fiscal.

“Hay que apuntar a que, en su opinión, el Juez Torruellas arguye que anular las acciones de la Junta significaría afectar a ‘miles’ de terceros inocentes que ‘confían’ en la misma aun cuando en ningún momento el Pueblo puertorriqueño ha tenido un decir, por la vía democrática, sobre si deseaba o no esa Junta de Control Fiscal. Condenamos este tipo de pronunciamiento demagógico y exigimos que sea el Pueblo puertorriqueño quien decida el rumbo de su futuro”, argumentó Francisco A. Santiago Cintrón, también Copresidente de la organización.

Como un efecto deseable que podría tener la decisión, siendo oficiales del gobierno de EEUU, deberían reembolsar todos los fondos del Pueblo de Puerto Rico utilizados en su operación y no debería desembolsarse ni un solo centavo más para ello.

Una vez más, hacemos un llamado a la Legislatura de Puerto Rico a que se atreva a actuar en defensa de los intereses de nuestro Pueblo y paralice todo pago relacionado a la Junta.