La deuda de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) es inconstitucional, tanto o más que los $8 billones de la deuda de los Bonos de Obligación General (GO) que la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que solicitará se declare nula y no pagadera, denunció la Comisión Ciudadana para la Auditoria Integral de la Deuda del Crédito Público (CCAIDCP). Aun cuando la comisión creada por la Ley 97 en el 2015 fue eliminada por la actual administración, al inicio de este cuatrienio, grupos de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han mantenido la Comisión.

La portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y miembro de la Comisión, licenciada Eva Prados Rodríguez, en entrevista respecto a la posición de la JCF de objetar parte de la deuda de los GO expresó que esto reafirma lo que la Comisión ha advertido desde hace dos años de su creación: que mucha de la deuda de Puerto Rico violaba la constitución. Aun cuando dijo que “celebraba” que finalmente la JCF reconoció la ilegalidad de la deuda y reclama que no tiene que pagarse, destacó y comparó que la deuda de COFINA también es ilegal: “Es la que estamos discutiendo en este tribunal y la que nos va a imponer el pago del IVU por los próximos 40 años”.

En cuanto a cómo era posible concluir que parte de la deuda del gobierno central sea ilegal y no así la de COFINA, Prados Rodríguez denunció que esto es una estrategia de negociación de la JCF para poner presión sobre estos acreedores. Además llamó la atención a que la Junta solo se haya referido a las emisiones de bonos del 2012 y el 2014. “Hay mucha otra deuda en violación. Tenemos que estar bien pendientes, precisamente en ese proceso selectivo de la Junta, de cuál deuda es inconstitucional y cuál no y hasta dónde va a llegar la Junta con esto porque nosotros reclamamos que si es inconstitucional, sí es ilegal. No la vamos a pagar. Pero, lamentablemente, pasó con COFINA que al principio en el tribunal se habló de inconstitucionalidad y, de repente, la Junta llegó a un acuerdo con los acreedores”.

La Comisión dio a conocer su primer informe COFINA, Deuda ilegal e ilegítima en conferencia de prensa, mientras se llevaba a cabo el segundo día de protesta contra el acuerdo de COFINA, frente al Tribunal Federal. El presidente de la Comisión Roberto Pagán declaró que el propósito del informe es que el país conozca con más detalle los problemas de legalidad y legitimidad que tiene la deuda de COFINA, que la JCF pretende obligarnos a pagar.

El licenciado Luis José Torres Asencio, miembro de la Comisión, señaló que los problemas de COFINA no solo estriban en la ilegalidad de sus emisiones, sino en el uso de los fondos, ya que aunque COFINA fue creada para pagar deuda vieja, hoy el país debe casi tres veces lo que se debía cuando se creó. Además, el gobierno emitió bonos de COFINA para sufragar gastos operacionales que incluyen hasta el financiamiento de los despidos masivos de la Ley 7 del 2009. “Es mucho lo que el pueblo desconoce sobre la acumulación de toda esta deuda. Confiamos en que este informe sea un paso para que el pueblo sepa toda la verdad y actuemos para evitar que todo esto vuelva a ocurrir”, expresó Torres Asencio, profesor de Derecho Constitucional.

De acuerdo con el informe, en la actualidad la deuda de COFINA representa la tajada más grande de la deuda pública que se le imputa a Puerto Rico. Incluye sobre $16,315 millones en principal, más cerca de $1,265 millones en intereses capitalizados hasta la fecha, para un total de $17,580 millones. En diez años se convirtió en la cuarta parte de la totalidad de la deuda de emisiones de bonos de Puerto Rico que hoy tiene al país en quiebra.

El informe también señala que según el expediente judicial de PROMESA, (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act), la deuda de COFINA se ha ido concentrado en las manos de unas 17 compañías de fondos de cobertura que son dueñas de casi la mitad (47%) de la totalidad de la deuda de COFINA o $8,333 mil millones. Esta información contrasta con el argumento del grupo Bonistas del Patio, que afirma que nuestros acreedores son individuos y pequeños bonistas residentes en Puerto Rico. El análisis de la Comisión al respecto es que es que si una cantidad significativa de los principales tenedores de bonos de Puerto Rico es dueña de bonos de COFINA y de los GO, ello desincentiva que estos litiguen entre ellos de manera vigorosa los asuntos legales y constitucionales en torno a las emisiones de bonos.

Otras revelaciones de la auditoría ciudadana es que, de acuerdo con los informes oficiales de las emisiones de COFINA de los años 2007 y 2008, el dinero recibido fue utilizado para el pago de deuda extraconstitucional, así como alrededor de $1,175 millones de $1 billón de la deuda fueron utilizados en comisiones para los underwriters y para gastos de emisiones, consultores, etc.

Es decir, que mediante esas emisiones de bonos, el Gobierno pagó deuda extraconstitucional preexistente con nueva deuda extraconstitucional. Sin embargo, ambas deudas extraconstitucionales no son iguales. Mientras la deuda a ser saldada no estaba garantizada y dependía para su pago, por ejemplo, de que las corporaciones públicas deudoras tuvieran ganancias, los bonos que se utilizaron para “saldarla” están “garantizados” por una partida de los recaudos del IVU. Y, que peor aun, una cantidad considerable de esta nueva deuda fue emitida en forma de bonos de apreciación de capital (Capital Appreciation Bonds, o CABs, por sus siglas en inglés). Explica el informe que los CABs son un tipo de bonos en los que el principal y los intereses no se pagan paulatinamente, sino que se saldan en un solo pago, a la fecha de vencimiento del bono. En estos casos, los intereses se acumulan y añaden al principal, con términos de repago mucho más onerosos que los originales.

Una de los asuntos significativos del informe es: ¿Cuánto de los recaudos del IVU han ido a COFINA y cuántos han ido al pago de los bonistas? Sobre el particular se trae a la atención que el IVU en parte fue creado como un mecanismo de repago a los bonistas de COFINA. Precisa que mediante el IVU, Puerto Rico ha recaudado poco más de $18,386 millones entre noviembre de 2006 y octubre de 2018. Dicho de otra forma –indica el informe– desde su creación, el IVU ha generado en recaudos más que el principal de los bonos de COFINA. De esos recaudos, poco más de $6,860 millones fueron directo a COFINA, la mayoría de los cuales habrán sido utilizados para el pago de la deuda de bonos de la corporación. Así, de los gastos operacionales de COFINA no ser sustanciales, hecho apoyado por la estrecha relación operacional entre dicha entidad y el Banco Gubernamental de Fomento, ya COFINA podría haber satisfecho más de dos quintas partes (2/5) del principal de la totalidad de bonos emitidos.

En ese mismo renglón la auditoría ciudadana trae a la luz que la partida más grande de los recaudos del IVU, ascendente a aproximadamente $10,969 millones, ha ido al fondo de obligación general y que se desconoce el uso dado a esos fondos.

“¿Se utilizaron estos recaudos para el pago de otra deuda, como la de obligaciones generales? ¿Para qué se utilizó el resto? ¿Qué beneficios le trajo a la ciudadanía que pagó ese IVU? Lamentablemente, el Gobierno se ha negado a hacer pública esta información”, cuestionó y denunció la Comisión Ciudadana.

Por último, la Comisión plantea que cualquier análisis sobre la legalidad o legitimidad de COFINA debe examinar también el rol que la relación constitucional de Puerto Rico con los Estados Unidos ha jugado en la acumulación de esta deuda. Frente a esto, considera que en la medida en la que el procedimiento judicial bajo el Título III de PROMESA impide tal análisis, cualquier resultado dentro dicho procedimiento que condene a Puerto Rico al pago de dicha deuda es ilegítimo.