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(San Juan, 17 de enero, 2019) Mientras continúa la vista judicial sobre el acuerdo para la restructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público publicó su primer informe “COFINA: Deuda ilegal e ilegítima” que impugna la constitucionalidad de la Corporación y la legitimidad del uso de esta deuda.

La Comisión presentó hoy parte de estos datos durante su turno en las vistas sobre el acuerdo de COFINA como representantes del pueblo de Puerto Rico ante la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain.

"Aunque COFINA fue creada para pagar deuda vieja, lejos de saldar esa deuda, hoy debemos casi tres veces lo que se debía cuando se creó. Además, el gobierno emitió bonos de COFINA para sufragar gastos operacionales que incluyen incluso el financiamiento de los despidos masivos de la Ley 7 del 2009. Es mucho lo que el pueblo desconoce sobre la acumulación de toda esta deuda. Confiamos que este informe sea un paso para que el pueblo sepa toda la verdad y actuemos para evitar que todo esto vuelva a ocurrir”, añadió el licenciado José Torres Asencio, integrante de la Comisión.

Entre los hallazgos de este primer informe, se incluyen graves señalamientos en torno a la legitimidad y legalidad de varios elementos del esquema de COFINA y sus transacciones. A continuación una lista de los más destacados:

1. El 47% de la deuda de COFINA, u $8,333 millones, está en manos de 17 compañías de fondos de cobertura o buitres.
2. Con los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) el Gobierno ya ha pagado casi el 42% de su principal, es decir, $6,860 millones han sido transferidos a COFINA para el pago a bonistas.
3. El esquema de COFINA viola varias cláusulas de la Constitución del ELA, tales como: la cláusula de prioridad en el pago, la de presupuestos balanceados y la cláusula constitucional sobre el límite a la deuda.
4. Más de una tercera parte del principal de la deuda de la Corporación, unos $6,155 millones, se emitió en forma de bonos de apreciación capital, un tipo de bono con condiciones particularmente onerosas pues condena a Puerto Rico a pagar aproximadamente siete veces la cantidad recibida.
5. Aproximadamente $1,175 millones o $1 billón de la deuda de COFINA fueron utilizados en comisiones para los 'underwriters' y gastos de emisiones, consultores, etc.

En la medida en la que el procedimiento judicial bajo el Título III de PROMESA y la Sección 210 de la ley federal impidan un análisis de la legitimidad de COFINA y la relación colonial de Puerto Rico, cualquier resultado dentro de este procedimiento que condene a Puerto Rico al pago de dicha deuda es ilegítimo y en perjuicio del pueblo, apunta la Comisión.

La Comisión es una organización no gubernamental y ciudadana, creada por el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, con la única misión de realizar una auditoría integral del crédito público. Cuenta con expertos como el Lcdo. Luis José Torres Asencio, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana; el Dr. José Alameda, profesor en Economía de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez; Dr. José González Taboada, CPA y decano de Administración de Empresas de la UPR Recinto de Río Piedras; Dr. Luis Avilés, profesor de Estadísticas del Recinto de Ciencias Médicas; el planificador David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, así como representantes de distintos sectores sociales, como el sindicalista Roberto Pagán; el comerciante y economista, Edwin Colón; el cooperativista y CPA, Benjamín Rosario; la abogada feminista Amárilis Pagán; la también abogada y salubrista, Nylca Muñoz, y el planificador ambiental Gustavo García, entre otros.