(San Juan, 16 de enero, 2019) La defensa legal de la Junta de Control Fiscal (JCF) logró bloquear el testimonio pericial de un economista que concluyó que el acuerdo de COFINA atentará contra el financiamiento de los servicios esenciales y las pensiones, a la vez que impidieron que el sindicato PROSOL-UTIER adquiera legitimación activa para cuestionar la declaración jurada en apoyo al acuerdo presentada por la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.

El asunto de la falta de legitimación activa de PROSOL-UTIER fue levantada por el abogado de la JCF, Brian Rosen -de la firma Proskauer Rose- al indicar a la juez que no recibieron solicitud alguna por parte de los objetores para contrainterrogar los testimonios de Jaresko y el de David Brownstein, asesor de la Junta de la empresa Citi Group.

No obstante, días antes de la vista PROSOL-UTIER, representado por el abogado Rolando Emmanuelli, radicó una objeción al testimonio de Jaresko, señalando que la gran mayoría de sus declaraciones constituían habladurías (“hearsay”) y no se basaban en hechos basados en análisis pericial económico. Ante esto, la representación de la JCF se movió para declarar al sindicato sin legitimación activa por no ser acreedor directo de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (COFINA).

Según argumento Mike Firestein, abogado de la Junta, PROSOL-UTIER no se presentó en su objeción al acuerdo, ni en el testimonio de Jaresko como acreedor de COFINA. Abundó que los reclamos que esgrimieron en sus escritos sobre los efectos potenciales del acuerdo y el plan de ajuste no corresponden a la discusión sobre la deuda de COFINA, pero sí la del gobierno central, la cual no estuvo en discusión para esa vista.

Para remediar el asunto, Firestein solicitó a Swain precluir las presentaciones y los testimonios del sindicato, pero que se les permitiera presentar argumentos en derecho sobre el asunto.

Emmanuelli, por su parte, indicó que su cliente fue el único compareciente que presentó a la corte un estudio pericial económico y que además solicitó presentar como testigo al autor de dicho estudio, el economista José Alameda.

Tras escuchar los argumentos, Swain acogió la solicitud de la JCF y precluyó a PROSOL-UTIER de presentar evidencia y contrainterrogar testigos por falta de posición credencial. Su razonamiento se baso en que el sindicato no demostró cómo la denegación del acuerdo constituiría daños a los unionados que representan.

Al culminar la vista, Emmanuelli indicó a NotiCel que en adelante argumentarán ante el tribunal el incumplimiento de la JCF con la ley PROMESA al no presentar estudios que demuestren que el acuerdo y el plan de ajuste son sustentables para el servicio de la deuda. Sin embargo, las expresiones que lleve no podrán hacer referencia al estudio de Alameda, pues no fue acogido por el tribunal.

“La Junta tiene que cumplir unos requisitos de la sección 314 de PROMESA y como lo que sometieron fueron unas declaraciones que eran unas meras historias, no tienen ningún computo ni fundamento científico, pues nosotros vamos a decir que, aun cuando se admitieron, no son suficiente para que se firme el plan”, sostuvo el abogado.

Swain se reserva falló sobre acuerdo

Durante la mañana del miércoles, Swain escuchó parte de los comentarios del público sobre el acuerdo de COFINA. Solo 10 personas se presentaron en la corte para emitir comentarios, que en la mayoría fueron en contra del acuerdo por entender que afectará la capacidad de mantener los servicios esenciales del gobierno.

Uno de los comentarios más contundentes provino del coordinador de la organización Hedge Clippers, Julio López Varona, quien relató brevemente el impacto negativo que ha producido la crisis fiscal sobre la clase trabajadora que recurre a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades. No obstante, también llamó la atención a la gran cantidad de personas blancas envueltas en el caso que están prestas a ganar dinero con el acuerdo.

“Nuestro argumento no es que el acuerdo debe ser detenido, lo que tememos es que hay un montón de gente blanca defendiendo la gente de Wall Street y la Milla de Oro que van a ganar mucho dinero”, expresó López Varona en su turno de 5 minutos.

Una de las personas que comentó a favor del acuerdo, Adriana Irizarry Irizarry, relató que compró bonos de COFINA para invertir en su retiro y en Puerto Rico, pero al ser tenedora de bonos junior se encontró en una situación tétrica al colapsar en valor. A pesar que perdió casi todos sus ahorros de vida en la compra de esos bonos, lo que le genera un sentido de traición contra el gobierno, afirmó que sólo desea que les paguen de vuelta, aunque sea el 44% de su inversión.

Luego de escuchar los comentarios, Swain indicó que se reservará su decisión sobre el acuerdo de COFINA. Emmanuelli, por su parte, anticipó a este medio que a la jueza haría lo mismo para el plan de ajuste por tratarse de decisiones que influyen una sobre la otra, un proceso que podría tardar.

“Esas determinaciones de confirmación de planes de capitulo 9 son documentos bien extensos, eso ella tiene que trabajar un poco”, sostuvo el abogado.