No se puede caminar hacia la solución del coloniaje debilitando al país. Tampoco se puede resolver la dependencia colonial con la hegemonía de políticos transformados en cabilderos, que se enriquecen entregando el país. Aunque estén amparados por la ley, violan la ética, la moral social y el amor al bienestar de la sociedad.




El imperialismo estadounidense desarrolló un notable talento histórico en esta isla. Desde que impuso su férrea dominación en Puerto Rico, hizo lo que estuvo a su alcance para revestir su presencia con un discurso sobre la democracia. Tuvo un éxito relativo. Sin embargo, la efectividad de ese ropaje discursivo no dependió ni de las acciones concretas del poder imperial ni de los recursos persuasivos del discurso. La efectividad de la dominación estadounidense se apoyó principalmente en la debilidad interna de las clases dominantes de Puerto Rico. Entre los más destacados sectores empresariales brilló la incapacidad de organizar una lucha para establecer un estado propio, un proyecto de país dirigido desde el interior. Cuando hubo algún cuestionamiento serio al poder imperial, acompañado de la acción, como fue el caso del nacionalismo albizuista, el imperio dejó caer su máscara y caminó sin pudor sobre los vidrios rotos de su cristalería democrática.

Supo el imperio moverse con habilidad ante las presiones nacionales e internacionales. Para evadir la poderosa tendencia descolonizadora de la posguerra, hizo sucesivas concesiones importantes: permitió la elección del gobernador, la elaboración de una constitución y el establecimiento del Estado Libre Asociado. Todo lo hizo sin menoscabar la férrea estructura de su dominio. Por eso, cuando se manifestó la severa crisis económica actual, no tardó el imperio en devaluar la mentira internacional que había construido con la colaboración local. Después de casi tres décadas de política neoliberal, el país hundido en una depresión económica que ha sido principalmente hechura del imperio, no le ha temblado el pulso para imponer la descarada dictadura de la Ley PROMESA, con la esperpéntica figura de la Junta de Control Fiscal. ¿Dónde está el reclamo democrático de la misma clase empresarial que ha minado el estado colonial con su política parasitaria y su disposición al robo? ¿Dónde quedó toda la retórica de la prensa sobre las virtudes de nuestra flamante democracia? Lo que ha predominado entre los dirigentes de los grandes sectores empresariales y la prensa comercial ha sido el consentimiento o un silencio que raya en la vergüenza. Se le acabó la gasolina a la estruendosa retórica sobre la democracia. La dictadura brilla sobre la complacencia de burgueses locales que bailan en la charca podrida de la crisis, de la corrupción, de la traición al país y de una total falta de imaginación política.

Pero eso no es todo. Hace falta insistir en un aspecto de enorme importancia en el que se ha manifestado la colaboración del actual gobierno de retórica estadista y la Junta de Control Fiscal. Ni el gobierno ni la Junta han manifestado interés alguno por definir cuáles son y en qué consisten los servicios esenciales. Esto debió ser hecho antes de que la nueva dictadura diera su primer paso. Sobre este vacío o sobre esta ausencia, la Junta ha preparado planes fiscales que más que atender una crisis fiscal parecen tener como objetivo desmantelar instituciones fundamentales para la vida del país. Ha propuesto recortes a las pensiones, reducciones a los planes médicos y a otros servicios de salud, proyectando una insensibilidad y una agresión que en no pocos casos tiene dimensiones homicidas. Si después del huracán María, a pesar de la resistencia vergonzosa del gobierno, salió a relucir el daño severo y las pérdidas de vida de nuestra población de mayor edad, con las medidas propuestas por la Junta, esa misma población se verá al borde del abismo. Es un escándalo observar la obstinación de la Junta por eliminar el bono de navidad, como antes hizo con la Ley 80, mientras hay un éxodo de policías que abandonan la isla y mientras hay una escasez de bomberos que pone en peligro la vida de las comunidades en casos de fuego. La seguridad de la población no parece ser una preocupación de esta Junta. La falta de ética de este bochornoso cuerpo, que no se esconde para proteger los intereses de los grandes bonistas, puede palparse con un ejemplo que pone los pelos de punta: mientras el gobierno hace malabarismos y traslada poco menos de $500,000 del Negociado de la Policía al Negociado de Bomberos para poder extender el contrato de 45 bomberos, Natalie Jaresko tiene un salario de $625,000 al año. Con ese salario de lujo, en un país con un gobierno quebrado, podría pagarse el salario anual de los 45 bomberos necesarios para la seguridad de nuestra sociedad.

Ahora bien, cada paso de la Junta ha tenido su precio. La frase bíblica flota sobre sus acciones: por sus frutos los conoceréis. La Junta de Control Fiscal ha logrado en poco más de dos años invertir los términos sociales de su apoyo. Si antes de llegar, ante la desconfianza de la sociedad con respecto al bipartidismo desprestigiado, tres cuartas partes de nuestra población apoyaba su gestión, actualmente tres cuartas partes repudia su funcionamiento. El desprestigio de la Junta y la falta de apoyo a la violencia institucional de sus decisiones, se abrió paso con una velocidad que supera el acelerado desprestigio del gobierno de Luis Fortuño, que obtuvo una victoria electoral única en la época del bipartidismo y la vio desaparecer en cuatro años. Y no debe olvidarse que el lado republicano dominante de la Junta de Control Fiscal lleva la huella del desprestigiado exgobernador. Basta pensar que en la Junta está sentado Carlos García, uno de los grandes responsables de la deuda y de la actual crisis fiscal.

No debe sorprendernos. El movimiento dirigido por los llamados estadistas carga con innumerables cicatrices provocadas por su propia política: la eliminación de la Sección 936 (1995-2005), la violenta Ley 7 del gobierno de Luis Fortuño, con el despido de más de 20,000 empleados públicos (algo nunca antes visto en Puerto Rico), una lista de privatizaciones que cada día aumenta, el desmantelamiento de leyes históricas de protección laboral, y la ola más poderosa de corrupción que se ha visto en nuestra vida política. ¿En eso consiste el programa de transición hacia la estadidad? ¿Se camina hacia el estado federado aumentando excesivamente los salarios de un grupito de figuras que parecen más vinculadas con la incompetencia que con la competencia, mientras el pueblo se empobrece? ¿El tránsito hacia la estadidad se fortalece privatizando la riqueza pública, desmantelando la AEE, agrediendo la UPR, sembrando desempleo y desolación en la sociedad?

Es evidente que en toda esta política no hay ningún programa estadista. Solo retórica vacía, simulacro, fantasmagoría, con el objetivo de manipular una población dependiente y desmoralizada. Una retórica tan vacía como las posibilidades del proyecto de Jenniffer González en el Congreso, tan vacía como todos los fuegos artificiales del Plan Tennessee del gobernador Rosselló. No se puede caminar hacia la solución del coloniaje debilitando al país. Tampoco se puede resolver la dependencia colonial con la hegemonía de políticos transformados en cabilderos, que se enriquecen entregando el país. Aunque estén amparados por la ley, violan la ética, la moral social y el amor al bienestar de la sociedad. El ideal de la estadidad se ha convertido en la posibilidad de meter una faja de billetes en el bolsillo. Tintinea como las monedas y a pesar de toda su retórica, hoy más que nunca, es una tendencia que fortalece el coloniaje. ¿Dónde está el proyecto de país de la Junta o el gobierno? La retórica estadista es una sombrilla para cabilderos y políticos corruptos y el mismo vacío puede encontrarse en toda la retórica de los planes fiscales de la Junta. El llamado camino de la estadidad ha desembocado en las formas más terribles del coloniaje.

(Tomado de Claridad)