Escobar Vargas firmó su primer contrato con la Junta de Control Fiscal el 1 de diciembre de 2016 a un costo de $7,500 al mes, más $150 por horas extras que sobrepasen las 64 horas al mes. El contrato tiene un tope de $45,000 y vigencia de diciembre a mayo de 2017. Los guardias de seguridad bajo este contrato cobran de entre $40 a $55 la hora según lo determine Escobar Vargas, a quien se le paga como contratista independiente por “asignación de proyectos” que siempre coinciden con las reuniones de la Junta.

¿Cuál es la relación entre Jason Martínez y Carlos García?, preguntó el CPI a la Junta.

“Se conocieron durante el proceso de conseguir un lugar federal para llevar a cabo las primeras reuniones de la Junta. El Sr. García confirma que no tienen relación aparte de eso”, respondió su portavoz, José Luis Cedeño.

Hasta ahora, la Junta y Escobar Vargas habían firmado cinco contratos por servicios de seguridad, con topes que varían de $45,000 a $300,000 y que en total suman $760,000. Los contratos incluyen la posibilidad de reembolsos por gastos como viajes, dieta, equipaje y hospedaje.

Escobar Vargas fue oficial de corrección y policía municipal. Luego se convirtió en agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional en Puerto Rico, del 2000 al 2012.

Para atender la seguridad del director ejecutivo de la Junta y su oficina en San Juan, ESC Group sirve de enlace a la División de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico, según los contratos. Entre sus tareas está trabajar con “la comunidad de inteligencia para recopilar información y desplegarla para mantener a salvo al director ejecutivo y su oficina en San Juan”. También debe coordinar con el Servicio de Protección Federal “cuando el director ejecutivo se encuentre en una instalación federal y brindarle seguridad personal y a las oficinas de la Junta de Supervisión en San Juan según sea necesario”.

A diferencia de otros contratos que ha otorgado, la Junta no hizo una solicitud de propuesta (RFP) para contratar a una compañía de seguridad. Su reglamento no les obliga a hacerlo.

Cuando el presidente Barack Obama firmó PROMESA el 30 de junio de 2016, un grupo de ciudadanos que se convocó por las redes sociales estableció un campamento en contra de la Junta frente al Tribunal Federal de Hato Rey. Y cuando fueron nombrados los miembros de la Junta dos meses después, organizaron una manifestación frente a un hotel de San Juan en donde se realizaba un seminario sobre la ley PROMESA; la calle Ashford en Condado quedó bloqueada, hubo piedras, macanazos, arrestos y cristales rotos.

Esa tarde se conocieron los nombres de los siete integrantes de la Junta de Control Fiscal.

La diáspora de Nueva York también se activó en contra de la Junta. Cuatro días antes de que se celebrara la primera reunión de la entidad en esa ciudad el 30 de septiembre de 2016, José Carrión recibió este email: “Para tu información… Un artículo dice que se está organizando una protesta para las 7:00 a.m alrededor del Hamilton Building”.

“Gracias Adam. Lo leí. Vamos a ver si coge vuelo”, contestó Carrión a Adam Chepenik, que era funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la administración Obama y jugó un rol central en la creación de PROMESA.

Ese 30 de septiembre, a las 7:00 a.m, había alrededor de 40 personas manifestándose frente al edificio en Nueva York donde se llevó a cabo la reunión en la cual se oficializó la toma de control de la Junta sobre las agencias y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico.

La protesta cogió vuelo.

Los manifestantes desplegaron pancartas contra PROMESA y gritaron “buitre” a los funcionarios que entraban al edificio. Dentro del auditorio, y en medio de la reunión, un hombre se levantó de entre el público y gritó: You are wanted mister Carrión, for crimes against Puerto Rico! [¡Usted es buscado señor Carrión, por crímenes contra Puerto Rico!].

Para su segundo encuentro público, la Junta anticipó que manifestantes se infiltraran en el salón.

“Los miembros de la Junta… llegarán entre 6:30 y las 7:00 am el viernes y agradeceríamos que pudieran ser escoltados a la sala de espera en el piso 20”, escribió Patrick Hurley, coordinador de seguridad de la sede de la Autoridad Metropolitana de Transportación (MTA) de Nueva York, donde se llevó a cabo la segunda reunión de la Junta el 14 de octubre de 2016.

Los detalles de seguridad para esta reunión se estaban coordinando al menos con cuatro días de anticipación. El personal de seguridad de MTA quería asegurarse de que el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, quien ese día presentó su Plan Fiscal y de Crecimiento Económico y fue entrevistado por los miembros de la Junta, no tuviese retrasos en su entrada al edificio.

La tercera reunión de la Junta, y su primera en Puerto Rico, se realizó lejos de la capital, al extremo este de la Isla, en el Hotel Conquistador en Fajardo, y no en Hato Rey como estaba previsto. Ese viernes 18 de noviembre de 2016, en la entrada del Hotel, había una manifestación de decenas de personas y casi el triple de policías estatales. Dentro del salón de la reunión había agentes no identificados en gabán que se pararon hasta en la puerta del baño. Y al final de la reunión, un contingente de la Fuerza de Choque, la unidad Antimotines de la Policía de Puerto Rico, que se mantuvo escondido en un salón cercano, se retiró tranquilamente. También había canes olfateando el lugar y tres puntos de cateo que había que pasar antes de entrar al salón de la reunión.

La protesta en Fajardo transcurrió de forma pacífica. Mientras en San Juan un grupo de manifestantes logró acceso a la oficina de la firma de seguros Carrión, Laffitte y Casellas de la que es socio José Carrión, para protestar contra PROMESA y la Junta. Hubo confrontación con la policía y una manifestante fue arrestada.

Dos días más tarde, Carrión le informó sobre la protesta a Austin Smythe, director de política del republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara que lo nominó a la Junta de Control Fiscal. “Estalla protesta en reunión de la Junta de Control en Puerto Rico”, dice el título del email de Carrión. Y le puso un comentario: “Nos estamos moviendo rápido y haciendo lo que tenemos que hacer”, en alusión a la notica sobre la protesta que incluyó en el email. Smythe contestó a la mañana siguiente: “Suena mal. Aguanta ahí. Y gracias por asumir esta tarea ingrata”.

Esa noche Carrión envió el mismo email a John Abegg, asesor del representante republicano Mitch McConnell, quien respondió: “Gracias por informarme sobre la situación. Estaremos observando el progreso de la Junta con interés. Les deseo lo mejor en sus próximas reuniones”. McConnell fue quien nominó a los otros tres integrantes republicanos de la Junta, Carlos García, Andrew Biggs y David Skeel.

En una carta pública al representante demócrata Luis Gutiérrez, Carrión le explica que después de que opositores a PROMESA entraron a su oficina, el entonces gobernador Alejandro García Padilla le recomendó que el Departamento de la Policía de Puerto Rico le proveyera seguridad.