La Legislatura de Puerto Rico, en dos sesiones maratónicas que terminaron en la madrugada, aprobó la pasada semana algo que denominaron “Ley de Reforma Contributiva”. El proyecto llevaba mucho tiempo dando tumbos por el Capitolio, tanto que el funcionario público que ideó la primera versión del mismo, el Secretario de Hacienda Raúl Maldonado, ocupa desde hace meses otro cargo.

El proyecto había sido diseñado por Maldonado para que su jefe, el gobernador Ricardo Rosselló, pudiera alardear en la próxima campaña electoral de haberle reducido las contribuciones a la mayoría de la gente, mientras cuadraba la caja con un cantazo a los profesionales y empleados por cuenta propia. Como estos últimos son menos y, además, tienen fama de evasores, el efecto político para su jefe sería positivo. La propuesta de Maldonado también reducía el IVU a las comidas preparadas si se pagaba con tarjeta de débito o crédito, algo que también alegraba a muchos y, según él, servía para combatir la evasión.

No sé si Maldonado había consensuado su proyecto con la Junta de Control Fiscal (JCF), pero es probable. Los funcionarios del gobierno de Rosselló apoyan en público las bocanadas de humo de su jefe contra los gavilanes de la Junta, pero siempre se alinean antes que el depredador ataque. Maldonado, en particular, se cuida mucho de no incomodar a los procónsules. Su proyecto tal vez podía sobrevivir el escrutinio de los representantes de Roma.

Pero en estos tiempos milenarios los puertorriqueños tenemos que soportar no uno ni dos, sino hasta tres o cuatro gobiernos y, aunque ninguno de ellos responde a la mayoría del pueblo, todos insisten en mandar, aunque a la postre sólo uno lo hace. Primero está el que opera con el mandato que nació de las botas militares, aquellas que llegaron por la banda sur hace más de un siglo. Ese gobierno alega tener una “cláusula territorial” que nos aplica y basándose en ella nos impuso la junta de gavilanes. Luego está el de Rosselló, que recibió el endoso de sólo 41% de los votantes hace dos años. Finalmente, está el gobierno de la Legislatura, por el que todavía menos gente votó, pero que ante la debilidad manifiesta del ejecutivo “rossellista”, pretende erigirse como mandatario de facto dividido en dos secciones, la de la Cámara y la del Senado. Todos esos gobiernos entraron en acción en el asunto de la “reforma contributiva” y al final, como era lógico esperar, el primero prevaleció. En el proceso se malgastaron largos meses y muchísimo dinero.

Al paso de los meses la Legislatura fue amasando el proyecto de Maldonado y, tras cientos de enmiendas, decir que al final se produjo un Frankestein sería equivocado porque ese monstruo al menos tenía cuerpo. El de la reforma tributaria ni eso. Lo que llegó a la Legislatura cuadraba apenas y ya era amorfo. Lo que salió daba miedo porque al engendro que produjo Hacienda terminaron añadiéndole la legalización de 45 mil máquinas tragamonedas, que convierten al país en un gigantesco casino de apuestas.

Tal parece que, en medio del caos y ante la debilidad manifiesta de todos los gobiernos “locales”, la mafia que regentea el juego ilegal encontró abierto un camino por donde colarse y de inmediato actuaron. Esa mafia está desde hace años tratando de que le legalicen su operación que ha crecido de año en año ante los ojos negligentes o culposos de los gobiernos. Alegando que quieren contribuir al fisco pagando una “licencia”, buscan el patrocinio oficial para expandirse casi sin límites convirtiendo las gasolineras y los cafetines en casinos legales. En todas las administraciones, gracias a sus aportaciones para las campañas políticas, han contado con patrocinadores en el Capitolio. Ahora, en medio de este nuevo caos, por fin lograron el éxito porque el proyecto que los legaliza se aprobó en ambas cámaras y, de inmediato, Rosselló anunció que lo firmaría.

Antes del anuncio de Rosselló, un miembro de su gabinete, el Secretario de Desarrollo Económico Manuel Laboy, había calificado como “nefasto” el proyecto aprobado porque, según el funcionario, atentaba contra la economía turística. Pero a Laboy lo mandaron a callar (el propio Maldonado dio la orden) y el proyecto salió para la Fortaleza donde ya estaba planeada la ceremonia para su firma.

Entonces fue que apareció con aires de salvadora Natalie Jaresko, la ex ministra de la lejana Ucrania y directora ejecutiva de la JCF. Luego de que en la Legislatura se amanecieron durante dos noches consecutivas para aprobar la medida; luego de que brotara y se silenciara el descontento entre los funcionarios del Ejecutivo; luego de cientos de horas en vistas públicas y de que se invirtieran muchos miles de dólares en consultores; luego de que la prensa se entretuviera por meses entrevistando a funcionarios y legisladores sobre los supuestos diferendos, la señora Jaresko, con acento ucraniano, liquidó el asunto en 30 segundos.

Ese lapso de tiempo fue lo le tomó a Jaresko decir que la “reforma” aprobada “es inconsistente con el plan fiscal” que certificó la JFC. No era necesario nada más. El plan fiscal fue aprobado por la junta de procónsules y, por tanto, está escrito en piedra. Y si la sacerdotisa oficial interpreta que existe alguna inconsistencia entre lo aprobado y ese plan, hasta ahí llega el asunto porque su anuncio nace de la ley de la tierra.

Todos los que conocemos un poquito, al menos, la realidad puertorriqueña sabíamos que ese sería el final. Pero los legisladores querían aparentar que todavía tienen poder para legislar y, además, justificar sus sueldos, mientras el Gobernador necesitaba soñar con ganar una futura elección. Jaresko los dejó entretenerse un rato y luego actuó.