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| COPRONU: Boletín ¡Puerto Rico al día! | español/inglés |
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| Escrito por Olga I. Sanabria Dávila | COPRONU | |||
| Viernes, 26 de Octubre de 2018 16:19 | |||
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Comité de Puerto Rico en las Naciones Unidas P.O. Box 194886 San Juan, Puerto Rico 00919-1953, Tel. 787-360-0457
Boletín ¡Puerto Rico al día! Octubre de 2018, San Juan – olgasdavila@gmail.com
CONTENIDO: El escenario político de Puerto Rico recoge varias características principales al momento actual.
LA JUNTA DE CONTROL FISCAL
Introducción En un claro y abierto ejercicio de poder colonial, el Congreso de Estados Unidos aprobó en junio de 2016 la Ley PROMESA mediante la cual se impuso a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal. Tal acción constituyó un ataque despótico y antidemocrático contra el derecho del pueblo puertorriqueño a gobernarse a sí mismo. Representa el recrudecimiento de la condición colonial del país. La conjunción de una deuda pública de $72 mil millones, junto a la recesión económica por la que atraviesa la Isla desde hace más de una década, y la falta de iniciativas para su desarrollo económico fueron los factores que precipitaron la intervención directa del Congreso y el Presidente de Estados Unidos en el manejo de los asuntos internos de Puerto Rico.
La Junta, compuesta por siete personas designadas por el presidente estadounidense, fue investida con poderes por encima de las tres ramas del gobierno de la isla. La función y agenda de la Junta procuran imponer un plan de austeridad dirigido principalmente a recortar la inversión social del gobierno, cerrar o vender instituciones públicas indispensables, vender otros bienes del Estado, y privatizar y encarecer servicios públicos esenciales. Todo ello con la meta única de pagar una deuda que no ha sido auditada. Informes de pre-auditoría señalan vicios de ilegalidad en la emisión de dicha deuda.
Mientras, en un evidente ejercicio de abuso de poder, la ley PROMESA obliga al pueblo puertorriqueño a pagar del erario del país, en plena crisis fiscal, todos los gastos en que incurra la Junta, los cuales han sido estimados en $1,530 millones por los próximos cinco años, incluyendo aproximadamente $1,100 millones en honorarios profesionales.
Últimamente, en las diversas instancias en que el Gobierno de Estados Unidos se ha visto precisado a expresarse sobre su relación con Puerto Rico, ya no intentan esconder su carácter claramente colonial, sino que lo han reiterado aprovechando diversas oportunidades. En el caso conocido como Sánchez Valle- un litigio judicial sobre doble exposición para un acusado en un caso criminal- que llegó al foro máximo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dicho tribunal determinó que, por ser una posesión territorial de Estados Unidos, la fuente última de poder sobre los asuntos de Puerto Rico reside en el Congreso de Estados Unidos, al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución de dicho país. Fue bajo ese mismo principio jurídico que se aprobó la Ley PROMESA y se nombró la Junta de Control Fiscal.
El control de la Junta Las políticas de la Junta se traducen en el desmantelamiento acelerado de los cimientos del país, como la educación pública con el cierre sobre 300 escuelas públicas y el debilitamiento acelerado de la Universidad de Puerto Rico, la privatización de haberes del país y el empobrecimiento de la población.
Ante este atropello que violenta los derechos humanos más fundamentales del pueblo de Puerto Rico, organizaciones políticas y de la sociedad civil se están uniendo para organizar la oposición y resistencia a la Junta y sus medidas devastadoras.
ALGUNOS ELEMENTOS DE LOS PLANES DE LA JUNTA DE CONTROL FISCAL (Datos tomados de informe de José Rivera Santana, planificador.)
Reducción en las pensiones de jubilados del gobierno en el año fiscal 2019-2020
La Junta proyecta una reducción de hasta 15% de las pensiones del 80% de los jubilados. La reducción entrará en vigor a partir del año fiscal 2019-2020. La Junta espera que el monto total de los recortes en este renglón ascienda a $185 millones para el año fiscal 2023 y que el monto acumulado ascienda a cerca de $732 millones.
Esta y otras acciones descritas aquí también impactan el entorno familiar. Lanzarán a cientos de miles de puertorriqueños(as) a la pobreza y harán que la economía de Puerto Rico, en recesión desde 2006, se desacelere aún más. Todo ello a partir de las decisiones de una Junta cuyos integrantes fueron impuestos al margen del pueblo de Puerto Rico.
Reducción a beneficios de salud
El Plan de Ajuste Fiscal recomienda reducir la cubierta de Mi Salud (el seguro médico del gobierno) eliminando algunos beneficios e imponiendo varios niveles de costos compartidos para los beneficios restantes o restringiendo el acceso.
Fija en un máximo de $100 al mes la aportación patronal al plan médico de los empleados públicos. Esta medida supone una reducción salarial significativa para miles de empleados públicos. Debe implementarse por completo a partir del presente año fiscal 2019 y calculan que de estas reducciones el gobierno obtendrá $45.9 millones anuales los cuales se utilizarán para pagarle a los bonistas.
Impacto en salarios e ingresos:
Reducción a la Universidad de Puerto Rico (la universidad del estado) y Municipios: Establece recortes a los fondos dirigidos a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico, provenientes del Fondo General. El Plan de Ajuste Fiscal de la Junta proyecta que a partir del año fiscal 2023 el presupuesto de estos renglones se reduzca a $1,622 millones. Esto incluye $619 millones de dólares en reducciones a los 78 municipios en que se divide Puerto Rico. Se estima que 44 de los mismos tendrían que cerrar. Incluye además $1,003 millones en reducciones a la universidad del estado lo que la diezmará inhabilitándola en su función de proveer los profesionales y las diversas investigaciones, ello necesario para el futuro que requiere todo país.
Reducción de agencias:
El Plan hace suya la propuesta del Gobernador de Puerto Rico, el anexionista Ricardo Rosselló, de consolidar las 114 agencias en 22 agrupaciones y una serie de agencias independientes. Se calcula que tales medidas deben resultar en $1,618 millones en ahorros antes del Año Fiscal 2023, los cuales se utilizarán para pagarle a los bonistas.
EL PLAN DE AJUSTE NO DETIENE LA EMIGRACIÓN O DECRECIMIENTO
La emigración
Durante los años 2016 y 2017, 144 mil puertorriqueños habían emigrado desde Puerto Rico a Estados Unidos según el Centro de Estudios Puertorriqueños adscrito al Hunter College del sistema universitario de la ciudad de Nueva York. En total durante la década anterior al huracán aproximadamente 400 mil puertorriqueños habían emigrado. La emigración masiva luego del huracán suma 160 mil puertorriqueños(as). (Estos datos en particular fueron tomados de El Nuevo Día, (periódico diario de mayor circulación en Puerto Rico), 29 de septiembre de 2018, p. 6.)
Ello significa que los emigrados en la pasada década supera la emigración puertorriqueña a Estados Unidos de la década de los años 50. La población actual de puertorriqueños(as) en Estados Unidos es de cinco millones.
El decrecimiento poblacional
En su Plan de Ajuste Fiscal la Junta utiliza unas proyecciones de cambio poblacional preparadas por sus propios demógrafos. Sus cálculos estiman que la población de Puerto Rico se reducirá a cerca de 2,951,000 habitantes para el año fiscal 2023. En el pasado la población de Puerto Rico ha ascendido a 3.7 millones.
Es de notar que la emigración y el decrecimiento poblacional a su vez reduce la base tributaria del erario, reduce la actividad económica como ventas lo que reduce los ingresos al gobierno por concepto de impuestos sobre ventas e impacta la economía negativamente globalmente.
INSUFICIENCIA PARA REPONER DAÑOS PROVOCADOS POR LOS HURACANES:
La craza lentitud en el desembolso por el gobierno de Estados Unidos de fondos designados para la reconstrucción luego de los huracanes de 2018 es un tema recurrente en la prensa de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal estima los daños provocados por los huracanes en $80 mil millones, mientras hay estimados que ponen los daños provocados por los huracanes en más de $90 mil millones.
No obstante, el estimado de la Junta de $80 mil millones en daños provocados por los huracanes Irma y María, los $62 mil millones de fondos provenientes del Congreso de EEUU y los desembolsos de las aseguradoras privadas resultan en $18 mil millones por debajo de la suma necesaria para reponer los daños a la infraestructura, vivienda, instalaciones públicas, entre otros. Además, es importante destacar que a más de un año de los huracanes solo $4 mil millones han sido desembolsados. Por otro lado, sólo el 12.5% de los $62 mil millones tendrán un impacto directo en la economía de Puerto Rico debido a la contratación privilegiada de empresas estadounidense.
En cuanto a los $1,500 millones designados para el área de la vivienda tienen la limitación que deben ser desembolsados en dos años. Aunque los desembolsos conllevarán un estímulo inicial en la economía, y posible repunte, la propia Junta concluye que en tres años la economía se desplomará nuevamente. Todavía hay aproximadamente 60 mil casas con techos de toldos.
¿ESTADIDAD PARA PUERTO RICO? ¡NO! ROTUNDO DE TRUMP
En su estilo usual ofensivo y de confrontación Donald Trump expresó en una entrevista con el periodista Gerardo Rivera divulgada el pasado 24 de septiembre que en Puerto Rico no se debe hablar de estadidad hasta tener gente que realmente sepa lo que está haciendo. Introdujo su ¡No! absoluto aludiendo a “lo mala e incompetente que es la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz,” quien no ha tenido reparos en criticar en numerosas ocasiones en la prensa nacional de Estados Unidos la respuesta lenta e ineficiente del gobierno de Estados Unidos ante el huracán que azotó Puerto Rico el pasado 19-20 de septiembre y que causó casi tres mil muertes según un estudio comisionado por el gobierno de Puerto Rico.
El presidente de Estados Unidos antes fue ambivalente sobre la aspiración del gobierno actual de Puerto Rico de convertir la isla caribeña en el estado 51 de ese país. “Me puedo meter en problemas con esa pregunta.”
Mientras, el más reciente proyecto para la admisión de Puerto Rico como estado de dicha nación, presentado con gran fanfarria durante el pasado verano por la Comisionada Residente de Puerto Rico, Jenniffer González se ha estancado y permanece sin visos de moverse en el Congreso de Estados Unidos. Aunque a la presentación acudió Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y otros miembros del cuerpo con jurisdicción sobre los territorios ultramarinos de Estados Unidos, la medida no ha avanzado. La misma está muy lejos de tener el apoyo necesario, y tiene importantes detractores, como Lisa Murkowsky la presidenta del Comité de Recursos Naturales del Senado, y senadora republicana por Alaska, y el influyente senador hispano Ted Cruz de Florida, lo que cada día hace más difícil que el pleno de la Cámara de Representantes la considere y mucho menos que vote mayoritariamente sobre la misma.
El argumento que han ofrecido es muy sencillo. Para iniciar cualquier “conversación” en el Congreso de Estados Unidos sobre la anexión de Puerto Rico, tiene que haberse superado la actual condición de crisis en todos los órdenes que afecta la Isla.
Anteriormente, otro proyecto presentado por la comisionada González el 4 de enero de 2017, apenas dos días después de haber juramentado a su cargo, tampoco adelantó. Impulsar la estadidad para Puerto Rico mediante la presentación de un proyecto de ley en el Congreso fue una promesa que hicieron Ricardo Rosselló y González durante la campaña electoral que culminó con la elección de ambos a la gobernación y la comisaría residente, respectivamente, en las elecciones de Puerto Rico de 2016, y que ganó el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP). En cuatrienios anteriores, otros comisionados residentes del PNP, Luis Fortuño (2004-2008) y Pedro Pierluisi (2008-2016), habían presentado iniciativas similares en el Congreso, pero tampoco obtuvieron el respaldo para ser consideradas.
Más contundente que estos puntos contra la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, es la realidad de la bancarrota del país y que en la estadidad tendría que recaudar para el tesoro de Estados Unidos al menos $5 mil millones de dólares en contribuciones impuestos a individuos y corporaciones lo que serían recaudos por encima de los 9 mil millones de dólares que suma aproximadamente el presupuesto anual del gobierno local.
El idioma español propio de los puertorriqueños(as), su cultura latinoamericana y caribeña y su lucha histórica por la independencia del país por la cual numerosos puertorriqueños y puertorriqueñas han cumplido décadas de cárcel, son factores desfavorecedores de la estadidad independientemente de declaraciones coyunturales de voces de las estructuras de poder que se declaren contra la estadidad en un momento particular.
No obstante, bajo el presente gobierno de Ricardo Rosselló, González y el PNP, dicho objetivo se ha convertido en una obsesión que obedece principalmente a la ceguera política de sus proponentes y a su estrategia para seguir ganando elecciones.
Otras iniciativas fallidas del gobierno pro-estadidad de Puerto Rico
Dándole la espalda a las señales de la metrópolis, el gobierno de Rosselló y el PNP sigue insistiendo en empujar la estadidad mediante diferentes estrategias. Cumpliendo con otra promesa de la campaña electoral, en junio de 2017 efectuaron un referéndum electoral, sin el aval del Congreso, sobre preferencias de status en Puerto Rico. Un boicot masivo de los opositores a la consulta resultó en un rotundo fracaso para la misma. Los resultados fueron los más bajos obtenidos por la estadidad en la historia de dichas consultas. Solo el 23% de los electores hábiles votó por dicha opción que obtuvo un saldo de menos de medio millón de votos, representando un golpe contundente para la estadidad y el PNP.
Esta es otra estrategia fallida. Luego establecieron una llamada Comisión de la Igualdad compuesta por ex-gobernadores y otros anexionistas de Puerto Rico, este grupo se creó con el propósito de realizar gestiones de cabildeo y presión en el Congreso a favor de la estadidad para Puerto Rico. Los propios integrantes de la comisión están frustrados con el proceso, ya que han tenido que enfrentarse a una pared de indiferencia al tema de la estadidad para Puerto Rico, por parte de los miembros del Congreso y de la prensa en Estados Unidos.
ANEXIONISTAS SE QUERELLAN CONTRA EU EN LA CIDH
El indicador más reciente de las intenciones del Gobierno de Estados Unidos hacia Puerto Rico se dio como respuesta a una querella presentada hace 12 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). En dicha querella, dos veteranos partidarios de la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, el abogado Gregorio Igartúa y el ex gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, sostienen que excluir a los residentes de Puerto Rico del derecho al voto por el presidente de Estados Unidos y a elegir congresistas y senadores, constituye una violación de los derechos civiles y humanos de dicha población al ser estos ciudadanos de Estados Unidos.
El reclamo de los anexionistas del voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es una extensión de su política en el sentido que los puertorriqueños(as) son meros ciudadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico a quienes no reconocen sus derechos como integrantes de una nación con su propia cultura y procesos históricos.
Al solicitar que el organismo regional desestime la querella, el Departamento de Estado de Estados Unidos, por voz de su representante adjunto ante la OEA, Kevin Sullivan, defendió su posición de que Puerto Rico tiene un gobierno “local” propio, que los residentes de la Isla participan del proceso de primarias presidenciales, y enfatizó que nada le impide a los ciudadanos de Puerto Rico que quieran votar a corto plazo por el presidente y congresistas mudarse a cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos (¡!).
Sullivan reiteró lo que ha sido la postura de Estados Unidos ante la comunidad internacional desde 1952 con que dicho gobierno engañó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1953 (resolución 748(VIII) para zafarse de la responsabilidad de rendir cuentas, como potencia colonizadora, sobre sus acciones en Puerto Rico.
No mencionó la Ley PROMESA ni la Junta de Control Fiscal, impuestas unilateralmente sobre Puerto Rico por el Congreso de Estados Unidos, ni hacer referencia a la decisión del Tribunal Supremo de su propio país de que “la fuente de poder sobre Puerto Rico reside en el Congreso de Estados Unidos.” No se comprometió con cualquier cambio de estatus en la Isla. Así de fácilmente el gobierno de Estados Unidos despacha su régimen colonial de 120 años en Puerto Rico, recién recrudecido con la imposición de una Junta de Control Fiscal.
Audiencia ante la CIDH
Durante la audiencia, llevada a cabo el pasado viernes, 5 de octubre de 2018, el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado anexionista Gregorio Igartúa sustentaron sus querellas por violaciones de derechos humanos en contra de Estados Unidos. El hecho que estos y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, acudieran a la CIDH resalta la necesidad de los anexionistas de acudir ante organismos internacionales dada la negativa de la rama judicial, ejecutiva y legislativa de EE.UU de comprometerse con la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, incluyendo en expresiones recientes. Antes anexionistas, como Pedro Rosselló y Pedro Pierluisi, han acudido también al Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
Por otra parte, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH) por medio de su directora Anette Martínez, quien a su vez preside la clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, trabajó para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en Washington D.C., y litigó ante la CIDH, sostuvo varias reuniones con May Macaulay en las cuales exhortó al CIDH a distinguir la situación de Puerto Rico del caso de Washington DC y afirmó que la CIDH no es experta en temas de autodeterminación por lo que pidió al CIDH que consulte expertos en el tema del coloniaje y la transición de territorios hacia el autogobierno al decidir las querellas presentadas por los anexionistas en contra de EE.UU.
A tono con este planteamiento, la CIDH ha instado a que entidades que pueden ser “amigos de la corte” remitan más escritos relacionados al caso. Es de notar que el “Junte de Mujeres 2018” remitió un escrito que afirma que “el estatus de Puerto Rico es un asunto político inconcluso de autodeterminación de un pueblo latinoamericano y caribeño cuyas ramificaciones de derecho civil y humano no pueden despacharse sin resolver su cuestión de fondo.” El Junte de Mujeres está integrado por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz del PPD; la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago; la ex candidata independiente a gobernadora Alexandra Lúgaro; la presidenta del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Mariana Nogales; la presidenta del Movimiento Unión Soberanista, María de Lourdes Guzmán; y la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Wilma Reverón Collazo.
OPOSICIÓN A PUERTO RICO COMO SEDE DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA
Varias organizaciones independentistas de Puerto Rico, incluyendo el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, han denunciado el pretexto del gobernador de Puerto Rico de convertir Puerto Rico en sede de la oposición venezolana.
El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares y el exalcalde de Caracas, y actual prófugo de la justicia venezolana, Antonio Ledezma, firmaron el pasado martes, 2 de octubre de 2018 en San Juan, un acuerdo que permitirá que la oposición venezolana lleve a cabo una cumbre en la isla en la que se discutirá la transición gubernamental que se llevaría a cabo de terminar el mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. También se discutirá el apoyo a la oposición venezolana como “centro logístico de ayuda humanitaria”.
En un comunicado dirigido al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 4 de octubre de 2018 el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, expresó “su más profunda protesta ante la reunión sostenida por el gobernador Ricardo Rosselló con miembros de la oposición violenta y antidemocrática venezolana. Increpó al gobernador por no utilizar la misma vehemencia “para garantizar un tratamiento digno por parte del gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico y a la reconstrucción de la isla.” A su vez cuestionó el concepto de democracia del gobernador.
A continuación, el editorial publicado por el semanario pro-independencia CLARIDAD en ocasión de cumplirse el primer año tras el paso del huracán María por la Isla. Se publicó en la edición del 20 al 26 de septiembre de 2018.
El poderoso huracán María azotó Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, destrozando a su paso no solo los árboles y el abundante follaje sino también puentes, carreteras y la infraestructura física del País. Las pérdidas materiales y humanas fueron tantas que es imposible contarlas. Sus secuelas han dejado profundas huellas en el paisaje y en las vidas de los habitantes de Puerto Rico. También dejó demostrada la falta de planificación y anticipación, así como la respuesta pobre y fragmentada de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos.
Un año después del huracán María
Al cumplirse un año del paso devastador del huracán María por Puerto Rico, la tan ansiada recuperación todavía no nos alcanza. Las heridas físicas y emocionales del fenómeno no han sanado, y el debate político- o más bien politiquero- en Puerto Rico y Estados Unidos solo sirve para echarles sal.
Más allá de lo básico, no es posible estar preparados para un huracán de vientos de fuerza descomunal y lluvia incesante como María. Fueron dieciséis horas de azote continuo que causaron una devastación nunca antes vivida. Sin embargo, después que se aplacaron los vientos y dejó de llover, lo que provocó el verdadero desastre fue la falta de un plan de respuesta o, mejor dicho, la no-respuesta, la parálisis, el caos, y la improvisación que demostraron los oficiales de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos tras el paso de María. Nunca había estado nuestro pueblo en una mayor soledad e indefensión que durante las primeras 48 horas posteriores al huracán.
Antes del fenómeno, ya las condiciones materiales del país y la situación general del gobierno apuntaban hacia una catástrofe. El lastre de la depresión económica y la crisis fiscal nos había dejado con un gobierno insolvente y una infraestructura postrada. Nuestro país estaba también bajo unas nuevas reglas de juego: la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal (JCF) nombrada por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos como remedio para lidiar con la crisis colonial. Estábamos bajo la égida de la nueva ocupación, con un gobierno en precario y sus decisiones cuestionadas no sólo por la JCF sino también por el Congreso de Estados Unidos, y los medios de prensa aquí y allá. Tras el paso de María, el país entero se vino abajo al colapsar la infraestructura eléctrica de la que se depende para prácticamente todo. Con el descalabro eléctrico se vinieron abajo también el agua potable y las comunicaciones, y con ellos el acceso a los servicios más básicos como hospitales, supermercados, estaciones de gasolina y bancos. Los vientos derrumbaron puentes y carreteras, y dejaron comunidades incomunicadas, pero sin energía eléctrica, el caos se apoderó del entorno, con el Gobernador y sus oficiales atrincherados en el mal llamado Centro de Operaciones de Emergencia (COE), desde donde supuestamente se dirigía la operación de respuesta. FEMA y demás dependencias del gobierno federal hicieron lo propio desde sus instalaciones de la Calle Chardón, en un esfuerzo al que le faltó coordinación, organización y que no fue eficiente ni efectivo para paliar las necesidades y reclamos apremiantes de una población al borde de la desesperación.
Ante los cuestionamientos sobre su falta de experiencia y la de su gabinete, el gobernador Ricardo Rosselló tuvo el reto de lucir como un líder maduro, eficiente, efectivo y en control de la situación, y hacia ese fin trabajaron a todo vapor sus asesores de imagen. Pero como la experiencia y la sabiduría no se improvisan de un día para otro, el Gobernador, en vez de dirigir, resolvió que lo mejor era federalizar la respuesta. Resultó peor. En lugar de solicitar el respaldo de la Asociación de Compañías de Energía Públicas de Estados Unidos para re energizar a Puerto Rico, su gobierno optó por contratar a Whitefish por $300 millones, una empresa energética desconocida de Montana, con solo dos empleados en nómina. Este contrato tuvo que ser cancelado bajo alegaciones de corrupción, lo cual complicó sus problemas de imagen, además de que retrasó por más de un mes el esfuerzo de recuperación eléctrica. Como la AEE estaba en quiebra y sin recursos ni materiales, el Gobernador resolvió entregarle la tarea de la reconstrucción al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, una de las entidades más lentas y burocráticas del mundo.
Abroquelados en el cómodo y refrigerado COE, los funcionarios y oficiales del Gobierno lucían desorientados, sin saber lo que debían hacer. Muchos se mantuvieron atentos a las necesidades de sus familias, pero enajenados de las necesidades de la población. Ocurrió lo que se temía: centros de diálisis que tuvieron que dejar de operar; máquinas y ventiladores que mantenían enfermos con vida que dejaron de funcionar por la falta de energía, que se perdió una gran cantidad de insulina para diabéticos, porque no se podía refrigerar. Poco a poco, la falta de electricidad provocó que se deteriorara la salud de los menos fuertes y así fue aumentando el número de muertos por la negligencia. En su afán por lucir en control, el Gobernador y el Comisionado de Seguridad Pública se habían empecinado en la cifra final de 64 muertos. Tras la incontestable realidad de los muchos fallecimientos y la presión de los medios de prensa y del público, se realizaron los estudios que cifraron en cerca de 3,000 las muertes durante los primeros meses tras el paso de María. Estas fueron principalmente de ancianos y ancianas que quedaron a merced de la falta de energía, la escasez de medicamentos y de un inoperante sistema de salud dirigido por un Secretario de Salud torpe e insensible.
La negligencia se pagó con creces también en otras áreas. La prolongada falta de energía eléctrica provocó el cierre de muchos pequeños negocios, elevó las cifras de desempleo y empujó a cientos de miles de afectados a abandonar el País hacia Estados Unidos, donde todavía un año después batallan para conseguir vivienda y demás servicios básicos.
El comportamiento del Gobierno de Estados Unidos fue el mismo que ha exhibido durante los pasados 120 años de relación colonial. La misma condescendencia cínica para atender la emergencia, la misma lentitud para gestionar una respuesta, la total incomprensión de la situación particular de Puerto Rico y su población: de las precarias condiciones de vivienda, del aislamiento de tantos barrios y comunidades, de los alarmantes niveles de pobreza, de la dependencia mortal que ellos mismos han promovido e incentivado. Realmente, nunca esperamos nada mejor de ellos, porque nunca hemos tenido razones para esperar más.
Tampoco nos sorprendió la actitud servil del gobierno de Rosselló ante la visita del presidente, Donald Trump, ni la humillación de éste a nuestro pueblo al lanzar rollos de papel toalla a un grupo ávido de “achichincles” y simpatizantes que le reían las gracias y aguardaban para estrecharle la mano o retratarse con él. Incluso el Gobernador y su esposa posaron sonrientes en un “selfie” con Trump. En récord para la historia quedará grabada también la respuesta de Rosselló a la pregunta de Trump sobre la cifra de muertos por María, cuando el Gobernador le reiteró al presidente que solo habían muerto 16 personas por el desastre. En ese momento, Rosselló seguramente pensó que lo más importante para él era quedar bien ante el “americano” y que no lo lograría con un número alto de muertos.
El fuego cruzado por la respuesta y las muertes a consecuencia de María ha continuado durante todo el año. Las expresiones recientes de Trump cuestionando el saldo final de nuestros muertos, son solo una muestra más del desprecio e insensibilidad de su gobierno y su país hacia nosotros. Un año después del huracán María, la tan ansiada recuperación aún no llega a todo Puerto Rico, pero el Imperio sí nos recuerda constantemente de quién dependemos para alcanzarla. Dejar de depender del Gobierno de Estados Unidos y aprender a levantarnos de cualquier desastre por nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, inteligencia y creatividad, es el gran reto de Puerto Rico hacia el futuro.
Committee for Puerto Rico at the United Nations
P.O. Box 194886 San Juan, Puerto Rico 00919-1953, Tel. 787-360-0457
Puerto Rico update!
October 2018, olgasdavila@gmail.com Contents: THE FISCAL CONTROL BOARD OPERATING IN PUERTO RICO Introduction In a clear and open exercise of colonial power, in June 2016 the U.S. Congress adopted the PROMESA Law which imposed a Fiscal Control Board on the government of Puerto Rico. This despotic and undemocratic act attempts against the right of the people of Puerto Rico to self-government. It represents the deepening of the country’s colonial status. Puerto Rico’s public debt of $72 billion, its economic recession since 2006 and the absence of new economic development initiatives precipitated direct intervention from the U.S. Congress and its president in Puerto Rico’s fiscal matters.
The Board, integrated by six persons appointed by the U.S. president in 2016, was invested with powers over Puerto Rico’s three branches of government. Its role and agenda are to impose a fiscal austerity plan of drastic budget cuts to social spending and crucial public institutions, the sale or elimination state companies and entities, and privatization of essential public services whose cost would increase. The sole purpose of the plan is payment of the unaudited public debt. Pre-audit reports point to deficiencies and illegality in debt emission.
Despite the present fiscal crisis, in another clear act of abuse of power, the PROMESA Law forces the people of Puerto Rico to pay from its treasury all costs involved in the operations of the Board which have been estimated at 1 billion 530 million dollars during the next five years, including approximately 1 billion 100 million dollars-worth of outside professional services.
Recently, in the instances where the U.S. government has been called upon to speak on Puerto Rico, they no longer hide the clearly colonial relationship but rather reiterate the colonial relationship. In the notorious Sánchez-Valle U.S. Supreme Court case on double jeopardy regarding an accused in a criminal case, the top U.S. Court ruled that because Puerto Rico is a U.S. territorial possession under the Territorial Clause of the U.S. Constitution, the source of all power regarding Puerto Rican affairs resides in the U.S. Congress. It was under this same juridical principal that the U.S. Congress adopted the PROMESA Law and appointed the Fiscal Control Board for the fiscal oversight of Puerto Rico.
The policies of the Board translate into the accelerated dismantling of the foundations of Puerto Rico such as public education (close to 300 public schools have been closed) and the equally accelerated dismemberment of the University of Puerto Rico, the privatization of state companies and the impoverishment of the population.
Given this assault which violates the basic human rights of the people of Puerto Rico, political and civil society organizations are uniting to continue opposition and resistance to the Board and its devastating measures.
Some aspects of the fiscal control board’s budget (Data obtained from a report by Puerto Rican urban planner José Rivera Santana.) The Board Cutbacks in government pensions as of fiscal year 2019-2020 projects the reduction of up to 15% of the pensions of 80% of retired government employees beginning fiscal year 2019-2020. Through fiscal year 2023, the board expects these cutbacks to total 185 million US dollars and the accumulated savings to total close to 732 million US dollars.
This action and others described here also impact in the family unit thrusting hundreds of thousands of Puerto Ricans into poverty and forcing the Puerto Rican economy, which has been in a recession since 2006, into a further slowdown. All of this being the result of actions by a Board whose members were imposed with disregard to the people of Puerto Rico.
Cutbacks to government health benefits
The Fiscal Adjustment Plan recommends that Mi Salud (the government health plan) be reduced by eliminating some benefits and imposing several levels of shared costs or restrictions for remaining benefits.
The plan sets a maximum of 100 US dollars as the contribution by the government to public employee health plans. This measure will significantly reduce the salaries of thousands of government employees. It will be fully implemented by the fiscal year beginning 2019. It is calculated these cutbacks will total 45.9 million US dollars in savings for the government which would be used to pay bond holders.
The impact on salaries and income
Budget cutbacks at the University of Puerto Rico and the municipalities The Fiscal Control Board Adjustment Plan reduces funds formerly available to the municipal governments and the state-run University of Puerto Rico. It projects that as of fiscal year 2023 the budget in these areas will suffer a cutback of 1 billion 622 million US dollars. This includes a 619 million US dollars cutback to the 78 municipalities into which Puerto Rico is divided. This could cause 44 municipal governments to close down. It also includes a 1 billon 3 million US dollars cutback to the University which will render it incapable of providing the professionals and researchers necessary for the future of every country.
Agencies will close down The plan adopts a proposal by the annexationist governor of Puerto Rico, Ricardo Rosselló, to consolidate 114 agencies into 22 entities and a series of independent agencies. It is estimated that these measures will result in 1 billion 618 million US dollars in savings before fiscal year 2013 – savings that will also be used to pay bond holders.
PLAN DOESN´T CURTAIL MIGRATION OR POPULATION GROWTH SLOWDOWN Migration
During the years 2016 and 2017, 144,000 Puerto Ricans migrated from Puerto Rico to the United States according to the Center for Puerto Rican Studies, Hunter College of the City University New York. During the decade prior to the hurricane, approximately 400,000 Puerto Ricans had emigrated. The massive emigration after the hurricane was 160,000. (This particular data was taken from El Nuevo Día, (daily newspaper with the largest circulation in Puerto Rico), September 29, 2018, page 6.)
This means that the emigrants in the past decade surpassed the Puerto Rican emigration to the United States in the 1950s. The current population of Puerto Ricans in the United States is more than five million.
Stymied population growth
In its Fiscal Adjustment Plan, the Board uses population change projections prepared by its own demographers whose calculations estimate that the population of Puerto Rico will be reduced to about 2,951,000 by fiscal year 2023. In the past, the population of Puerto Rico has risen to 3.7 million.
It is noteworthy that emigration and population decrease reduce tax base government revenues, they reduce economic activity such as sales, which in turn reduces revenues to the government by way of sales taxes and negatively impacts the economy generally.
INSUFFICIENCY TO REPAIR DAMAGE CAUSED BY HURRICANES:
The slow pace in the disbursement by the United States government of funds designated for the reconstruction after the hurricanes of 2018 is a recurrent theme in the Puerto Rican press. The Fiscal Control Board estimates the damages caused by the hurricanes at $80 billion, while there are estimates that put the damages caused by the hurricanes at more than $90 billion.
The $62 billion of funds from the US Congress and disbursements from private insurers result in $18 billion below the sum necessary to replace the damage to infrastructure, housing, public facilities, among others. In addition, it is important to note that more than a year after the hurricanes only $4 billion dollars have been disbursed. On the other hand, only 12.5% of the $62 billion will have a direct impact on the economy of Puerto Rico due to the priority given U.S. companies.
As for the $1,500 million designated for housing have the limitation that must be disbursed in two years. Although the disbursements will lead to an initial stimulus in the economy, and a possible rebound, the Board itself concludes that in three years the economy will plummet once again. There are still approximately 60 thousand houses with unrepaired roofs covered with tarps.
U.S. STATEHOOD FOR PUERTO RICO? TRUMP SAYS “NO!”
In his usual offensive and confrontational style Donald Trump expressed in a 24 September interview with Gerardo Rivera that there should be no talk of statehood in Puerto Rico until people there “really know what they are doing.” His introduction to this statement was a reference to the “bad and incompetent” Carmen Yulín, Mayor of San Juan who has not hesitated to frequently criticize on national U.S. television the slow and inefficient response of the U.S. government to devastation in Puerto Rico by hurricane María last year.
The U.S. president had previously been ambivalent regarding the present Puerto Rico government’s wish for the Caribbean island to become the 51st state of that country. “I could get into problems with that question,” he stated.
The legislative initiative to promote the admission of Puerto Rico as a state of the United States, presented before the U.S. Congress by Puerto Rico´s Resident Commissioner, Jenniffer González, on June 28, 2018, is literally at a standstill in said forum. Even though it was launched amidst great fanfare, and with the attendance of Rob Bishop, Chairman of the Committee of Natural Resources of the House of Representatives, which has complete jurisdiction over the U.S. territories overseas, the legislation has failed to garner significant support and enthusiasm, Every day that passes it is less likely that it will get enough votes to be granted a full hearing by the House of Representatives.
Meanwhile, at the Senate the door to statehood for Puerto Rico also seems closed. So implied Lisa Murkowski, the Republican senator for Alaska that chairs the Senate´s Natural Resources Committee (which shares with its counterpart in the House jurisdiction over U.S. territories). She answered with a curt NO to a journalist that asked her if the Puerto Rico statehood legislation would be discussed in her committee.
On January 4, 2017, two days after having sworn as Puerto Rico Resident Commissioner, González had presented similar draft legislation in the U.S. House of Representatives which failed to move forward due to lack of support. Achieving statehood for Puerto Rico by pressing legislation through the U.S. Congress was a campaign promise by candidates Ricardo Rosselló and González when they were running for Governor and Resident Commissioner under the banner of the annexationist New Progressive Party (NPP), which won the 2016 Puerto Rico elections.
Likewise, other initiatives with the same purpose had undertaken by prior PNP resident commissioners Luis Fortuño (2004-2008) and Pedro Pierluisi (2008-2016) also lacked the support to move forward in the U.S. Congress.
The logic of U.S. arguments for not discussing statehood for Puerto Rico is very simple and mirrors what most U.S. lawmakers and other stakeholders think about the issue. Both Senator Marco Rubio and Congressman Bishop have said publicly that, under the present fiscal and economic crisis in Puerto Rico, such discussion does not have a chance of advancing in Congress. They add that in order for Congress to even consider initiating a discussion on statehood for Puerto Rico, the Island needs to resolve its fiscal woes and have a robust economic development.
The Spanish language which is the language of Puerto Ricans, their Latin American and Caribbean culture and identity and the historic struggle for independence for which many Puerto Ricans have been political prisoners, are factors unfavorable to statehood regardless of recent statements by voices of the U.S. power structure at different times.
But for present government of Ricardo Rosselló, Jennifer González and the government party, said objective has turned into an obsession, mainly for two reasons: the ideological zeal of its proponents and as an electoral strategy to help win elections.
Other failed statehood initiatives Ignoring the signals coming from the highest seats of the colonial power, the annexationist government of Puerto Rico has blindly insisted on its push for statehood. Keeping another campaign promise and disregarding the fact that Puerto Rico is under the rule of an imposed Fiscal Control Board, they embarked on the very risky proposition of probing voters on their preferred political status options through a plebiscite that took place in June, 2017. A boycott campaign called by all anti statehood parties and groups in Puerto Rico rallied the voters to not participate in the plebiscite, resulting in massive voter abstention. Only 23% of the registered voters participated with a total vote of less than 500,000 ballots cast, an overwhelming defeat considering that more than 2 million people are registered to vote in Puerto Rico. Statehood obtained its lowest results in the history of status options plebiscites on the Island.
Another failed initiative The so called “Equality Commission” is another failed pro-statehood strategy launched by Governor Rosselló and his pro annexation New Progressive Party. The Commission, which includes two ex -Governors and several high-profile statehood advocates from Puerto Rico, had the purpose to raise awareness and rally support for the admission of Puerto Rico as a U.S. state, among lawmakers, interest groups, the media and the U.S. population through lobbying and “educational” efforts. After announcing its creation with a blast in Washington, the Commission has had very minor results. In its first public report, the entity members openly expressed their frustration as they face the evident lack of interest about the issue of statehood for Puerto Rico, especially among members of Congress and the national U.S. media, their two most important audiences.
ANNEXATIONISTS GO BEFORE THE INTERAMERICAN HUMAN RIGHTS COM. The most recent indicator of the true intentions of the U.S Government in Puerto Rico came as a rebuttal to a 12-year complaint presented by two high-profile statehood petitioners before the Inter American Human Rights Commission of the Organization of American States (OAS). In said complaint, the petitioners, ex-Puerto Rico Governor Pedro Rosselló, and attorney Gregorio Igartúa, allege that by not allowing the residents of Puerto Rico to vote for the U.S. president, the Congress and other elected officials, the United States Government is violating their human and civil rights.
Hearing at the Interamerican Human Rights Commission In his rebuttal during a hearing on 5 October 2018, a Representative of the U.S. State Department at the OAS, Kevin Sullivan, argued that there are no such violations since Puerto Rico has local self-government, its voters participate in presidential primaries and elect a non-voting representative (Resident Commissioner) to Congress, and that there is no impediment for Puerto Rico residents who want to vote for the President and Congress, in the short term, to relocate to any of the 50 states of the union.
The annexationists’ demand that Puerto Ricans in Puerto Rico should be permitted to vote for the president of the United States is an extension of their position that Puerto Ricans are mere U.S. citizens that reside in Puerto Rico whose rights as part of a nation with its own culture and historical processes are not recognized.
Sullivan reiterated what has been the U.S. position on Puerto Rico before the international community since 1952. He repeated the same lie by which his government deceived the United Nations to avoid its responsibility for reporting on its actions as a colonial power in Puerto Rico, as all colonial powers have to do. He also affirmed that Puerto Rico´s present political status is not inconsistent with the American Declaration on Human Rights and that the Island has self-government and participation in the U.S. Congress.
The presence of annexationists at the Interamerican Human Rights Commission – they have also appeared before the UN Decolonization Committee – reflects their conclusion regarding the indifference to statehood for Puerto Rico of the three branches of the U.S government.
On the other hand, the Caribbean Human Rights Institute director Annette Martinez who also heads the human rights clinic at the Interamerican University of Puerto Rico Law Faculty, held several meetings with Judge May Macaulay who is presiding the case. Ms. Martinez asked the Commission to distinguish between the case of Puerto Rico and that Washington, D.C. She affirmed that the Commission is not an expert on self determination topics and asked that the Commission consult with experts on the issues of colonialism and the transition of territories to self government when deciding the annexationists complaints against the United States.
The Commission then requested that entities could appear as amicus curiae submit writings related to the case. The Puerto Rico “Women’s 2018 Group” submitted such a document in which it affirmed, “that the status of Puerto Rico is a unconcluded political matter regarding the self-determination of a Latin American and Caribbean people whose civil and human rights ramifications cannot be lightly addressed without resolving the substantial issue.” The group is integrated by Mayor of San San Juan Carmen Yulin Cruz; Maria de Lourdes Santiago, vice president of the Pro Independence Party of Puerto Rico; Alexandra Lugaro, independent gubernatorial candidate in 2016; Mariana Nogales, president of the People’s Workers Party; Maria de Lourdes Guzman, president of the National Sovereignty Union; and Wilma Reveron Collazo, co-president of the National Hostos Movement for the Independence of Puerto Rico.
PUERTO RICO AS HOST TO THE VENEZUELAN OPPOSITION IS DENOUNCED
Several pro-independence organizations in Puerto Rico, including the National Hostos Movement for the Independence of Puerto Rico (MINH) have denounced the pretext of the governor of Puerto Rico of converting Puerto Rico into the headquarters of the Venezuelan opposition.
The governor of Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares and the former mayor of Caracas, and current fugitive of Venezuelan justice, Antonio Ledezma, signed on Tuesday, 2 October 2018 in San Juan, an agreement that will allow the Venezuelan opposition to carry out a summit on the island that will discuss the government transition that would take place to end the mandate of Nicolás Maduro as president of Venezuela. The support for the Venezuelan opposition will also be discussed in the context of Puerto Rico becoming a "humanitarian aid logistics center".
In a statement to the Department of State of the Commonwealth of Puerto Rico on 4 October 2018, the Consulate of the Bolivarian Republic of Venezuela in Puerto Rico and the US Virgin Islands, expressed "its deepest protest regarding the meeting held by the governor Ricardo Rosselló with members of the Venezuelan violent and anti-democratic opposition. The Consulate decried the governor for not using the same vehemence "to guarantee a dignified treatment by the United States government to the people of Puerto Rico and the reconstruction of the island." It also questioned the governor's concept of democracy.
A YEAR AFTER HURRICANE MARÍA Powerful hurricane María hit Puerto Rico on 20 September 2017, devastating not only the trees and abundant foliage, but also bridges, roads and the country´s physical infrastructure. Material and human losses have been son massive that are impossible to count. The hurricane´s aftermath has left a profound imprint on the landscape and the lives of the Island´s inhabitants. It also showcased the lack of planning and prevision, as well as the poor and fragmented response from the governments of Puerto Rico and the United States.
Following is the editorial opinion published by the pro-independence weekly newspaper CLARIDAD to mark the first year since hurricane María crossed the Island. It circulated in the edition of the week from September 20th to September 26th 2018.
As the first year after the crushing hit of hurricane María across Puerto Rico approaches, recovery is still a yearning more than a reality. The physical and emotional wounds left by the event have not healed, and the petty political debate on the subject, both in Puerto Rico and the United States, only makes them worse.
Beyond the basics, it is never possible to be fully prepared for an event of such magnitude as María, a category 5 hurricane, with winds of unimaginable force and endless rain and flooding. Through 16 interminable hours of constant battering, María caused a devastation never before experienced in modern Puerto Rico. Yet, that was not the worst to happen. After the winds had ceased and the rain had stopped, the nightmare began for millions of Puerto Ricans all across the Island. The poor emergency response- or lack thereof- the paralysis, the chaos and the improvisation of the government officials of Puerto Rico and the United States who were supposed to lead the relief effort, compounded the disaster left by María. Never in our recorded history had our people been so helpless and isolated than in the first 48 hours of the hurricane´s aftermath.
Even before the hurricane, the weakened material and economic conditions on the Island, and the lack of adequate government resources pointed to an inevitable catastrophe. The effects of a lingering 10 year economic recession and fiscal crisis had rendered an insolvent government and a failed infrastructure. Besides, Puerto Rico was under a new set of colonial rules: the PROMESA Act and a Fiscal Control Board imposed by the U.S. Government as their way to become directly involved in finding solutions to our fiscal and economic problems. In reality, our country was under siege by a new form of colonial occupation, in which the Fiscal Control Board, in representation of the U.S. Congress, had weakened the local government by curtailing its power to make decisions and question its competency.
In the aftermath of hurricane María, there was a general collapse in Puerto Rico as the electric infrastructure, on which every operation depends, was completely destroyed. There was a total blackout that lasted for days and weeks, and as power went down so did the potable water facilities, also run by electricity, and all digital communications. From one day to another, Puerto Rico was incommunicado from the rest of the world.
As power failed, so did the access to all basic services, such as hospitals, food and grocery outlets, gas and fuel stations and the banks and financial institutions. The winds tore bridges and the roads were blocked by fallen trees and massive debris, leaving many communities completely isolated and left to their own means.
The lack of electric power led to chaos and confusion, as the Governor and other government officials barricaded themselves in a secured enclave, the Center for Emergency Operations, from which the emergency response was purportedly coordinated.
On their part, the U.S. Emergency Management Administration (FEMA) and other federal agencies were also barricaded in their facilities on Chardón Street, as the people witnessed the lack of coordination and organization between the Puerto Rico and Federal governments, which resulted in an inefficient, ineffective and insufficient response that failed to meet the pressing needs and demands of a population at the verge of desperation.
Questioned for his lack of experience and that of his officials, the Governor of Puerto Rico, Ricardo Rosselló, felt pressured to perform as expected from a mature and efficient leader who is in control of an emergency situation. This set in motion a hurried effort by his image consultants. But experience and wisdom cannot be improvised, and much less under such extenuating circumstances. Faced with the challenge, Governor Rosselló budged and handed the relief effort to the U.S. Government agencies. It didn´t work out well. The Puerto Rico Government had failed to secure in advance of the emergency a collaboration agreement with the U.S. Association of Public Electric Companies. As the days passed, and Puerto Rico´s electric recovery was becoming an insurmountable task, they opted for awarding a $300 million contract to Whitefish, a private electric company based in Montana. The company lacked the knowhow and experience needed for the task and the contract had to be cancelled, amidst rumors of corruption. The Whitefish affair delayed the electric recovery effort for more than a month.
A few months earlier, the Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) had filed for bankruptcy and therefore lacked the manpower and materials to take upon itself the electric recovery effort, so Governor Rosselló decided to cede the leadership of said effort to the U.S. Corps of Engineers, one of the most bureaucratic entities in the world.
Barricaded in the comfortable Emergency Operations Center, government officials were less than proactive in dealing with the emergency. Many were tending to their families and alienated from the needs of the population.
As the power crisis lingered over weeks and months, conditions deteriorated in many households as well as in hospitals, renal centers, and for the maintenance of life support systems. People with chronic health conditions or failing health could not cope without the medicines and therapies they needed for survival, and so the number of deaths associated to the emergency began to rise.
As the Governor´s public image began to slip, the Commissioner of Public Safety kept to the official story that only 64 persons had died in the wake of the hurricane. As anecdotal evidence on the contrary began to surface and the media reported that the death toll was really in the thousands, serious studies were conducted with findings which point at more than 3,000 deaths in Puerto Rico in the first few months after the hurricane. The dead were mainly elderly people directly affected by the lack of electric power, the scarcity of medicines and the ineffectiveness of the public health system. Gross negligence was the real cause of the deaths.
Negligence was also costly in other aspects. The prolonged lack of power led to the closing of many small businesses that couldn´t bear the cost of fuel or gas powered generators. That led to the rise of unemployment and spearheaded the migration of thousands of Puerto Ricans to the United States, where they still struggle to gain access to adequate housing and other basis services.
As to the behavior of the U.S. Government, nothing was different than it has been throughout its 120 year of colonial occupation in Puerto Rico. The emergency did not change their usual condescending attitude, the slowness of their response, their lack of real understanding of Puerto Rico and its people: the dilapidated housing conditions of so many; the isolation of complete wards and communities; the alarming poverty, and the lethal dependency that they have promoted and incentivized. In truth, our people did not expect anything better from them because, historically, there have been no reasons to expect more.
THE POLITICAL CASE OF NINA DROZ
The young student Nina Droz Franco, was arrested and convicted and sentenced to 37 months in prison (currently outside of Puerto Rico) for acts of political unrest during a National Strike in Puerto Rico on May 1, 2017. Her lawyer, Mariana Nogales, has denounced that the imprisoned young woman is being subjected to "exaggerated and cruel" sanctions, contrary to the right to rehabilitation and in "violation of the disciplinary procedure" established. These include keeping her in solitary, limiting her family visits, denying her access to the police station and her right to legal representation before disciplinary hearings. The discriminatory treatment of Nina Droz is due to political motivations in order to neutralize the demonstrations against the Fiscal Control Board and the colonial situation suffered by the Island. This case is one of several recent cases brought against protesters.
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