En el 2018 la administración norteamericana arreció su intervencionismo en Latinoamérica y el Caribe. Para el 2019, Trump aprobó un presupuesto récord de 716 000 millones de dólares para Defensa.

Más de 76 bases militares en América Latina, el respaldo a golpes militares y judiciales contra presidentes,  el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, las sanciones y bloqueos económicos, el empleo de organizaciones como la desprestigiada OEA contra gobiernos progresistas y la aplicación de métodos subversivos cimentados sobre el consumo cultural a través de medios masivos como internet y el apoyo a figuras ultraconservadoras de la derecha en su ascenso a altos puestos políticos, son algunas de las estrategias y acciones aplicadas por Estados Unidos en Sudamérica y el Caribe en su afán por revertir de manera total las victorias alcanzadas por los gobiernos progresistas de las últimas décadas.

La II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) proclamó la región en enero del 2014 como Zona de Paz, pero las diferentes administraciones estadounidenses parecieran empeñadas en desmontar ese consenso, en especial, durante este año.

Al menos tres emisarios del poder norteamericano han recorrido la región con mensajes contrapuestos a los principios de no injerencia, solución pacífica de controversias a fin de desterrar el uso y la amenaza del uso de la fuerza en este hemisferio, la promoción de una cultura de paz y la obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado, todos contenidos en los documentos suscritos por los miembros de la Celac.

Rex Tillerson, quien en febrero se desempeñaba como secretario norteamericano de Estado, antes de empezar ese mes su gira por la región, anunció que el 2018 sería «el año de las Américas» y dejó claro que buscarían incentivar la división y la sumisión entre los gobiernos latinoamericanos.

En junio, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también realizó un recorrido con la evidente intención de crear alianzas para sancionar a Venezuela. «El objetivo es fortalecer la seguridad regional con nuestros aliados en el hemisferio (...) amenazados por (...) el Gobierno de Venezuela», había indicado su portavoz, Alyssa Farah.

El primer paso en el itinerario de Pence fue estrechar vínculos con el golpista Michel Temer y asegurarse de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva continuara preso. En Ecuador, por otro lado, anunció una donación de 1,5 millones de dólares para luchar «contra la corrupción y reforzar a la sociedad civil», como símbolo de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con Lenin Moreno al frente de esa nación.   

Ahora es el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, quien se acerca a Brasil, Argentina, Chile y Colombia, visitas que teniendo en cuenta los principios de la estrategia de defensa nacional estadounidense, inducen a pensar a los analistas que la región del Caribe se está convirtiendo en una zona de futuros conflictos.

LOS HECHOS VALIDAN LA TESIS:

- El presidente de Bolivia, Evo Morales, acaba de denunciar una «invasión encubierta» contra América Latina a través del envío, por parte de Estados Unidos, de una embarcación con capacidad para transportar helicópteros de guerra. La excusa: necesidad de prestar ayuda humanitaria a los venezolanos que viven en Colombia.

- Se fortalecen las capacidades del Comando Sur, con su red de bases militares, incluida la IV Flota.

- En lo cultural: el gran capital mueve a importantes medios de comunicación, iglesias y empresas tecnológicas, en función de desmovilizar políticamente a la juventud y fomentar la supuesta inviabilidad del socialismo o de la aplicación de políticas de justicia social desde el Estado.

- Se revitaliza la Doctrina Monroe. La Estrategia de Seguridad Nacional del 2017, la Estrategia de Defensa Nacional y las declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Trump así lo confirman.

- Estados Unidos continúa potenciando iniciativas no gubernamentales, la articulación de campañas mediáticas antisistémicas y la cooperación entre los poderes judiciales con organismos controlados por Washington, para desarrollar una guerra, selectiva y brutal, contra la izquierda en la región.

- Se promocionan empresarios como actores políticos y se actualizan los programas y formas de lucha de no pocos partidos, a partir de parámetros neoliberalizantes.

Esas estrategias se ajustan a los esquemas de «cambio de régimen», que cobran millones de víctimas en varias partes del mundo y promueven la violencia, la guerra, las crisis humanitarias y la inestabilidad, a cualquier costo.

Nada más alejado de los preceptos de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que el gobierno norteamericano se empeña en desconocer, ignorar y no hacer valer, pues nada tienen que ver sus intereses hegemónicos con el respeto, el entendimiento, la cooperación y la convivencia pacífica entre nuestros pueblos.

(Granma)