El rejuego político entre la Junta y el gobierno de la isla tiene su base en las aspiraciones de reelección de Rosselló y su Partido Nuevo Progresista en el 2020, objetivo que estaría en peligro si la Junta impone su rígida receta de austeridad a los trabajadores y los sectores más amplios, vulnerables y empobrecidos del pueblo puertorriqueño. Estos son los grupos que componen la mayoría del electorado en Puerto Rico.

Boletín ¡Puerto Rico al día!

Junio de 2018, San Juan – olgasdavila@gmail.com

LA JUNTA IMPONE SU RECETA PERVERSA

Durante las pasadas semanas y meses, la Junta de Control Fiscal, el cuerpo que rige sobre el gobierno de Puerto Rico y que fue impuesto por el Congreso de Estados Unidos mediante la Ley PROMESA de 2016, ha dado un ultimátum al gobierno colonial de Ricardo Rosselló sobre el plan fiscal y presupuesto proyectados para el próximo año fiscal 2018-2019, que comienza el 1^ro de julio.

El rejuego político entre la Junta y el gobierno de la isla tiene su base en las aspiraciones de reelección de Rosselló y su Partido Nuevo Progresista en el 2020, objetivo que estaría en peligro si la Junta impone su rígida receta de austeridad a los trabajadores y los sectores más amplios, vulnerables y empobrecidos del pueblo puertorriqueño. Estos son los grupos que componen la mayoría del electorado en Puerto Rico.

Si la Junta de Control Fiscal logra imponer su plan- y tiene la facultad en ley para imponerse sobre el gobierno de Puerto Rico- el pueblo de Puerto Rico recibiría un duro golpe y la viabilidad económica y social futura de esta empobrecida colonia de Estados Unidos quedaría severamente comprometida.

LA COLONIA ESTANCADA

Se sabe mundialmente que Puerto Rico atraviesa por su peor situación fiscal y económica. Ciento veinte años después de haber sido ocupada como botín de guerra, y convertida en su colonia por el gobierno de Estados Unidos, la isla enfrenta su peor crisis. Una deuda pública de más de $70 mil millones, una economía en decrecimiento por los pasados 12 años, y el reciente desastre ocasionado por el paso de un potente huracán que ha devastado su ya debilitada infraestructura, son los elementos sobresalientes de una situación que ya se torna insostenible para sus grandes mayorías, y que ha causado incalculables pérdidas, incluyendo de empleos y sufrimiento a nuestro pueblo.

¿Lo peor?  Que contrario a otros países que han atravesado situaciones similares y se han levantado, por su condición de colonia todas las decisiones fundamentales para la viabilidad de Puerto Rico están en manos de un poder extranjero: el Congreso de Estados Unidos.

Esa ha sido nuestra historia de sujeción a políticas y estrategias diseñadas, no desde nuestra necesidad e intereses, sino desde la perspectiva de los intereses que desde Washington controlan la vida puertorriqueña. A esto se suma una larga sucesión de gobiernos coloniales que han gobernado para satisfacer a la metrópolis y para beneficiarse ellos y sus allegados, mientras el país se consume en el peor estancamiento, sumido en la dependencia de la metrópolis, y sin posibilidades reales de crecimiento propio y sostenido dentro de la presente relación colonial.

Eso es lo que está en juego en esta coyuntura: si Puerto Rico va a tener una oportunidad justa de desarrollo propio o si continuará languideciendo en la dependencia, el estancamiento y la impotencia.

RECORTES Y MÁS RECORTES

El plan de la Junta de Control Fiscal propone recortes masivos en las prestaciones y derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público y de la empresa privada, así como en las pensiones que reciben los retirados del servicio público.

Para cumplir con su parte del plan, el gobierno colonial ha decretado un cierre masivo de escuelas- 365 en todo el país- que de concretarse tal y como está anunciado, colocaría en precario el derecho constitucional de nuestros estudiantes a una educación pública gratuita y accesible hasta el nivel secundario. Varios grupos y entidades en representación de los estudiantes, maestros y padres del sistema público de educación han acudido a los tribunales en defensa de los derechos de esta población que resultaría gravemente afectada por el masivo y arbitrario cierre de escuelas. Sus argumentos cuestionan la validez de una decisión que no ha sido basada en estudios ni métricas comprobables, ni ha demostrado su beneficio social, educativo y económico.

Por otra parte, igualmente tajantes son las medidas contempladas para la Universidad de Puerto Rico, el primer centro docente en el país y el único público y accesible a las grandes mayorías de estudiantes con aspiraciones universitarias. El cierre de recintos y el aumento astronómico en el costo de matrícula y otras cuotas limitaría cada día más el acceso de los hijos de los trabajadores y de familias pobres a una educación universitaria de calidad. Detener esta ofensiva contra la universidad pública es un asunto de vida o muerte para la viabilidad futura de Puerto Rico.

Fue precisamente desde la Universidad de Puerto Rico donde se estimuló la movilidad social de nuestra población, se potenció el desarrollo social y económico del Puerto Rico moderno, y se permitió la formación de una clase profesional educada en todos los campos, que sigue siendo una de las principales fortalezas de nuestro país de cara al futuro.

PRIVATIZACIONES

Otro componente fundamental en la agenda de la Junta de Control Fiscal y el gobierno colonial es la privatización de la producción y distribución de energía eléctrica y de agua potable, ahora en manos del estado, así como vender a intereses privados corporaciones públicas altamente rentables como el Fondo del Seguro del Estado, entre otras. También es parte del plan el poco a poco ir convirtiendo a la Isla en un paraíso fiscal para aventureros y depredadores, a base de ofrecer a cualquier inversionista extranjero incentivos contributivos y económicos excepcionales, que no están disponibles para el inversionista del país.

UN PLAN FISCAL QUE NO GENERA CRECIMIENTO

La receta de austeridad, privatización y recortes de servicios y prestaciones sociales que la Junta de Control Fiscal pretende imponerle a Puerto Rico está siendo fuertemente impugnada y cuestionada por prestigiosos estudiosos y economistas de Puerto Rico y otros países.

El investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York, y especialista en procesos de reestructuración de deuda, Martín Guzmán, es un vehemente crítico del plan fiscal propuesto para Puerto Rico. Expresa el investigador que dicho documento es “engañoso y ambiguo” respecto al futuro económico de Puerto Rico.

Expone que Puerto Rico tiene un problema que va más allá de la deuda. Y es que su estructura económica no es productiva. Por lo tanto, en su análisis, no es posible solo llegar a acuerdos para reestructurar la deuda, sino que es necesario un plan de revitalización económica de largo alcance para el País.

Por su parte, así describe la receta fiscal para Puerto Rico del Gobierno y la Junta de Control Fiscal el destacado economista y académico puertorriqueño, Dr. Francisco Catalá, en un escrito de prensa reciente: “¿A qué se reduce entonces la austeridad? En síntesis, se traduce en claudicación de la responsabilidad pública. Por ello, las métricas favoritas nos remiten a reducciones presupuestarias, entiéndase contracción de servicios, de nómina, de salarios, de pensiones. Se presume que con la reducción del gasto público se abrirá un espacio a la empresa privada que tendrá el efecto de estimular la economía. Pero lo que suele suceder es que languidecen tanto el sector público como el privado”.

“Por estos caminos Puerto Rico continuará desdibujándose: se acentuarán la contracción económica, el desempleo, la desigualdad, la descomposición social y la emigración”, concluyó.

EL ESCANDALOSO NÚMERO DE MUERTES PRODUCTO DE LOS HURACANES

La crisis económica y la recesión afectan a Puerto Rico desde hace años, sin embargo, luego del paso de los devastadores huracanes Irma y María en septiembre de 2017, el deterioro social ante la falta de poderes soberanos para emprender nuestro desarrollo y recuperación ha agravado aún más la situación de nuestro país.

Un claro ejemplo de la irresponsabilidad, tanto del gobierno de Estados Unidos, como de la administración colonial, en atender las necesidades humanitarias provocadas por el paso de los huracanes es el número escandaloso de muertes provocadas por la falta de atención médica y de servicios esenciales, como agua potable, comida, energía eléctrica y transporte.

La cifra oficial de víctimas es de 64 personas, mientras que un estudio realizado recientemente por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y publicado por la prestigiosa revista New England Journal of Medicine (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1803972) establece que del 20 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 hubo sobre 4,645 muertes vinculadas a la falta de servicios esenciales luego del paso del huracán. Aún con esa evidencia, ni el gobierno de Puerto Rico, ni el gobierno de Estados Unidos han reconocido el total de víctimas, ni mucho menos han asumido su responsabilidad al respecto. Aún hoy miles de puertorriqueños permanecen sin energía eléctrica a casi nueve meses del paso de los huracanes.

Puerto Rico update!

June 2018,  olgasdavila@gmail.com

THE PERVERSE PRESCRIPTION OF THE FISCAL CONTROL BOARD FOR PUERTO RICO

During the past weeks and months, the Fiscal Control Board, the regent overseer of the Government of Puerto Rico imposed by the United States Congress through the PROMESA Act of 2016, has given an ultimatum to the colonial Governor of Puerto Rico, Ricardo Rosselló, for his government to approve and enact the new fiscal plan and budget projected for fiscal year 2018-2019, which begins next July 1^st.

The political gamble between the Board and the government of Rosselló and his New Progressive Party (NPP), has everything do with the political aspirations of present government officials for their reelection to a new term in 2020. That goal could be in peril if the Fiscal Control Board imposes the rigid austerity constraints included in the projected plan and budget. These austerity measures would mainly affect the government and private sector workers, and other vulnerable sectors of the population including retirees and students of the public schools and university. These sectors comprise the majority of the electorate.

If the plan and budget of the Board goes through- the Board is empowered by law to impose it if necessary- the Puerto Rican people would receive a major blow, and the fiscal and economic viability of this impoverished colony of the United States would be severely compromised.

A STAGNANT COLONY

It is widely known that Puerto Rico is in a dire fiscal and economic situation. One hundred and twenty years after being taken as war booty by the Government of the United States, the Island confronts its worst crisis. A public debt of more than $70 billion, a decreasing economy for the last 12 years, and the recent devastation caused by a major category 5 hurricane, have rendered useless an already fragile infrastructure and caused insurmountable loss, hardship and suffering to our people.

What is even worse than that? That contrary to other countries which have gone through a similar situation and have recuperated and become stronger, because it is a colony, Puerto Rico is powerless. Our country is subject to laws, policies and strategies designed by others, and all of our fundamental decisions are taken by a foreign power: the Congress of the United States.

This has been our history of political subjugation. Of economic strategies designed and imposed not for our interest and benefit, but for their interests in Washington, and those of their allies and associates. Therein lies the control and power over life in Puerto Rico. Those are the interests represented by the Fiscal Control Board and the colonial Government of Puerto Rico.

That is what is at stake at this juncture. Whether the people of Puerto Rico will have a fair chance to design a new course for itself, or whether it will languish in dependence, stagnation and powerlessness. Our present colonial status hinders the possibility of a sustainable and prosperous future for Puerto Rico.

MORE AND MORE BUDGET CUTBACKS

The plan and budget proposed by the Fiscal Control Board imply massive cutbacks in the rights and income of public and private sector workers in Puerto Rico. Also, directly affected will be government retirees who will have their pensions cut.

In order to advance in the retrenchment agenda, the Puerto Rico Government has announced the massive closing of public schools, 365 in total. If the school´s closings are enacted as announced this could represent an infringement of the constitutional right of children and youth in Puerto Rico to a free and accessible public education from the primary grades to secondary school. Entities and groups representing public school students, teachers and parents have challenged the school closings in Court as arbitrary, since authorities have failed to demonstrate by empiric evidence their social, educational, and economic benefit.

Equally severe are the measures proposed for the University of Puerto Rico, our foremost center of higher education, and the only one that is public and accessible to the majority of high school graduates that aspire to a college education. The closing of several campuses and an astronomic increase in tuition costs and other fees will impose severe limits to the access of the sons and daughters of working class and poor families to a quality college education.

Stopping this offensive against the University of Puerto Rico is a life or death matter for the future viability of Puerto Rican society. The University of Puerto has been a platform for social mobility and for the launching of the social and economic development of modern Puerto Rico. It has been the ground from which a highly educated professional class in all areas has emerged, and is still one of the greatest forces for the future of our country.

PRIVATIZATION

Another fundamental pillar of the common agenda of the Fiscal Control Board and the Government of Puerto Rico is the privatization of public services. The privatization of the production and distribution of electric power, now in the hands of a state-run entity, is already on the way. Also, there are plans to privatize the state run potable water company and to sell a highly profitable public corporation such as the State Insurance Fund, among other public assets.

It is also part of their strategy to market Puerto Rico as a fiscal paradise for predatory investors and adventurers mainly from the United States, who will benefit from exceptional economic and tax incentives not available for Puerto Rican entrepreneurs.

A FISCAL PLAN THAT DOES NOT GENERATE GROWTH

The prescribed austerity, privatization and social cutbacks agenda that the Fiscal Control Board wants to impose on Puerto Rico has been strongly criticized and disputed by reputed economists and academics in Puerto Rico and other countries, among them Martín Guzmán, a debt restructuring expert and researcher from Columbia University´s Business School in New York.  He has become an ardent critic of the fiscal plan proposed for Puerto Rico, which he has called “deceitful and ambiguous” as to Puerto Rico´s future economic growth.

Guzmán says that Puerto Rico´s problems go beyond the debt, lying in the Island´s unproductive economic structure. In his analysis, it is not effective to work only on the restructuring of the debt without having a plan that he deems indispensable for Puerto Rico´s long term and sustainable economic growth.

Along those lines, reputable Puerto Rican economist and University of Puerto Rico professor, Francisco Catalá, reflects on the Fiscal Control Board plan for Puerto Rico in a recent newspaper article.

“What is austerity reduced to?” he asks. “In synthesis, it translates into the State´s abdication of its social responsibility. That´s why their favorite metrics speak of budget reductions, and the contraction of services, of payroll, of salaries, of pensions. It is presumed that the reduction of government expenses will open a space for the private sector to stimulate the economy. But what usually happens is that both public and private sectors languish.

If Puerto Rico keeps walking down this road it will extinguish itself through increased economic contraction, unemployment, inequality, social decomposition and migration”, he concludes.

THE SCANDALOUS LOSS OF LIFE AS A RESULT OF THE HURRICANES

The economic crisis and recession have affected Puerto Rico for years, however, after the devastating hurricanes Irma and María in September 2017, the lack of sovereign powers that would enable us to embark on our recuperation and development social deterioration has further aggravated the plight of our country.

A clear example of the irresponsibility of the Government of the United States as well as that of Puerto Rico in responding to the humanitarian need provoked by the hurricanes is the scandalous number of deaths caused by the lack of medical and other essential services such as drinking water, food, electrical power and transportation. The official number of victims is at 64 while a study recently carried out by researchers of Harvard University´s T.H. Chan School of Public Health and published by the prestigious New England Journal of Medicine (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1803972) establishes that between 20 September and 31 December 2017 more than 4,645 deaths were linked to lack of essential services after the hurricane. Yet, despite this evidence the Government of Puerto Rico nor the Government of the United States have recognized the total number of victims and much less have they assumed their responsibility. To this day, almost nine months since the hurricanes, tens of thousands of Puerto Ricans remain without electrical power.