"Este Tribunal concluye que, con excepción de los números de seguro social, la información contenida en los certificados de defunción y la información adicional solicitada no es privilegiada. Por lo tanto, este Tribunal ordena que se permita el acceso a las partes demandantes a los certificados de defunción, por inclinarse la balanza a favor del derecho constitucional de acceso a la información", sentencia firmada por la jueza Lauracelis Roques Arroyo.

El gobierno de Puerto Rico tendrá que entregar en siete días al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la base de datos de las muertes registradas en Puerto Rico, los certificados de defunción, las defunciones por día y municipio, los permisos de enterramiento y de cremación, así como la libreta manual en la que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico de Puerto Rico.

Así lo establece un sentencia emitida este lunes por la jueza Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

El CPI había ido al tribunal para exigir al gobierno que brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el huracán María. La cadena de noticias CNN también demandó al gobierno por la misma información y su demanda se consolidó con la de CPI. El Registro Demográfico había alegado que los documentos solicitados tenían muchos campos de información confidencial.  

“Este Tribunal concluye que, con excepción de los números de seguro social, la información contenida en los certificados de defunción y la información adicional solicitada no es privilegiada. Por lo tanto, este Tribunal ordena que se permita el acceso a las partes demandantes a los certificados de defunción, por inclinarse la balanza a favor del derecho constitucional de acceso a la información”, dice la sentencia de Roques Arroyo.

Al proveer esta información, “[e]l Gobierno realizará todas las medidas que entienda necesarias para procurar el mayor nivel de transparencia tanto en la recuperación de nuestra Isla, como en los daños a la vida de nuestros ciudadanos causados por este fenómeno atmosférico,” concluye.

Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, celebró la decisión del tribunal, a la vez que señaló que el gobierno mostró su falta de transparencia y de sensibilidad en todo el proceso.

“Los datos de las personas muertas tras el huracán María se habían convertido en el secreto mejor guardado por la administración de Ricardo Rosselló, que sólo dio información mínima y general, en ocasiones errada, y que más bien ha estado impidiendo, con recursos públicos, que los periodistas y la academia puedan ver las bases de datos y los certificados de defunción. Esa política pública es una contradicción con su estrategia de relaciones públicas que pregona la transparencia”, reaccionó. “Emplazamos al gobernador Rosselló a que finalmente entregue la información sin más excusas”, añadió la periodista.

El gobierno se comprometió a entregar la información. “Nuestra política, a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública, por lo que estaremos cumpliendo con lo ordenado recientemente por el tribunal”, dijo Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza.

Unos días después del huracán María, el CPI comenzó a publicar reportajes que revelaban que había docenas de muertes adicionales confirmadas que no estaban siendo informadas por el gobierno, en parte debido a la falta de un protocolo de especial para manejar los decesos en casos de desastre, y a la respuesta lenta de las agencias de gobierno. Las periodistas Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch Padilla publicaron una serie de historias y los datos oficiales finalmente confirmaron que en septiembre y octubre hubo más de 1,000 muertes en exceso, en comparación con 2016. Pero desde entonces, el gobierno se negó a dar una explicación a ese exceso de muertes. En diciembre, cuando la cifra oficial de muertes se situaba en 64, el gobernador Ricardo Rosselló ordenó un recuento y un estudio a profundidad de las muertes.

El CPI fue representado en este caso por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio, Rafael Rodríguez Rivera, Anette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt.

Foto: Víctor Birriel | MINH

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