Una violación al derecho a la libre expresión, una agresión planificada, un despliegue de fuerza indiscriminado con el propósito de acorralar a los manifestantes, ése fue el comportamiento de las fuerzas policiacas contra manifestantes de una de las marchas este 1^ro de mayo. Así se desprende de la versión de los hechos que expuso la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU, siglas en inglés), la cual mantuvo observadores en todos los puntos de partida y el trayecto de las marchas desde tempranas horas de la mañana.

El director ejecutivo de ACLU, licenciado William Ramírez Hernández, en conferencia de prensa, expresó que ante la conferencia de prensa celebrada por el Gobernador Ricardo Rosselló Neváres, para dar la versión del Gobierno sobre los hechos, la ACLU se vio en la necesidad de exponer lo que ellos –sus observadores– vieron.

Apuntando que el trabajo de ACLU es el de velar por el respeto de los derechos constitucionales fundamentales del pueblo, Ramírez Hernández, defendió; “Nosotros velamos porque el Gobierno de Puerto Rico respete esos derechos, que la Policía de Puerto Rico respete esos derechos, en este caso la Primera Enmienda de la Carta de Derechos de Puerto Rico que garantiza la libertad de expresión”. Señaló que la libertad de expresión no se limita a que se permita llegar a una persona a un lugar, sino que las personas puedan expresarse sin sentirse limitados en su expresión y coartados en alguna forma.

Frente a los acontecimientos el director ejecutivo de ACLU trajo a la atención el que la Policía se encuentra en un proceso de “reforma” mediante un acuerdo firmado entre el Departamento de Justicia de Puerto Rico con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) que tiene el deber de cumplir, por lo que la Policía, “tiene que hacer su trabajo de una forma constitucional y como dice el gobernador ‘somos un país de ley y orden’, y en el país de ley y orden los ciudadanos tienen que respetar la ley, la Policía también tiene que respetar esas leyes y los derechos fundamentales del pueblo porque ésa es la ley suprema”.

En esa línea el licenciado Ramírez Hernández, apuntó de que Puerto Rico es uno de los pocos lugares que carece de cualquier forma de monitoreo civil independiente, de la Policía. Dada esta carencia reclamó que eso hace más importante el trabajo tanto de los observadores de ACLU como el de la Prensa. Esta defensa de la Prensa viene al caso debido a que la Policía agredió no sólo a manifestantes, a los mismos observadores identificados, sino también a periodistas identificados que estaban ejerciendo su oficio.

En una critica al gobernador por sus expresiones en la conferencia de prensa, de que ‘una piedra sirve para construir’, Ramírez Hernández, opinó que el Gobierno no estaba viendo el cuadro completo. “La gente está protestando porque se está desconstruyendo este país, se está derrumbando este país. La gente está protestando porque tenemos un país que se está decayendo y que no le está ofreciendo oportunidad a su pueblo y tenemos muchos de nuestros familiares que tienen que irse, tenemos jóvenes que están protestando todas esas fallas y son personas que no se quieren ir”.

El experto en derechos civiles aclaró que el hecho de que una persona esté incurriendo en una conducta particular, en un acto particular, aun cuando pueda ser una expresión no protegida, no deja de ser expresión. Como es el caso de una acción de desobediencia civil. En tanto el licenciado Josúe González, también de ACLU, y que fue uno de los observadores que estuvo en la Milla de Oro, expuso sobre los acontecimientos; “Estamos viviendo un momento en que el país está acorralado por unas políticas abusivas que ha estado adoptando entiéndase la Junta de Control Fiscal y el Gobierno y se han estado cerrando puertas y a la gente no nos queda otra alternativa que salir a la calle y la reacción del gobierno ha sido de hostilidad y esto lo hemos visto por mucho tiempo”. Insistió que aun en medio de la reforma la Policía no ha cambiado su actitud hostil. Esta actitud dijo se vio en los eventos del año pasado y ahora este 1ero de mayo se vieron con mayor intensidad.

Desde el punto de vista de la ACLU –dijo– no hay duda y así lo pudieron observar desde el principio sus observadores en los distintos puntos, que el propósito del gobierno más que garantizar el derecho de los manifestantes a expresarse con tranquilidad y velar por la seguridad, el propósito era reprimir la expresión. En primer lugar expresó que la Policía manejó toda la actividad como una de confrontación, con una movilización exagerada y desde un principio obstaculizando las vías públicas, las cuales se suponen que son el escenario de expresión protegida, por lo que existe el derecho de las personas a pasar por éstas.

Una vez le cerraron todas las vías a los manifestantes, e impidió el derecho de estos a la libertad de expresión, la Policía ignoró todos los requerimientos de la reforma en términos de lo que tiene que ver con el manejo de multitudes, el uso de fuerza y el despliegue de agentes químicos.

González fue enfático en acusar que la Policía agredió e hizo uso de un despliegue indiscriminado de fuerza contra personas que estaban participando de la manifestación de forma pacífica e ignoró los protocolos básicos que se han acordado como parte del proceso de la reforma. Uno de estos protocolos fue el que la Policía no hizo advertencias de que se proponía desplegar los gases lacrimógenos para notificar a los manifestantes la intención de dispersión.

“Pero ahí no había el interés de dispersión porque no había a donde ir los manifestantes fueron literalmente acorralados en la avenida y hasta los mismos policías fueron afectados por los gases lacrimógenos y eso lo tenemos perfectamente documentado. Fue un operativo disparatado y estamos hablando en el contexto de la reforma de la policía. No se dio oportunidad para vías de escape que es una de las cosas que está incluída en los protocolos establecidos para la reforma”.

A la luz de los acontecimientos González señaló que el país está en una situación bien difícil en términos de los derechos civiles y los derechos humanos y en términos del comportamiento de la Policía. Mientras la coordinadora de los observadores, la licenciada Johana Plinet, comprobó que se tuvieron observadores en todos los puntos de partida de cada marcha, eso incluyó a la que salió del Puente Dos Hermanos para llegar al Capitolio, y de las que llegaban a la Milla de Oro. Todas, dijo, salieron de manera pacífica, incluyendo la que salió de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y no hubo eventos en el camino, todo surgió una vez se llegó a la Milla de Oro.

La licenciada Plinet apuntó que desde las 9:00 de la mañana los observadores de ACLU pudieron ver que ya desde esa hora la Policía había creado una línea para impedir el acceso a la Milla de Oro por la Ponce de León. Contó que ella personalmente se acercó al teniente coronel Torres, y le preguntó por qué estaban impidiendo el paso de la marcha que venia del edificio de la Procuradora de la Mujer (Marea Feminista), cuando se había notificado que ésa iba a ser la ruta. La contestación del oficial fue el que ‘estaban allí para proteger al comercio’. Le planteó que las marchas que venían de la UPR y el Departamento del Trabajo, enfrentarían la misma situación a lo que el oficial le contestó ‘que sí iban a mover’. Por lo que los observadores desde temprano temieron que se provocara una confrontación.

El acoso policíaco no se limitó a los manifestantes, la licenciada Plinet, denunció, incluso, que en muchas ocasiones, la Policía, impidió el acceso a los y las observadores, aun cuando se había notificado a la Oficina de la Reforma y se reunieron con la coronel Clementina Vega (supervisora de la Reforma) de que iban a estar presentes e identificados en la actividad.

La conducta de acoso –denunciaron la licenciada Plinet y la licenciada Wilma Valentin Custodio, otra observadora– incluyó comentarios machistas, sonidos inapropiados hacia las observadoras, mujeres por parte de algunos efectivos. Esta conducta llama la atención dado a que éste es uno de los señalamientos en el acuerdo de la reforma de que se tiene que atender la violencia y acoso contra la mujer. En esa misma línea las observadoras levantaron bandera sobre la presencia de un escuadrón integrado sólo por mujeres al mando de un oficial varón.

Otra de las observadoras licenciada Nora Vargas agregó que les llamó la atención el que muchas de las agresiones directas de rociar con gases fueron dirigidas a mujeres que no estaban encapuchadas, algunas estaban solas o conversando. Las observadoras coincidieron en su apreciación de que la Policía las miraban de manera retante con la intención de intimidarlas.

En tanto el observador, licenciado Diego Coral González, quien acompañó a la marcha que salió desde el Hiram Bithron, narró que una vez la marcha llegó a la avenida Muñoz Rivera, intercesión con la Roosevelt, vio hacia atrás que había un contingente de policías pisándole los talones a la marcha. Este contingente se apostó en la avenida Muñoz Rivera (frente a la farmacia Cvs) en dirección hacia Río Piedras. Además, estuvo presente cuando el teniente Santos de Operaciones tácticas hizo un acuerdo con los manifestantes de retirase, pero pasados unos 20 minutos la Policía no se había retirado, poco tiempo después se produjo la agresión contra los manifestantes. Describió la experiencia del comportamiento policíaco como una muy severa comparada con la del año pasado.

Presidente del Colegio de Abogados

Por otra parte consultado por este semanario, el presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAPR), Alejandro Torres Rivera, coincidió en denunciar que la conducta de la Policía fue de un entrampamiento planificado. Como observador del CAPR contó que estuvo desde temprano en la mañana frente al Departamento del Trabajo y cuando apenas había un centenar de personas ya la Policía había hecho un despliegue de fuerza. Sus observaciones sobre la presencia y ubicación de los efectivos policiacos cerrando el paso a la Milla de Oro, a las marchas que transcurrieron por la Ponce de León y la presencia de un fuerte cordón policíaco en la Muñoz Rivera, coinciden con lo descrito por los observadores de ACLU.

Torres Rivera describió que la Policía metió intencionalmente a una marea de gente en un túnel donde no había salidas laterales. Recordó que los hechos se desataron una vez finaliza la actividad en la tarima. Para el presidente del Colegio de Abogados no hay duda de que hubo violaciones constitucionales por parte de la Policía, desde el punto de vista de la supresión adelantada del derecho a la expresión, el cierre de las vías publicas para su libre acceso, como tampoco había manera de justificar la persecución de las personas por toda la avenida Muñoz Rivera hasta Río Piedras y luego el uso de fuerza en la comunidad de Santa Rita. De igual forma confirmó que la Policía violó los protocolos y las guías de la reforma policíaca para el manejo de manifestaciones.

En relación a la presencia de un contingente paramilitar en la manifestación que era evidente no correspondía en relación a su armamento y fisonomía con Puerto Rico, el licenciado Torres Rivera recodó que días previos al 1 de mayo el secretario de Seguridad, Héctor Pesquera a preguntas de la Prensa respecto a la posible participación de de las autoridades declaró que ‘ya estaban en contacto con las autoridades federales’, por lo que no le extrañaría que los hayan traído de “refuerzo”.

“Me parece que este es un país que siempre ha rechazado la teoría de lo que es el entrampamiento y en este caso hay elementos forzados para pensar que hubo entrampamiento”, concluyó.

(Foto: Luis López | MINH)