La Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras condenan enérgicamente las intervenciones y arrestos efectuados por la Policía de Puerto Rico en los alrededores de la Universidad de Puerto Rico, con motivos de las manifestaciones del Primero de Mayo.

"Es inaceptable que dos años consecutivos la Policía de Puerto Rico traslada sus acciones a nuestras comunidades. Más aun los manifestantes fueron llevados intencionalmente hasta Río Piedras para encontrarse con un contingente de policías en motoras esperándolos en la entrada de la Ave. Universidad. Observamos como los manifestantes, que ya iban para sus viviendas fueron confrontados por la policía al llegar a la avenida Universidad cerrándoles el paso y estos para evitar la confrontación entraron por otra de las calles, siendo entonces perseguidos por la policía hasta sus casas, golpeados y arrestados injustamente; violando todos los derechos civiles y humanos de las personas y de toda la comunidad: residentes y comerciantes de la zona. Es como si no pudiéramos estar tranquilos y seguros ni en nuestras propias casas", sentenció Zenia González, presidenta de la organización comunitaria.

Mediante comunicado de prensa, el grupo comunitario denunció que siente que existe un plan para dañar la imagen de Río Piedras y al estudiantado de Río Piedras, vinculando acciones alegadamente revoltosas con la vida alrededor del recinto. "Es un plan para decir al país que se justifica el recorte millonario a la UPR, el aumento desmedido de las matrículas y el cierre de recintos. Nuestros jóvenes son parte fundamental de nuestra comunidad y de la recuperación social, económica y política de Puerto Rico. Además, son parte de la vida del Casco Urbano", expresó González.

“Río Piedras no necesita ni avalará acciones como esta. Río Piedras necesita acción efectiva del gobierno estatal y municipal que junto a los y las ciudadanos(as) promueva el desarrollo económico y cultural de esta ciudad”, concluyó González.

El grupo comunitario logró en el 2016 enmiendas a la Ley 75 de 1995, ley que promulga el desarrollo comunitario de forma participativa e incluye a los estudiantes y demás comunidad universitaria, además participan residentes de Venezuela, Buen Consejo, Capetillo, García Ubarri, Blondet y Santa Rita.