Como una “preocupante”, calificó el profesor de la Clínica de Asistencia Legal (CAL), licenciado Pedro Saadé Lloréns, la ruta que dijo está siguiendo el gobierno, por vía del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en relación a cambios a reglamentaciones que ponen en peligro la integridad de áreas naturales protegidas.

Se refirió en primera instancia al endoso aprobado por la Secretaria del DRNA, Tania Vázquez para enmendar el Mapa de Área Restringida de la Zona del karso (MARZK) y excluir 14.99 cuerdas como terrenos protegidos y dos a una petición de desestimación con relación al Caño Tiburones.

En el primer caso la organización Ciudadanos del karso, denunció que la decisión de laSecretaria del DRNA, Tania Vazquez de excluir del área protegida del karso 14.99 cuerdas de una finca de 96 cuerdas se produjo luego de una reunión con el solicitante, Inmobilaria Aguadillana (IA).

“Intereses económicos y particulares buscan, luego de una reunión secreta en el DRNA, que dio su visto bueno a tal debilitamiento reglamentario, buscan supuestamente construir un centro comercial cuando tal cosa puede realizarse en muchos otros lugares en Aguadilla, lugar dónde se quiere comenzar la eliminación de las protecciones del reglamento que aplica a las zonas especiales del Carso”, denunció el presidente del CK, planificador Abel Vale. La enmienda aprobada por el DRNA se encuentra ante la Junta de Planificación (JP) quien debe a su vez examinarla para una determinación final.

En entrevista con CLARIDAD el licenciado Saadé Lloréns, representante legal de CK indicó sobre el papel de la JP que lo sometido es una enmienda muy específica a un reglamento “no se realmente qué esperar”. Agregó que tampoco se sabe cuánto tiempo se estima que la JP tarde en tomar su decisión. “Por supuesto si fuera a actuar de conformidad a la ley y de la filosofía de sus propios reglamentos y a todos los datos sometidos debiera rechazar lo que se solicita porque es peligrosa, un precedente malísimo que no tiene justificación”, denunció.

Saadé Lloréns, y Abel Vale, coincidieron en atribuir que el solicitante del cambio ha tratado de esconder sus ulteriores objetivos que es especular con los terrenos, porque aunque ha dicho que es para un centro comercial nuevo, mientras hay otros lugares y centros comerciales algunos de ellos en muy mal estado económico cerca a la zona. Según se ha comentado si en efecto el gobierno procede a extender la PR 22 tendría que pasar por los terrenos segregados, por lo que tendría que comprarlos a su dueño. De ser terrenos protegidos aun con un dueño privado el valor de los terrenos sería menor “casi regalados”.

Vale además criticó la defensa de la decisión que hizo la secretaria Vázquez. “La secretaria dice que se equivocaron pero no explica por qué se equivocaron”, declaró con relación al argumento de Vázquez de que la decisión de incluir las 14.99 cuerdas en el MARZK fue equivocada. Mientras en el documento legal-científico que CK sometió el dos de abril a la JP en el cual solicita que no se apruebe la enmienda solicitada por el DRNA hay una larga lista de las características e importancia de toda la zona. Además de la sucesión de hechos entre IA y el DRNA.

Los activistas coincidieron en denunciar que la experiencia ha sido que las enmiendas a los reglamentos de áreas de planificación especial, se utilizan para otorgar exensiones que terminan derrotando o eliminando todo el concepto. Ejemplos de esto lo son el área del Yunque y la laguna Tortuguero.

El Caño Tiburones

En el caso del Caño Tiburones desde el 2015 la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI) junto a otras organizaciones lleva un pleito en los tribunales para que la JP y el DRNA cumplan con la Ley sobre Política Pública de Humedales en Puerto Rico (Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998), la cual entre otras disposiciones ordena a la Junta a designar todas las áreas con vegetación de humedal en el Caño Tiburones como reserva natural.

En la vista del pasado 14 de marzo SOPI fue sorprendido con una petición del gobierno de desestimación del caso bajo el argumento de que había aprobado legislación al respecto. Nathaniel González, presidente de SOPI denunció a CLARIDAD que en el momento de la vista, “nadie sabía, ni tenía la ley, nadie la tenía porque no estaba certificada por el Departamento de Estado”.

Para SOPI la aprobación de la ley (Ley 72 del 4 de febrero de 2018) lo que busca es obstaculizar el proceso en el Tribunal. Otra de las portavoces de SOPI, la planificadora Ela Cruz, manifestó que “mientras por un lado el Gobernador reclama autonomía a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, por otro interviene en un proceso judicial con la aprobación de una ley. Contrario a sus expresiones en cuanto al humedal Caño Tiburones y más allá del caso judicial, esta política pública del gobierno sólo promueve la destrucción de este valioso humedal”.

En tanto González resaltó el gran trabajo pericial y científico que se ha realizado para sustentar el reclamo de total protección del humedal Caño Tiburones. “Los datos y los informes están ahí y son el resultado de un trabajo responsable y que se ha basado en la ciencia, no es correcto que busquen ahora parar este proceso”. Defendió que SOPI estaba disponible para trabajar en equipo y que se le haga justicia al humedal, por lo que desde el mes de enero le habían remitido una propuesta al Gobernador con lo que debe ser el límite correcto de la reserva natural. “El límite que proponemos recoge lo planteado por peritos de la SOPI y de las agencias. Lo van a tener que hacer, mundialmente los humedales son considerados como recursos de la humanidad”, afirmó.

Además de estas dos situaciones Saadé Lloréns trajo a la atención su preocupación por la postura del DRNA respecto a la limitación de la zona marítimo terrestre (ZMT) en el caso de la empresa del Marriot en Isla Verde. La controversia que data desde el 2005 se refiere a que aun cuando el DRNA fijo el deslinde de la ZMT le ha dado paso a la empresa a que cuestione el deslinde, mientras por su parte la comunidad plantea que el Marriot sometió tarde su petición y ya hubo una expropiación del contrato por parte del Municipio de Carolina. Aquí el Campamento de Playas pal’ Pueblo ha mantenido a raya los intereses privatizadores.