Washington - Las seis integrantes del “Junte de Mujeres del 2018” han pedido audiencia a los directivos de los comités del Congreso con jurisdicción primaria sobre asuntos como el status político y la crisis fiscal de Puerto Rico, pues sostienen que la mayoría del país no se siente representada por el gobernador Ricardo Rosselló ni por la Junta de Control Fiscal que controla las decisiones financieras de la Isla.

‘Nosotras, las firmantes, hablamos por (los) puertorriqueños sin representación efectiva en este asunto y exigimos, respetuosamente, que se nos reconozca y se nos escuche en su nombre”, indicaron, en una carta, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, la pasada candidata a gobernadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, la excandidata independiente a gobernadora Alexandra Lúgaro, la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Wilma Reverón, la presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS), María de Lourdes Guzmán, y la presidenta del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Mariana Nogales.

La carta está dirigida a la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), a la portavoz demócrata en esa comisión, María Cantwell (Washington), al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), y el líder de la minoría en esa comisión, Raúl Grijalva (Arizona).

Las seis líderes crearon el grupo recientemente con la idea de acentuar al gobierno federal y la opinión pública estadounidense, que los puertorriqueños de la Isla están claramente en contra de las medidas de austeridad que se imponen para atender la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla.

En la agenda del Junte del 2018 está la derogación de la “ley antidemocrática Promesa”, impulsar la eliminación de la JSF y “sus medidas de opresión contra los más necesitados”, así como una auditoría de la deuda pública.

También promueven una negociación que busque una nueva relación política y económica con EE.UU., de carácter no colonial y fuera de la cláusula para territorios de la Constitución estadounidenses. En ese sentido, reclaman eximir a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje.

“Ni la administración Rosselló ni la junta de control fiscal están transmitiéndole al Congreso de Estados Unidos una caracterización precisa de los puntos de vista y preocupaciones del pueblo de Puerto Rico sobre la crisis económica y social de la colonia. De hecho, lo que están es envueltos en una charada mediática que atenta contra los mejores intereses del pueblo puertorriqueño al proyectar una visión distorsionada de la verdad”, indicaron las integrantes del Junte de Mujeres del 2018.

Wilda Rodríguez, portavoz del grupo, dijo que funcionarios de ambos comités confirmaron la recepción de la carta, que fue enviada por fax el martes y también por correo. “El fin es buscar interlocutores bona fides para la negociación de una nueva relación política y económica con Estados Unidos”, indicó Rodríguez.

Una de las integrantes del grupo, la alcaldesa Cruz estará en Washington la semana próxima para recibir el premio Ridenhour 2018, que reconoce a personas que son firmes en decir la verdad, debido a su activismo y denuncias sobre la lenta respuesta federal al huracán María, que azotó a Puerto Rico hace casi siete meses.