Tras el gobernador Ricardo Rosselló anunciar ayer una reducción adicional de beneficios marginales a los empleados del sector privado, llovieron las reacciones por parte de las uniones de trabajadores que advirtieron que su efecto será empobrecer a la población, mientras complacen los intereses de las grandes empresas.

Rosselló anunció la reducción de las licencias de vacaciones y enfermedad a siete días, así como la eliminación del requisito de bono de Navidad y de la indemnización por despido injustificado, en una mesa redonda junto a los representantes del sector privado.

Los unionados resaltaron la incongruencia de que este anuncio televisado se haya hecho el mismo día en que el pueblo se enteró del salario de $450,000 para el nuevo director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo cual es 22.5 veces más que el salario promedio del trabajador.

“Estoy seguro que todos los sindicatos del País repudian esta medida del gobierno, pero en esta ocasión hay que ir más allá del repudio. Los sectores del sector privado están desprovistos de una voz”, recalcó el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán.

Explicó que menos del 2% de los trabajadores en el sector privado están sindicados; y que están estudiando nuevos modelos de organización para “reunir a estos trabajadores que están sufriendo estos ataques”.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Pedro Irene Maymí, dijo que lamentablemente este “es el comienzo de una embestida en contra del País y a favor del empobrecimiento del País”, pues la Junta Federal de Control Fiscal exigirá también la reducción de pensiones, mientras Casa Blanca busca eliminar los subsidios de la tarifa eléctrica, lo que incluye a las personas mayores o con condiciones de salud.

“Este es el menosprecio de una nación que nos ha mantenido en más de 100 años de coloniaje”, agregó Irene Maymí. Consideró, a su vez, que “Ricardo Rosselló se arrodilló ante la junta federal y lo que dijo que no iba a hacer, es lo que está haciendo”.

Mientras que el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, mencionó que “después de la devastación del huracán María, ahora los trabajadores del País sufriremos la catástrofe del huracán de reformas laborales de Rosselló y eso nos dejará en un desgarrador empobrecimiento con visos de crisis humanitaria para la clase trabajadora”.

Por su parte, la presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU) de Puerto Rico, Annette González, señaló que este gobierno debe retractarse de esta postura “antitrabajadores” y solicitó “un cese y desista de imponer todo el peso de la crisis en los hombros de los hombres y mujeres que laboran en este país”.

“Les vamos a servir en condiciones deplorables a los ricos que están comprando el País”, ironizó por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

Señalan violación a resolución de la ONU

Entretanto, el presidente de la Liga de Cooperativas, William Ortiz Negrón, dijo que estas medidas neoliberales van en contra de la resolución 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas (ONU) que aboga el empleo decente con buenos beneficios marginales y trabajos justos.

“No podemos estar de acuerdo que los trabajadores que son quienes producen las riquezas se les reduzcan los beneficios que tienen. Los trabajadores ya han hecho suficientes sacrificios”, dijo Ortiz Negrón.

Consideró que la disposición tendrá un efecto negativo en la economía porque en la medida en que los trabajadores tengan menos recursos económicos también se limita la capacidad de crédito y la capacidad de repago en sus préstamos, lo que puede causar morosidad.  (Tomado de El Vocero)