WASHINGTON – Con el respaldo de varios países latinoamericanos, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó esta tarde la resolución en respaldo al derecho a la libre determinación e independencia de Puerto Rico.

La resolución de 2011, presentada por el embajador de Cuba ante la ONU, Pedro Núñez Mosqueda, fue aprobada por consenso, sin votación.

“Puerto Rico es una nación caribeña con su propia identidad cultural”, indicó Núñez Mosqueda, al someter la resolución, con el respaldo de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

Cuba ocupa este año la vicepresidencia del Comité de Descolonización, que reúne a 27 países y que desde la década de 1970 mantienen bajo su jurisdicción el caso político de Puerto Rico.

La resolución presentada por Cuba insiste en reclamarle a la Asamblea General de las Naciones Unidas que vuelva a pasar juicio sobre el status de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, después de haber excluido en 1953 a la Isla del listado de países sin gobierno propio.

También reclama la liberación de los prisioneros políticos puertorriqueños, la plena descontaminación de los antiguos terrenos militares en Vieques y denuncia la brutalidad policial en la Isla.

Puerto Rico necesita con urgencia lograr su descolonización “para poder enfrentar los graves problemas económicos, sociales y políticos que han hecho crisis” en la Isla, indicó Héctor Pesquera, portavoz del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH).

Al abrir los testimonios, el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo Martínez, mantuvo que la Asamblea Constitucional de Status es el mecanismo procesal “que goza en este momento de un amplio apoyo en el pueblo y en la mayoría de las estructuras políticas”.

Pero, advirtió que por medio de las recomendaciones de su grupo interagencial de la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos  “pretende dictar los mecanismos de decisión sobre el futuro status de Puerto Rico, exclusivamente mediante acciones ejecutivas y legislativas del País interventor, que no solo ignora el derecho natural de los puertorriqueños, sino la normativa internacional contraria al colonialismo, al neocolonialismo y a toda  intervención extranjera”.

Mientras, el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, cuyo partido promueve la convocatoria a un referéndum de dos preguntas este año, afirmó que tras el informe del grupo interagencial de la Casa Blanca sobre Puerto Rico le corresponde a Puerto Rico  generar  la “dinámica descolonizadora” que Estados Unidos se niega a poner en marcha.

Pese a que el gobierno de Barack Obama, como hiciera el de George W. Bush, reconoce el carácter territorial (colonial) de la situación política de Puerto Rico, no asume una actitud descolonizadora, según Martín.

Tanto el grupo Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS) como Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA) abogaron por el voto de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos en cualquier proceso de libre determinación.

Mientras, el asunto de consenso durante la sesión ha sido el reclamo a favor de la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien en mayo cumplió 30 años en prisión tras ser convicto de conspiración sediciosa por sus vinculos con el grupo clandestino Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

Jan Susler, abogada de López Rivera, sostuvo que el gobierno de Obama le ha negado la libertad a su cliente, a pesar de que en 1999 el entonces presidente Bill Clinton le ofreció una clemencia que le hubiese permitido quedar en libertad desde 2009. En defensa de la liberación de López Rivera, entre muchos otros, testificó también el Comité Pro Derechos Humanos.

Edna Santiago Pérez, portavoz del comité Hermanos González Claudio, presentó los casos de su marido Norberto y su cuñado Avelino, que están en prisión por su militancia en el grupo clandestino Los Macheteros, que reclamó la autoría del robo de $7.2 millones a la empresa Wells Fargo, ocurrido en 1983 en Hartford, Connecticut.

Mientras, el portavoz de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, Edgardo Román Espada, expresó que la vigencia  en Puerto Rico– por ley federal – de la pena de muerte “dramatiza la sujeción del pueblo de Puerto Rico a una dominación foránea que afecta el más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida”.

Los miembros del Comité de Descolonización escucharon testimonios de grupos puertorriqueños y estadounidenses desde las 10:00 a.m. Tomaron un receso a la 1:00 p.m. y volverán a sesionar a partir de las 3:00 p.m.