La Coalición de Organizaciones Anti-Incineración reaccionó luego de que el gobierno anunciara el sábado que el proyecto de la incineradora dejó de ser parte de la política pública.

El anuncio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares retirando el endoso a la construcción de una planta de conversión de basura a energía en Arecibo fue acogido con beneplácito y algo de escepticismo por las comunidades que  hace casi una década se oponen al proyecto.

“Es una buena noticia, pero queremos señalar que entendemos que también debe terminar todo lo que está pendiente en las agencias y que hemos solicitado en los últimos 8 años, como la revocación de la consulta de ubicación”, dijo Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración.

Sin embargo, Rosselló Nevares, en  entrevista con El Nuevo Día, aseguró que el cambio de política pública que decretó finalizará todos los procesos de permisos que están pendientes en el gobierno central.

“El proceso en la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos termina porque es una decisión de política pública”, dijo el mandatario.

Lo mismo pasará con la evaluación que hace el oficial de Revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Noel Zamot,  de la iniciativa de la empresa Energy Answers como un proyecto crítico bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).

Rosselló Nevares explicó que esos proyectos necesitan el endoso de su oficina para que sean catalogados como  críticos, aval que no ocurrirá con su nueva decisión de política pública.

“En el proceso  de las iniciativas de revitalización, el oficial (de la JSF) nos envía los proyectos crítico y nosotros hacemos la evaluación en política pública y cumplimiento. En el caso particular de Energy Answers, la determinación es de política pública”, dijo.

Ayer, no fue posible obtener una reacción de la empresa, ni del oficial de Revitalización de la JSF.

Las razones

Según Rosselló Nevares, tras el azote de los huracanes Irma y María se reconceptualizó la transformación del sistema energético y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sostuvo que, bajo el nuevo esquema que se prevé para el sistema, el proyecto de incinerar basura para producir energía no tenía cabida.

Hace varias semanas, el  gobernador anunció en un mensaje especial televisado que impulsará la venta de los activos de la AEE y la concesión, a término definido, de la red de transmisión y distribución de electricidad.

Energy Answers proponía procesar 2,100 toneladas de basura al día para generar 80 megavatios de electricidad, que les serían vendidos a la AEE.

“Habíamos dado el espacio para el proyecto de Energy Answers basado en la realidad pasada, si se cumplía con una serie de objetivos y permisos. Al pasar el huracán y al presentar un nuevo modelo energético con objetivos agresivos en términos de lo que sería el precio del kilovatio-hora de energía,  entendemos que ya ese proyecto no cabe dentro de ese nuevo marco energético que queremos y, por lo tanto, no vamos a estar apoyándolo”, dijo Rosselló Nevares.

Recordó que, a inicios de mes, se convirtió en ley un proyecto cameral que le ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar un estudio ambiental y  establecer una política pública para la conservación de la reserva del Caño Tiburones, entre Arecibo y Barceloneta. Este humedal tenía el potencial de afectarse por la construcción de la incineradora, porque Energy Answers quería sacarle 2.1 millones de galones de agua al día para procesos en su planta.

“Nuestra administración asegurará que cualquier actividad en el área sea compatible con mantener la reserva natural y no afectar el caño”, agregó el gobernador.

“Estamos contentos de la decisión del gobernador y entendemos que se nos dio la razón. Ahora, la política pública debe ser para un país de basura cero”, dijo Conty, al enfatizar que en Puerto Rico existen oportunidades  en el área del reciclaje.

“Su acción (la del gobernador) valida los planteamientos que las comunidades y grupos han estado presentando por años: el incinerador no es un proyecto viable ni deseable tanto por razones económicas y fiscales como por razones de salud, sociales y ambientales”, dijo, por su parte, la exsecretaria de la gobernación e ingeniera ambiental, Ingrid Vila. (Reproducido de endi.com)