Líderes activistas anunciaron el restablecimiento del campamento de resistencia a la entrada del pueblo de Peñuelas, luego de que la cogeneradora AES Puerto Rico reiniciará operaciones la semana pasada a poco más de cuatro meses del paso del huracán María.

Jimmy Borrero, uno de los líderes del “Campamento contra las cenizas”, indicó que, si el gobierno y AES reanudan el envío de camiones “llenos de cenizas toxicas de carbón” a Peñuelas, “el pueblo los estará esperando en la calle nuevamente”.

“Si el gobernador (Ricardo) Rosselló, la AES y la basurera EC Waste insisten en seguir poniendo en peligro a nuestra comunidad, transportando esa basura radioactiva a nuestro pueblo, el mensaje es claro: los volveremos a esperar en la calle.  Ya nuestro campamento está listo”, dijo Borrero en comunicado de prensa.

“Si es verdad que quieren dirigir a este país hacia la energía renovable, que se olviden de quemar carbón, dejen apagada esa planta y que manden a limpiar el vertedero de cenizas tóxicas que tienen en el patio de la planta en Guayama”, agregó.

Por su parte, José M. Díaz, portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, Inc., acusó a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de “no cumplir sus funciones” en cuanto al manejo de las cenizas.

“La JCA ha sido negligente y no ha cumplido su función principal de proteger y conservar el medioambiente.  Al día de hoy, la JCA no ha investigado cuál ha sido el efecto del paso del huracán María en las más de 15,000 toneladas de cenizas tóxicas depositadas ilegalmente el año pasado en el vertedero de EC Waste”, expuso Díaz.

Señaló, asimismo, que, cuando se acercaban los huracanes Irma y María, la JCA le ordenó a AES Puerto Rico cubrir la “inmensa montaña de cenizas” que tiene en sus instalaciones, y “temerariamente la empresa se negó a cumplir”.

“Mientras se discute en los tribunales las multas impuestas a AES por negarse a cumplir la ley, las cenizas continúan a la intemperie y en algunos meses comienza nuevamente la temporada de huracanes. ¿Qué se espera para clausurar esta planta que tanto daño le hace al pueblo de Puerto Rico?”, cuestionó Díaz.

Entretanto, Víctor Alvarado Guzmán, miembro del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, aseveró que el gobierno tiene “suficiente evidencia” para prescindir del contrato de AES Puerto Rico.

“La carbonera AES se ha negado a cumplir las órdenes de la JCA, poniendo en peligro la salud y seguridad de los residentes de las áreas circundantes a sus instalaciones en Guayama; fue multada por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) en 2012 por contaminar los humedales cercanos a la planta; es la segunda fuente que más químicos contaminantes lanza al aire, según el Inventario de Emisiones Tóxicas de la EPA; engañó al gobierno de Puerto Rico cuando inicialmente aseguraron que las cenizas de carbón no eran un desperdicio y sí un agregado; en 2017 mintió en las vistas públicas del Senado sobre su participación en el envío de cenizas a República Dominicana, utilizando un informe invalidado por los tribunales dominicanos; y violó la Ley 40 al introducir, como contrabando, las cenizas volantes (“fly ash”) al vertedero de EC Waste.  Ante estos hechos, y los datos científicos que siguen surgiendo en cuanto a la toxicidad y peligrosidad de las cenizas, es hora ya de planificar el cierre de la planta, pues el gobierno tiene suficiente evidencia para prescindir de ese nefasto contrato”, sostuvo Alvarado Guzmán.

Los tres líderes activistas reafirmaron que, si el gobierno “vuelve a lanzar todo el aparato policiaco contra las comunidades, para proteger los intereses privados de AES y de EC Waste”, las confrontaciones retomarán su curso. (endi.com)