Varias organizaciones de Puerto Rico y de la diáspora auspiciaron una vista pública de pueblo donde un panel de juristas recibió testimonio sobre la situación social del pueblo de Puerto Rico que persiste a más de 110 días de que el huracán María azotara y devastara a Puerto Rico.

En la misma, celebrada el martes, 9 de enero representantes de organizaciones comunitarias que se han ocupado de las necesidades del pueblo en sus localidades hablaron de las condiciones que enfrentaron, cómo se organizaron y la situación que enfrentan al presente. El testimonio y el que se vierta en otras vistas públicas de pueblo que se espera se celebren en distintos puntos de Puerto Rico se llevará a la conmemoración en organismos internacionales del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre 2018.

La emoción, indignación y coraje se entremezclaron con los testimonios de Víctor Alvarado Guzmán del Comité Por Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa en Peñuelas, Alicia Carrasquillo Ortiz y Nesmari Cirino Carrasquillo, ambas de Medianía Alta, Sector Tocones, Loíza, María Cintrón Rios de la Olla Común y la Escuela Vila Mayo en Rio Piedras, Maritza González Cintrón, Creando Conciencia, Mi Tierra Grita (Agua para Todos), Aleida Centeno de Madres de Negro, Arecibo, Maria Elba Torres de Afrodescendencia Puerto Rico, y Luis Calderón de Cocina135 PR. Los ponentes elaboraron sobre los daños que sufrió la gente en sus comunidades, sobre cómo se organizaron además que en algunos casos tuvieron que superar problemas tecnológicos e incluso de ley, como ha tenido que hacer Agua para Todos, según testificó Maritza González.

El abandono de comunidades, la negligencia de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, la sed, hambre, oscuridad que persisten y en general la respuesta lenta e inadecuada a los estragos del huracán María han sido denunciados como una crasa violación a los derechos humanos y genocidio del pueblo de Puerto Rico por lo cual hay que exigir rendimiento de cuentas, fueron los planteamientos de trasfondo.

El panel que recibió el testimonio en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan, fue integrado por los juristas y licenciados(as) Annette Martínez del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Wilma Reverón Collazo, copresidenta del MINH, Ana Irma Rivera Lassen, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y Osvaldo Toledo García, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Juristas. Las licenciadas Annette Martínez y Ana Irma Rivera Lassen han desarrollado trabajo sobre los derechos humanos en Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han presentado informes al respecto. Como introducción a la vista pública las licenciadas Wilma Reverón y Annette Martínez elaboraron sobre los conceptos de los derechos humanos y el trabajo en los organismos internacionales, respectivamente.

La vista pública forma parte de una serie de vistas, incluyendo en la diáspora, con el propósito de presentar los testimonios a nivel internacional. Recientemente varias organizaciones en Nueva York hicieron una actividad similar y una similar fue celebrada en Puerto Rico en noviembre.

Auspiciaron la Vista Pública de Pueblo del 9 de enero la Corporación Piñones se Integra (COPI), el Centro Cultural Caribeño/Instituto de la Diáspora Africana, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Afro-descendencia Puerto Rico, la Iniciativa de Justicia Creativa y el Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas, entre otras. El Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas coordina muchos aspectos de la presentación del caso de Puerto Rico en Naciones Unidas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 y abarca derechos sociales al igual que derechos civiles y políticos enarbolando como sagrados los derechos a la vida y la dignidad.

Es de notar que una resolución de Naciones Unidas adoptada recientemente “expresa su profunda preocupación sobre el número y magnitud de los desastres naturales y su impacto devastador este año [2017] sobre los territorios no-autónomos del Caribe lo que resultó en la pérdida de vida y consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas a sus sociedades y afecta negativamente el logro del desarrollo sostenible en estos territorios […] al igual que en Puerto Rico cuya situación atiende el Comité Especial [de Descolonización].”

(Claridad)