(Washington, D.C.) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifiesta su preocupación por la situación de derechos humanos que continúa afectando a las y los habitantes de Puerto Rico tras la devastación ocasionada por el impacto de dos huracanes en septiembre de 2017, generando carencias y escasez de servicios básicos y por lo tanto barreras para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La CIDH urge a Estados Unidos a adoptar medidas para responder a los problemas de derechos humanos identificados.

La devastación ocasionada por los huracanes Irma y María en septiembre del 2017 generó carencias generales de servicios básicos como agua potable, luz y electricidad, alimentos, medicinas y atención general a la salud, así como telecomunicaciones. Esta situación tiene lugar en un contexto de crisis económica estructural y niveles acentuados de pobreza.

La CIDH exhorta a Estados Unidos a continuar ofreciendo asistencia humanitaria a la isla para mitigar los efectos de los huracanes y apoyo sostenido para reconstruir su infraestructura, considerando la crisis económica y social que atraviesa. La Comisión urge asimismo a las autoridades federales de Estados Unidos y locales de Puerto Rico a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios básicos que faciliten el acceso de la población a agua potable y alimentación, energía eléctrica, asistencia a la salud, telefonía e internet. Las medidas adoptadas por Estados Unidos para responder a los problemas de derechos humanos que atraviesa Puerto Rico deben ser definidas e implementadas con la participación y considerando las voces y perspectivas de las y los habitantes de la isla.

La Comisión manifiesta su preocupación por información recibida que indica que la respuesta de Estados Unidos frente a la situación en Puerto Rico ha sido menos rápida y eficiente que ante similares situaciones en otras partes del país. Puerto Rico es el territorio con las tasas más altas de pobreza y de pobreza extrema en Estados Unidos. Adicionalmente, se ha recibido información sobre escasez de materiales para la reconstrucción de la isla, así como denuncias sobre la falta de acceso, en la práctica, a la ayuda humanitaria ofrecida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). En muchos casos el material destinado a reconstruir la isla y abastecer las necesidades básicas de la población ha permanecido en los puertos de San Juan por la destrucción de vías principales para llevarlos a su destino. Esto es agravado por la ausencia de un plan para su efectiva distribución. Los graves daños a las carreteras y la falta de acceso a vías alternas además afecta el libre tránsito de la población en busca de alimentos, agua y servicios de salud. Ante esta situación, la CIDH insta a Estados Unidos a adoptar medidas inmediatas y sin discriminación alguna a fin de responder a la situación generada por los huracanes y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos en Puerto Rico.

“A más de tres meses del devastador paso de los huracanes por Puerto Rico, estamos profundamente consternados por la falta de respuesta del Estado de Estados Unidos para garantizar de manera eficaz los derechos humanos del pueblo puertorriqueño”, dijo la Relatora de CIDH para Estados Unidos, Comisionada Margarette May Macaulay. “El Estado está obligado a adoptar medidas exhaustivas para garantizar que puertorriqueños y puertorriqueñas reciban un trato igual al del resto de los ciudadanos y las ciudadanas estadounidenses”, agregó.

Al respecto, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, observó que los desastres naturales suelen agravar situaciones ya existentes de desigualdad económica, discriminación y vulnerabilidad. "Es fundamental elaborar, diseñar e implementar medidas de respuesta a esta situación de conformidad con el principio de igualdad y no-discriminación”, dijo la Relatora Especial. “Animamos a Estados Unidos a crear mecanismos de alerta temprana y prevención del impacto de los desastres naturales que puedan afectar a la isla en el futuro, asegurando la participación de sus habitantes en la identificación, implementación y monitoreo de los mismos".

Por otra parte, antes del devastador paso de los huracanes en septiembre, se habían anunciado medidas de austeridad como resultado de la crisis económica y el alto nivel de deuda pública de Puerto Rico. Especialistas internacionales advirtieron las consecuencias que estas medidas tendrán, incluyendo un aumento significativo de la pobreza y obstáculos adicionales para el goce de los derechos humanos de los y las habitantes de la isla. La CIDH recuerda que las medidas de austeridad que afectan negativamente el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sólo son permisibles en circunstancias excepcionales. Si estas medidas que tienen impacto en el ejercicio y goce de los derechos de las personas son inevitables, deben ser de carácter temporal y ser aplicadas de forma no discriminatoria y ser diseñadas y adoptadas de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

De acuerdo con la información recibida, ciertos grupos de personas en situación de riesgo y vulnerabilidad están afectados en forma desproporcionada. Por ejemplo, la CIDH recibió datos de personas con enfermedades graves cuya salud se ha deteriorado como consecuencia de las interrupciones en los servicios médicos, así como denuncias de acoso sexual contra mujeres en albergues temporales tras el paso de los huracanes. Otros grupos afectados en forma desproporcionada son las personas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, personas afrodescendientes y personas migrantes, en particular aquellas en situación irregular. En este sentido, la CIDH insta a los Estados Unidos a adoptar medidas específicas adicionales para atender las necesidades particulares de estos y otros grupos de personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, según información periodística, cientos de miles de personas podrían verse obligadas a desplazarse de la isla en los próximos meses, como resultado de la falta de acceso a recursos. La CIDH reitera su llamado a Estados Unidos a adoptar medidas para responder de manera efectiva a la situación de la población desplazada, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como teniendo en cuenta los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Asimismo, la Comisión urge a Estados Unidos a desarrollar e implementar programas de mitigación, adaptación y resiliencia para ayudar a sus comunidades a disminuir los riesgos y destrucción que puedan generar los desastres naturales y el cambio climático.

La CIDH se pone a disposición de las autoridades estatales para cooperar técnicamente, en el marco de su mandato, en la implementación de medidas ajustadas a los estándares interamericanos de derechos humanos. En seguimiento de las audiencias públicas realizadas en el marco del 166º periodo de sesiones en Washington, la CIDH llama a Estados Unidos a dar su anuencia para la realización de una visita in loco al país, incluyendo Puerto Rico.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.