La Coalición de Organizaciones Anti-Incineración levantó una denuncia contra el mecanismo de evaluación y determinación de proyecto crítico que ha llevado a cabo la Junta de Control Fiscal (JCF), para el controversial proyecto del Incinerador de Energy Answers.

Según expresó la coordinadora de la Coalición, Myrna Conty, el proceso de anunciar el proyecto del Incinerador como crítico, no es otra cosa que una excusa para darle trato preferencial a esta compañía, olvidando que durante años estos no han podido cumplir con el proceso de permisos y mucho menos conseguir el dinero para realizarlo. “Nos alarma el hecho de que en la información que presenta la JCF se presenta este proyecto como que solo usará dinero privado, pero no dice que pretenden que los quebrados municipios paguen por este proyecto. Justo en esta semana la Junta le denegó acceso a $100 millones para aliviar los gastos municipales por los huracanes y le quieren espetar una factura de ¡$1 billón! más los gastos de transporte. No podemos olvidar que tan reciente como el año pasado el Departamento de Agricultura Federal les denegó el préstamo que estaban pidiendo para hacer el proyecto”.

La Clínica de Derecho Ambiental de Universidad de Puerto Rico (UPR), en una carta enviada a la JCF, señaló que el procedimiento que ha seguido la Junta para pedir comentario no cumple con lo establecido en la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), alegaron que la solicitud de comentarios debe estar acompañada o precedida por un informe, por lo que se debe aplazar el periodo de comentarios.

“El procedimiento de participación pública es una burla. Cómo ellos pretenden que ciudadanos de Arecibo, los cuales muchos aún no tienen ni electricidad ni internet, busquen una computadora y emitan comentarios por internet”, expresó Conty.

Por su parte, según el químico Osvaldo Rosario, Energy Answers (EA), propone generar 70 Megawatts, de los cuales utilizarían 10 y obligarían a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a comprar el restante 60. “Al momento, la AEE genera más de lo que necesita, comprar energía a EA no solo no es necesario, sino que es un mal negocio. Le venderían la energía generada a la AEE a un costo mayor del que la genera la AEE, si a esto le sumamos el costo de transmisión de la AEE, estamos hablando de un costo absurdo, el cual a fin de cuenta lo acabará pagando el consumidor”.

“Además, denunciamos la intervención corrupta del ex gobernador Fortuño. Este señor fue abogado en los 90s de esta propuesta y en 2010 como gobernador facilitó la mayor parte de los permisos de Energy Answers. Hace unas semanas el periódico El Vocero destapó sus traqueteos por debajo de la mesa favoreciendo a esta corporación”, sentenció.

Conty finalizó expresando que “no sabemos dónde ha estado la JCF estos últimos años y más aún estos últimos meses cuando hemos estado denunciando y alertado la gran emergencia ambiental y social que hubiera ocurrido luego del paso del huracán María, si el Incinerador hubiera estado construido donde pretenden. ¿Acaso no se enteraron que todo el lugar propuesto quedó bajo agua?”.