Frente a la nueva realidad del pueblo de Puerto Rico provocada por los huracanes Irma y María, la Junta de Control Fiscal (JCF), aceleró su paso para liquidar los haberes del país para con el sobrante pagar a los acreedores.

En su décima reunión pública la JCF le “solicitó” al Gobierno de Puerto Rico, la preparación de un nuevo plan fiscal (PF)  a cinco años que incluya una evaluación  de los daños causados por María, planes nuevos para lograr reformas estructurales y fiscales; adoptó una política para revisar todo contrato del Gobierno que exceda los $10 millones, aunque se reserva la potestad de revisar todo aquel de menor cuantía que les levante “preocupación”. Ademas de confiar en que la juez Taylor acepte su petición de que certifique a Noel Zamot como oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La petición respecto al nombramiento de Zamot que ha provocado un “nuevo enfrentamiento entre la JCF y la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, fue presentada días antes de la reunión efectuada el martes 31 de octubre, en la sede del Colegio de Ingenieros, en Hato Rey.

“Los huracanes Irma y María han cambiado la realidad de Puerto Rico, pero no han alterado los propósitos principales  de Promesa”, declaró la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, quien devenga un sueldo de $625 mil anuales, que paga el pueblo de Puerto Rico.

En la reunión la cual  contó con la presencia de todos los miembros de la Junta, tanto la Directora Ejecutiva, como Ana Matosantos y el presidente José B. Carrión III reiteraron en varias ocasiones a preguntas de la prensa la necesidad de un nuevo PF.

“Ahora tenemos que ver la situación demográfica, ¿qué está pasando con los recaudos, con los gastos en general?. Parte de la importancia de que el presupuesto se haga en cinco años que es saber que está pasando con Puerto Rico  ahora más que no  tenemos claro las personas que se van a ir de la isla después de Irma y María” dijo Matosantos al justificar la necesidad del nuevo plan.

El Presidente de la JCF, también señaló que: “el plan fiscal que se avecina debería reflejar el Puerto Rico  post María”. Carrión rechazó el que la reducción del Gobierno sea una meta de la Junta aunque sí admitió que “eso de por si era necesario obviamente es una realidad”. En cuanto a la política de contratación rechazó que fuese una reacción al contrato por la AEE de Whitefish, “es algo que simplemente íbamos a implementar como quiera”. A estas expresiones de Carrión hay que traer a la atención que la privatización de la AEE es algo que ya estaba en el plan de la JCF.

El Gobierno tiene hasta el 22 de diciembre para entregar el nuevo PF, el cual tiene que reflejar como se van a gastar  los fondos que provea el gobierno de Estados Unidos para la recuperación de Puerto Rico.  Por parte de la Junta se dijo que, esperan tenerlo certificado para el dos de febrero de 2018. Los préstamos que haga el gobierno de Puerto Rico también tendrán que ser aprobados bajo la ley Promesa.

Insensible la Junta

“Lo que he visto hasta ahora de las expresiones de la Junta de Control Fiscal son de una insensibilidad pasmosa, por ejemplo oí una expresión que ‘tenían que ver que quedaba del pueblo de Puerto Rico’  como si esto fuera una corporación que vas a liquidar, olvídate de la gente, olvídate de la crisis humanitaria de los seres humanos que vivimos aquí en Puerto Rico”, manifestó a CLARIDAD, la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, miembro del grupo Concertación Contra la Junta.

La activista denunció que en su reunión la JCF  no está haciendo un anuncio de que hay una mirada humanitaria de su parte hacia del pueblo de Puerto Rico, sino “una mirada a ver que queda de la gente, que queda de los activos, que se puede liquidar, literalmente eso es lo que yo interpreto de la Junta de Control Fiscal”.

Por el contrario Rivera Lassén atribuyó que la Junta lo que quiere es acelerar el proceso de liquidación para que pueda tener algo con que responderle a  los bonistas sobre todo a los Fondos Buitres.  Reconoció que ante el proceder de la Junta la actitud de mucha gente es decir que el gobierno de Puerto Rico ha actuado mal ante la emergencia, y aunque reconoció que es cierto que el gobierno no ha hecho lo que hay que hacer, que ha actuado mal y que no estaba preparado para una crisis como la provocada por el huracán “eso no puede justificar   que la Junta pretenda liquidarnos como si fuéramos una corporación, eso es inaceptable”.

Rivera Lassén destacó que ahora el pueblo de Puerto Rico tiene dos retos ante si, uno, exigirle al Gobierno de Puerto Rico que haga lo que tiene que hacer frente a la crisis provocada por María y que cobran más vigencias las demandas para que se descubra todo lo relacionado con la deuda de Puerto Rico, y seguir rechazando la injerencia de la JCF en Puerto Rico “que es una totalmente  insensible al pueblo de Puerto Rico  que viene más  que nunca a tomar el control no para darnos ayuda, no para hacer que el pueblo tenga un motor para seguir generando su propia autonomía económica, sino para liquidarnos como pueblo que son dos cosas muy distintas entonces  ahora esos son los retos”.