A continuación la ponencia presentada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios ante el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas.

Señor Presidente, Distinguidas y Distinguidos integrantes de la Mesa, Jefes y Jefas de Delegación, Integrantes de la Secretaría, Señoras y Señores:

Mi nombre es Marta Bustillo Hernández, y les hablo en representación de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), organización magisterial fundada el 9 de marzo de 1961, que representa la mayor cantidad de docentes en el sistema de educación superior público de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Nuestra organización, con un espíritu democrático, fundamenta sus principios y acciones en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas.

Por más de cien (100) años, la Universidad de Puerto Rico ha brindado acceso a una educación universitaria de excelencia a miles de puertorriqueños y puertorriqueñas y ha servido como principal centro de investigación del País. Esto ha sido posible gracias al financiamiento público provisto por el gobierno de Puerto Rico y a la dedicación de miles de profesores, investigadores y empleados no docentes que laboran día a día para proveer enseñanza de calidad en la diversidad de programas académicos que inciden en el desarrollo del conocimiento nuevo.

Puerto Rico como nación ha sobrevivido por 119 años, a pesar de encontrarse secuestrada en sus derechos políticos, jurídicos, económicos y comerciales por el Congreso de los Estados Unidos de Norte América. Es esa rama del gobierno norteamericano la que se abroga el poder político sobre la nación puertorriqueña y la que fuera ente creador de la Ley PROMESA que impuso, el año pasado, una Junta de Control Fiscal Federal para obligar medidas de austeridad contra nuestro pueblo en aras de pagar una deuda ilegal e ilegítima. Este organismo colonial está integrado de siete miembros que no son seleccionados ni electos por el pueblo de Puerto Rico y se le otorgaron poderes absolutos sobre nuestros funcionarios electos, aun cuando algunos de éstos son responsables de la creación de la deuda.

Hoy, nuestra universidad pública está amenazada y nuestra nación enfrenta otra afronta a su desarrollo humano, económico, social, cultural y político que por su situación colonial le impide utilizar los mecanismos jurídicos internacionales para reclamar sus derechos y exigir el resarcimiento de agravios. La Junta de Control Fiscal Federal pretende imponer una reducción de sobre 3 mil millones de dólares en los próximos diez años a la Universidad de Puerto Rico, institución que es y ha sido el proyecto socioeconómico y de justicia social más exitoso en la historia de la nación puertorriqueña.

La Junta, con su meta de pagar a los acreedores a toda costa y su visión neoliberal impuesta desde la metrópolis, desconoce o no le interesa conocer lo que estos recortes implicarían. Con un nivel de pobreza de un 46% versus un 13% en EEUU, y un ingreso promedio familiar de solo $18 mil dólares al año contrario a $55 mil anuales en los EEUU, los recortes a los servicios esenciales implicarán un estado de mayor cantidad de personas indefensas ante la salud y la educación y por ende una mayor miseria en el país.

La educación universitaria de alta calidad a bajo costo en la UPR ofrece la posibilidad real de superar los límites personales, sociales y culturales que impone la pobreza. Más del 55% de nuestro estudiantado proviene de escuelas públicas y la mayoría de quienes admitimos provienen de familias con ingresos anuales de $30,000 o menos. Cerca del 60% del estudiantado recibe subsidios por necesidad económica para sufragar sus estudios en nuestro sistema público.

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) es una organización pluralista que entiende, junto con toda la comunidad universitaria – estudiantes, docentes, no docentes, gremios y la administración — la importancia de la UPR como universidad pública de excelencia y accesible. Sabemos que los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal Federal son un ataque que amenaza su existencia y que con ese acto, también, la Junta y el gobierno norteamericano amenazan el derecho al desarrollo socio-económico de Puerto Rico. Nos parece claro que la imposición del gobierno de los Estados Unidos sobre Puerto Rico ha llegado a niveles insostenibles que urge denunciarlo ante la comunidad de naciones libres del globo.

Por tanto, respetuosamente acudimos ante este Comité Especial de Descolonización a:

denunciar el ataque actual del poder colonial que impone el Congreso Norteamericano y su Junta de Control Fiscal contra la dignidad de la nación puertorriqueña, particularmente contra lo que ha sido hasta ahora la política pública de Puerto Rico de garantizarle al país los servicios esenciales de salud y educación universitaria a bajo costo;
reafirmar que la UPR es un elemento imprescindible para la reconstrucción del país y una pieza clave en la resistencia ante el poder colonial;
recabar el apoyo de la comunidad internacional para que se le exija al gobierno de los Estados Unidos el cese de agravios y que garantice la prestación de los servicios esenciales de salud y educación pública de excelencia al menor costo posible;

Y peticionar a la Asamblea General de la ONU que le exija a los Estados Unidos que inicie un proceso serio dentro del marco del derecho internacional y la Resolución 1514 (XV) que encamine la nación puertorriqueña a una total descolonización, de forma tal que garantice que nuestra nación pueda ejercer su derecho a la libre autodeterminación.

Sometido hoy lunes 19 de junio de 2017 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.

(* Reproducido de un comunicado enviado por la oficina nacional de la APPU. 80grados/minhpuertorico.org)