A partir del sábado, 17 de junio, entró en vigor el aumento en las tarifas en las autopistas PR-22 y PR-5. El cobro del peaje será en ambas direcciones mediante el uso de los pórticos bidireccionales que se han instalado en dichas vías.

Las plazas de peaje de Buchanan, Toa Baja, Vega Baja y Hatillo, aumentaron de $1.20 a $1.30; y las de Manatí y Arecibo de $1.80 a $1.90. De esa forma, un viaje de Buchanan a Hatillo, ida y vuelta, costará $8.90.

El aumento del peaje en estas dos carreteras será constante. El contrato que la administración de Luis Fortuño firmó a nombre del pueblo de Puerto Rico autoriza a la empresa Metropistas a aumentar el precio del peaje anualmente de acuerdo a la tasa establecida por el Índice de Precios del Consumidor de los Estados Unidos, más 1.5% para ajustarlo al nivel de inflación local. Si esto no fuera poco, le da el poder para redondear el aumento a la décima siguiente. Así, un aumento de sólo 4 centavos, Metropistas lo redondea a 10.

Si leonino fue el contrato firmado por la administración Fortuño, igual fue el de la extensión a diez años que formalizó García Padilla, en 2016. Ambos, rojos y azules, tiene entera responsabilidad en las deficiencias de estos contratos.

Discutir y acordar un contrato presume que las partes participantes no solamente actúen de buena fe, sino que sean dignos representantes de las mismas. Si a un lado de la mesa está el privatizador defendiendo, obviamente, sus intereses económicos, en el otro debe estar un funcionario valiente y serio, defendiendo los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero la realidad no ha sido esa; y estos dos contratos son el mejor ejemplo de ello.

El primero (2011), privó a la Autoridad de Carreteras de un ingreso aproximado de 90 millones de dólares anuales, autorizó los aumentos de peajes todos los años y comprometió a la Autoridad a cobrar las multas (que no había cobrado para sí por incapacidad o negligencia) y a remitir el dinero a Metropistas en un plazo de 30 días, so pena de pago de intereses.

El segundo contrato se desarrolló por iniciativa de Metropistas y por un pago de 115 millones, acordaron extender a 50 el número de años del contrato, aumentar el peaje de la PR-5 que sería bidireccional, reducir el porciento de la colecta general de la ACT de 50% a 25% y reducir, además, el ingreso del peaje dinámico (DTL) de 50% a 25%, entre otras medidas nefastas.

Como se observa, los representantes del Gobierno de Puerto Rico en la discusión y firmas de estos contratos, no hicieron su trabajo como es debido. (endi.com/minhpuertorico.org)