La ofensiva lanzada por el gobierno del doctor Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) para convertir a Puerto Rico en el estado número 51 de Estados Unidos de América no ha tenido tregua, desde la inauguración del nuevo gobierno de Puerto Rico el pasado mes de enero.

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Comité de Puerto Rico en las Naciones Unidas

Boletín Puerto Rico Al Día

junio 2017 (2) olgasdavila@gmail.com, 787-360-0457

Dos caminos: un mismo fracaso de la ofensiva a favor de la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos

La ofensiva lanzada por el gobierno del doctor Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) para convertir a Puerto Rico en el estado número 51 de Estados Unidos de América no ha tenido tregua, desde la inauguración del nuevo gobierno de Puerto Rico el pasado mes de enero.

Basado en organizar dos frentes para presionar al Congreso de Estados Unidos a expresarse sobre la anexión de Puerto Rico, el esfuerzo ha incluido la celebración de un “plebiscito” o consulta electoral a la ciudadanía sobre su preferencia de estatus para la Isla y la aprobación del llamado “Plan Tennessee”, una ofensiva de cabildeo parecida a la que se usó en dicho estado, cuando aún era territorio, para impulsar su anexión a la unión norteamericana.

Todo esto ha sido organizado y financiado por el gobierno anexionista del doctor Rosselló en medio de la peor crisis fiscal y económica que ha sufrido Puerto Rico por los pasados 50 años. Ante la quiebra del País- ya se iniciaron los procedimientos de quiebra ante una jueza de quiebras nombrada por el Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos- el cierre de escuelas, el recorte de beneficios a trabajadores del gobierno y la empresa privada, la posibilidad de reducciones de jornada laboral y en las pensiones de los retirados del gobierno, el recorte de $500 millones proyectado para la Universidad de Puerto Rico, la única institución de educación superior pública del País, y el racionamiento  en la salud, la educación y otros servicios esenciales para la población más vulnerable- el gobierno ha utilizado 7 millones de dólares de dinero público para financiar una ofensiva anexionista que la mayoría del país ha rechazado  abrumadoramente.

En las informaciones que se reproducen a continuación, se examina el llamado plebiscito, celebrado el pasado domingo, 11 de junio, y el rechazo rotundo que recibió por parte del pueblo puertorriqueño que resistió una ofensiva mediática brutal donde se invirtieron más de $2 millones en los principales medios de televisión, radio y prensa. El plebiscito- que fue impulsado por el partido anexionista y boicoteado por las demás fuerzas políticas significativas del país- solo atrajo un poco más de 500,000 electores, el 23% de los inscritos para votar en Puerto Rico. En este plebiscito, la estadidad perdió más de 300,000 votos si se compara con los resultados de la más reciente consulta de estatus, en el 2012, cuando obtuvieron más de 800,000 votos para la fórmula de estadidad.

En la otra noticia que circulamos,  se examina la ley del llamado Plan Tennessee, un costosísimo y complicado plan de cabildeo a favor de la anexión que, al igual que el llamado plebiscito, cuenta con muy escasas posibilidades de éxito ante el gobierno de Washington. En el último año nada más, todas las ramas del gobierno de Estados Unidos han dado señales claras de no estar interesadas en considerar ninguna posibilidad para la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos en estos momentos o en el futuro.

Un fiasco que estaba anunciado

(El siguiente análisis, del periodista y abogado Manuel de J. González, es tomado de la edición del semanario independentista Claridad del 14 de junio de 2017).

Si la prensa actuara como lo hizo el pueblo puertorriqueño, ignoraría el resultado del “plebiscito” (con comillas, por favor) y se pondría a hablar de cosas más interesantes. Porque un evento electoral en el que, a pesar de la evidente manipulación, solo aparece votando el 23% de los electores, no debiera comentarse como si fuera un acontecimiento. El pueblo optó por irse a los parques o a la playa en un día particularmente caluroso, dejando a los anexionistas solos en una fiesta con aires de velorio que, para colmar el vaso, fue descaradamente financiada con fondos públicos extraídos de un tesoro quebrado.

Pero a pesar de que el rechazo del pueblo fue apabullante- porque tres cuartas partes de los electores optaron por no participar- los titulares de los medios digitales este domingo por la tarde eran que “ganó” la estadidad, como si de verdad pudiera ganar un corredor que transita solo en una carrera inventada por él mismo. Al otro día el tono cambió. En la prensa estadounidense, sin embargo, desde la primera noticia del día el énfasis estuvo en la “histórica” (la palabra es de uno de esos medios) baja participación. Allá, a donde irán los anexionistas a promover su causa, nadie se creyó el cuento del “triunfo de la estadidad”.

Tras la debacle del 23 por ciento (a pesar de la manipulación), la pregunta que se hacen algunos es por qué los anexionistas mantuvieron vivo su “plebiscito” luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos les negó el uso de fondos previamente legislados para esa consulta y, de paso, les exigió que pusieran la colonia –llamada “territorio”- como opción en la papeleta de votación. El tono de aquella carta no dejaba duda alguna de que la actual administración de Estados Unidos no quiere dejar abierta la más mínima rendija por la cual se pueda atisbar un posible apoyo a la estadidad. Negaron el uso de fondos, cambiaron el contenido de la papeleta y, adelantándose a otra manipulación, advirtieron que ante cualquier nueva petición necesitaban “mucho tiempo” para evaluar lo que se les someta. Como ven, cerraron todas las puertas y luego las remacharon advirtiendo de que el reclamo de que sólo la estadidad “garantiza la ciudadanía americana” era falso.

Ante ese aguacero, los anexionistas boricuas pudieron haberse guarecido con el argumento de que incluir la colonia como alternativa en una consulta dirigida a resolver nuestro problema de estatus no permitía una consulta digna. Es a todas luces absurdo que lo que efectivamente es el problema- la colonia -aparezca como alternativa para su solución. Y resultaba aún más indignante que fuera la metrópolis colonizadora la que exigiera ese particular contenido de la papeleta. Ante el nuevo escenario creado por la carta de Justicia federal, lo correcto y lo digno desde el punto de vista político era posponer o anular la consulta.

La posposición, además, hubiese tenido sentido luego de los eventos que se desencadenaron en Puerto Rico durante los primeros cinco meses del año, mientras los anexionistas solos estaban en campaña plebiscitaria. Lo que comenzó como un impago de la deuda y severas medidas de austeridad fiscal impuestas por la Junta de Control Fiscal, culminaron en la declaración formal de quiebra ante una juez llegada desde Estados Unidos. Ese hecho significa que todo el país fue formalmente declarado en bancarrota y que toda la operación del gobierno estaría a partir de ese momento sometido al escrutinio de un procedimiento judicial.

Esos eventos, junto a la creciente estrechez económica, crearon un ambiente de desasosiego e incertidumbre que, lógicamente, afectarían cualquier proceso de votación. Como dijo un alcalde del PNP, “el país no está para plebiscitos”. De paso, advirtió sobre la debacle que efectivamente llegaría más tarde.

Fuera de aquí la noticia de la quiebra se juntó con la del plebiscito y con evidente sorna muchos periódicos en Estados Unidos comentaban con asombro que en Puerto Rico se estuviera celebrando un evento electoral para solicitar la estadidad en el mismo instante en que se daba inicio a la quiebra formal. Esa combinación de eventos no les  hacía sentido a los periodistas extranjeros y en realidad así es. Cualquier petición de estadidad en estos momentos sólo puede provocar risa. Uno tras otro los principales medios de prensa de Estados Unidos publicaron reportajes asombrándose de que en estas circunstancias se pretendiera celebrar una consulta de estatus que pudiera culminar en una petición de estadidad.

Nada de esto detuvo al joven gobernador anexionista. Insistió en la consulta gastando más de siete millones de fondos públicos de un país en quiebra para al fin obtener una “victoria” donde la estadidad aparece sacando menos votos- cien mil menos -que los que el candidato a la gobernación del PNP obtuvo hace apenas siete meses.

Cuando vayan a presentar esos números en Washington se reirán de ellos, pero para los puertorriqueños, que hemos visto cómo se despilfarraron siete millones de dólares en un plebiscito tonto, el asunto no nos da risa. Sólo rabia.

Antes de terminar este artículo se impone una pregunta: ¿quién hizo la encuesta de El Nuevo Día donde se predice que el 72 por ciento de los electores iría a votar? Ese anuncio se hizo apenas unos días antes del evento y durante ese tiempo nada ocurrió que pudo alterar la intención de los votantes. Resulta evidente, por tanto, que la encuesta fue un fiasco, tan grande como el plebiscito mismo, o que se hizo con un evidente intento de manipulación.

Resistencia puertorriqueña derrota al plebiscito de Roselló y el PNP

(El siguiente comentario editorial fue publicado en la edición del semanario independentista Claridad del 12 de junio de 2017)

En medio de la discusión, análisis y comentarios en torno a la fallida consulta de estatus celebrada el pasado domingo, sobresalen dos verdades como principal resultado. Primero, que el boicot a la consulta fue un triunfo de la resistencia del pueblo puertorriqueño ante la patraña orquestada y montada por el sector que persigue la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, capitaneado por el gobernador Ricardo Rosselló y toda la plana mayor de su gobierno y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Segundo, que el apoyo a la estadidad sigue desinflándose en la medida en que la ciudadanía se va dando cuenta de que no concuerdan la actitud de Estados Unidos hacia Puerto Rico con las “villas y castillas” que supuestamente disfrutaría nuestro pueblo de advenir la estadidad.

Ésa ha sido precisamente la carnada que han utilizado los anexionistas para enganchar a nuestro pueblo por la ruta de su disolución. Esta vez les falló la estrategia y solo acudió a las urnas medio millón de votantes, un 23% del censo electoral en nuestro país, y 300,000 votos menos de los que obtuvo la estadidad en el plebiscito del 2012. A la estadidad le pasó como a un globo que pierde aire en la medida en que se precipita desde las alturas hacia el vacío. Así mismo, como a un globo vacío, les tratarán de aquí en adelante en las distintas instancias donde vayan con su “prédica” en Estados Unidos y otros lugares.

Una medida de la actitud de Estados Unidos hacia la estadidad para Puerto Rico es su prensa. Sin excepción, todos los medios enfatizaron en [la] pobre afluencia de público a las urnas como lo más significativo del evento. El supuesto 97% de apoyo que recibió la estadidad quedó sepultado bajo el aluvión de cuestionamientos de la prensa a las premisas de la consulta y a la participación de nuestro electorado. Un perfecto ejemplo de esa tendencia es el artículo titulado “Puerto Rico votes again on statehood, but U.S. not ready to put 51st. star on the flag” y publicado en la red Yahoo News. Es interesante no sólo por la descripción que hace de nuestro predicamento colonial y las distintas posturas ante el mismo, especialmente la del Congreso de Estados Unidos, sino por la reveladora sección de comentarios donde 622 estadounidenses comunes y corrientes vierten sus opiniones sobre nosotros llamándonos sanguijuelas, vagos o mantenidos, entre otras lindezas, y abogando porque se nos conceda la independencia para así poder zafarse de nosotros. En la medida en que más puertorriqueños tengan acceso a artículos y comentarios como los mencionados, mayor será la resistencia de nuestro pueblo a unirnos a una nación donde tanto se nos desprecia y desconoce, aún después de 119 años desde la colonización.

Este simulacro de plebiscito dejó al descubierto también que no se puede insultar la inteligencia de nuestra gente sin consecuencias para el que lo hace. Por eso fue tan exitosa- además de ingeniosa y creativa- la campaña de “memes” en las redes sociales, la cual fue creciendo como un alud en los días previos a la consulta, donde se exageraban hasta el ridículo los llamados atributos de la estadidad. A través de la aportación colectiva de tantas personas que crearon esos “memes”, se desnudó la trivialidad absoluta de un evento electoral predicado en la venta de una fórmula de estatus- en este caso, la estadidad- como si fuera una mercancía o el resultado de un acto de magia. Magia es lo que necesitarán ahora los propulsores de la estadidad- y sus asesores de comunicación -para tratar de encontrarle algo positivo a los abismales resultados obtenidos por su fórmula este pasado domingo.

Tal pareciera como si la historia quisiera pasarles la factura por lo ocurrido en julio del 2005 con el referéndum de la unicameralidad, cuando muchos de los mismos líderes del PNP que hoy alaban los resultados de la estadidad en la consulta de este pasado domingo, intencionalmente ignoraron y ridiculizaron, por escasa e insuficiente, a la mayoría de 467,000 electores que votó por la legislatura de una sola cámara, representando un 22% del electorado en ese momento.

Afortunadamente, la encerrona en que el gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP pretendieron meter al pueblo puertorriqueño ha terminado con un triunfo para la resistencia y una derrota para la pretensión de estadidad. Ahora nos corresponde enfilar las miras de nuestros esfuerzos hacia el objetivo más grande e importante de defender al País de la Junta de Control Fiscal, y de un plan fiscal y un presupuesto gubernamental que llevarán a la ruina a mucha de nuestra gente. Igualmente, nos corresponde contribuir a juntar las mejores mentes y voluntades en un esfuerzo abarcador, bien pensado y estructurado, para repensar a Puerto Rico, ayudar a levantarlo sobre sus pies y encaminarlo por el camino de la soberanía política y la justicia social.

El Plan Tennessee: sólo para anexionistas pero pagado por  todo el pueblo

No conformes con haber llevado a cabo un plebiscito fallido que costó cerca de $8 millones al pueblo, y que fue el de más baja participación en la historia de estos eventos, con una merma de 300,000 votos para la anexión en comparación con la consulta anterior del 2012, el gobierno anexionista de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista aprobaron una nueva ley, llamada de la igualdad, y conocida como Plan Tennessee, para tratar de conseguir la anexión usando los fondos de todo el pueblo de Puerto Rico.

Para la estrategia de cabildeo, basada en la que usó el entonces territorio de Tennessee para lograr su admisión a Estados Unidos, el Gobernador seleccionará a siete personas que irán al Congreso de Estados Unidos por tiempo indefinido a presionar a favor de la anexión de la Isla.

Esta es una estrategia que solo respaldan los anexionistas, quienes son una minoría en Puerto Rico. Según las consultas de estatus celebradas, la anexión o estadidad nunca ha superado el 46% del electorado, y ahora menos, cuando perdieron 300,000 votos entre una consulta y otra, y movilizaron solo el 23% del censo electoral de la Isla.

El comité del llamado Plan Tennessee estará integrado por dos “senadores” y cinco  “congresistas”, nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.  El gasto para este esfuerzo aún no ha sido divulgado, pero se estima en millones de dólares. El mismo deberá ser aprobado por la Junta de Control Fiscal, la entidad que el Congreso de Estados Unidos creó para manejar los asuntos fiscales de Puerto Rico y encaminar el pago de la deuda de más de $70 mil millones que tiene el País.

El próximo 1 de julio entra en vigor el Plan Fiscal para Puerto Rico aprobado por la Junta de Control Fiscal, y que impone medidas severas de austeridad al pueblo puertorriqueño. Las pensiones de los retirados del gobierno serán reducidas, los medicamentos de los usuarios del plan público de salud serán racionados, se cerrarán más de 100 escuelas y se recortarán beneficios a estudiantes con necesidades especiales, la Universidad de Puerto Rico recibirá el impacto de un recorte inmediato de $200 millones ($500 millones en 4 años), lo que implicará un alza en el costo de matrícula, que dejará fuera de los estudios universitarios a miles de jóvenes puertorriqueños pobres. Se vislumbran también recortes de jornada, y se aprobó una ley laboral para la empresa privada que ha tenido el efecto de reducir los salarios y los beneficios de los trabajadores existentes, sin el efecto de creación de empleos que se prometió. Ante este cuadro, se intenta impulsar el llamado Plan Tennessee como secuela al fracaso plebiscitario.

Sin duda, también podrán anticiparse vigorosas actividades de resistencia por parte del pueblo puertorriqueño que ya está demostrando su inconformidad con tener que cargar el principal peso de la crisis, mientras el gobierno y el Partido Nuevo Progresista botan dinero en impulsar su ideología anexionista, rechazada por la mayoría del pueblo. También se anticipa que aumentarán las protestas contra la Junta de Control Fiscal y sus medidas de austeridad extremas.

El boletín ¡Puerto Rico al día! lo produce el Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas. Redactora: Carmen Ortiz Abreu. Vea información sobre la situación en Puerto Rico y la lucha por su descolonización en las páginas web:

minhpuertorico.org

otropuertoricoesposible.org

redbetances.com