¡Auditoria Ya! Más que una consigna propia del día del Trabajador que se conmemoró la semana pasada, es una demanda de la gran mayoría de los puertorriqueños sobre una deuda que no les pertenece, pero cargan a cuestas y por la cual vienen soportando más de una década de ajustes y austeridad. El cinturón de deudas aprieta las cuentas públicas y el empobrecimiento y recortes sociales ahoga a sus ciudadanos. Es un drama social que pasa desapercibido en los grandes medios de comunicación y del que organismos internacionales no se hacen eco.

Para entender lo que sucede en Puerto Rico habría que empezar por recordar que esta isla caribeña no es una nación autónoma, es una colonia. Como Estado Libre Asociado -pertenece, pero no forma parte de Estados Unidos- no goza de plena soberanía sobre las decisiones políticas o económicas que rigen la dinámica local pues están supeditadas a los poderes plenos del Congreso estadounidense mediante la Cláusula Territorial.

Una vez realizada esta aclaración, ahora los datos:

– La economía puertorriqueña se encuentra anclada a una deuda -de dudosa procedencia- que durante los últimos diez años no ha hecho otra cosa que crecer: a la fecha y hora, supera los US$ 73 mil millones.

– Declarada en quiebra el 3 de mayo. El gobernador designado, Ricardo Rosselló, pidió acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa por su sigla en inglés) y así poder reestructurar la millonaria deuda.

¿Cómo se endeudó al punto de no poder pagar?

– En 1976, EE.UU. incluyó en su Código de Impuestos Internos Federales una sección llamada 936 que otorgaba beneficios a empresas que “invirtieran” en territorios.

– Los beneficios incluían exenciones fiscales con lo que las filiales que operaban en la isla podían enviar sus ganancias a la empresa matriz sin tener que cancelar impuestos federales sobre los ingresos corporativos.

– A partir de entonces, el crecimiento de la economía quedó supeditado a las normas estadounidenses. Puerto Rico se convirtió en un centro financiero con ingentes cantidades de corporaciones haciendo fortunas en suelo boricua sin que ello representara ganancias para el país.

– Lo peor pasó 20 años después. En 1996, Washington consideró la 936 como una “donación cara” y decidió paralizarla durante un periodo de 10 años. Los beneficios a las grandes transnacionales iban desapareciendo y con ellos, sus intereses de “invertir” ahí.

– En 2006 finalmente se derogó la 936. La economía se resintió y entró en recesión.

– El desastre financiero. Para tratar de tapar el hueco fiscal, los varios gobernadores de Puerto Rico – Pedro Rosselló González (1993-2000), Sila María Calderón (2001-2004), Aníbal Acevedo Vila (2005-2008), Luis Fortuño Burset (2009-2012), Alejandro García Padilla (2013-2016)- comenzaron a tomar deuda aceleradamente.

– Las emisiones se (des)organizaron a través de diferentes formatos, uno más complejo que otro, con una multiplicidad de estructuras legales y fuentes de financiamiento que mezclaban fondos mutuos y de cobertura.

Desglose de la factura

La deuda está fraccionada en 15 emisiones independientes entre diferentes categorías.

Bonos de revalorización de capital (CAB, por sus siglas en inglés).

– Son bonos a largo plazo con intereses compuestos que se acumulan y sobre los cuales el acreedor no hace pagos durante los primeros años, y en algunos casos hasta el vencimiento de los bonos. La estructura de este tipo de emisión lleva la deuda a crecer con el tiempo por los intereses impagados.

– Puerto Rico debe US$ 37.800 millones en CAB’s. La cifra representa una gran proporción de la deuda total pendiente, pero no toda, pues son intereses sobre una serie de préstamos del día de cobro.

– El principal subyacente es de apenas US$ 4.300 millones, el resto, US$ 33.500 millones, son intereses.

– Por tanto, la mayor parte de la deuda equivale a los intereses generados por el endeudamiento, que equivale al 780% del monto original de los préstamos.

Bonos de COFINA

– Sobre la Corporación de Fondo de Interés Apremiante,  COFINA, una estructura que fue creada para refinanciar lo que en un momento se consideró una “deuda extraconstitucional”, podemos decir que:

– 63% de los CABs de Puerto Rico pertenecen a COFINA, lo que representa US$23.900 millones.

– El principal subyacente de los bonos de COFINA es solo US$3,300 millones. Los US$20,600 millones restantes son intereses, a una tasa de interés efectiva de 614%.

¿De quién es la deuda?

– Fondos buitres, que aun conociendo su nivel de endeudamiento y poca capacidad de acceder a mercados financieros internacionales prestaron dinero.

Top 10 acreedores

Banco Popular, como “agente de transferencia, intermediario”. US$ 12.000 millones
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.: US$ 212 millones
Total Petroleum: US$ 11,5 millones
EVERTEC: US$ 10 millones
Microsoft: US$ 8 millones
Baxter Sales & Distribution PR: US$ 6,9 millones
César Castillo: US$ 6 millones
Ikon Solutions: US$ 5,8 millones
Kirkland & Ellis LLP: US$ 5,3 millones
MC&CS: US$ 4 millones

Resultados de esta década perdida en Puerto Rico

– La tasa de pobreza alcanza el 45%.

– El desempleo registrado es mayor del 12%. Dobla la media de EE.UU.

– Población que no para de decrecer por la emigración.

Si bien se reestructurará la deuda, Puerto Rico es obligado a pagar. Cumplir sin guardar reservas sobre las consecuencias económicas y sociales para un país de menos de 3,5 millones de habitantes. Población que quedará por fuera de las fórmulas de negociación real.

– La imposición de nuevas medidas de ajuste económico ahondó el descontento social.

– Serán aplicadas en cumplimiento de la Ley Promesa aprobada por el Congreso estadounidense el pasado junio de 2016 en el marco del Plan Fiscal Certificado de la Junta de Supervisión de la deuda (JSF)

Entre los ajustes de mayor envergadura del Plan Fiscal se incluyen:

Recortes a Educación

– Recorte de US$ 45 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico.

– ¿Dónde se reflejará? En la matrícula promedio de estudios: un estudiante a tiempo completo pasará de pagar US$ 1.600 a US$ 4.800. Esto representa un alza del 189%.

– El Departamento de Educación de Puerto Rico anunció el cierre de 184 escuelas al finalizar el año escolar.

– Traslado forzoso de unos 27.000 alumnos y afectaciones a unos 2.088 profesores.

Recortes al Programa Mi Salud

– Reducción aproximada de US$ 300 millones.

– Luego, tras una nueva reforma al sistema, habrá recortes adicionales hasta llegar en 2026 a una baja de más de US$ 1.000 millones.

-El gobierno pagará sólo la cobertura básica de los beneficiarios. Servicios extras o especializados corren por cuenta del paciente.

Privatización de servicios públicos

Delegarán:

– Transportación por mar en el área metropolitana de San Juan.

–  Manejo de las multas de tránsito, estacionamientos en manos del gobierno central, sistemas de transporte terrestre, autopistas y servicios de mantenimiento.

CrismCrismar Lujano / Investigadora CELAG