La otra carta, la carta que el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, le envió el pasado 25 de abril, a los senadores republicanos Thom Tillis y Tom Cottom, es otra de esas misivas para la historia de Puerto Rico, similar a la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE UU), le envió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sobre el plebiscito.

En esta ocasión el presidente de la JCF plasmó en su carta la verdad que tanto él y sus cómplices de la Junta han rechazado escuchar de parte de amplias voces de economistas y otros estudiosos de que las medidas de recorte impuestas al gobierno de Puerto Rico en su plan fiscal llevaran al país a un retroceso económico por casi un siglo.

La misiva por demás deja ver la presión que llevan a cabo los bonistas entre sus defensores en el Congreso –la carta es consecuencia de esta presión– para lograr que se les pague a toda costa, mientras por parte de la Junta, también revela la falta de estrategia que tiene para la renegociar la deuda, apuntó un consultado por CLARIDAD. En su exposición el presidente de la JCF explica las medidas adoptadas en el plan fiscal para poder obtener dinero para pagar la deuda y se defiende de que no es posible sacarle más dinero al país.

En el resumen que se presenta en su primer punto la Junta reconoce que imponer más recortes como piden los acreedores “haría imposible la viabilidad de Puerto Rico, los ahorros a corto plazo conducirían a una espiral fiscal descendente imparable a largo plazo”.

Esta aseveración se repite cuando Carrión expone pese a su pesar, que las “razones por las que hay menos dinero disponible para el Servicio de la Deuda de lo que la JSAF y los acreedores quieren”, responde a que economistas y consultores contratados por la Junta han advertido que las medidas de ahorro que se han tomado en el plan fiscal son tan grandes; “que cortes adicionales a corto plazo podrían producir recursos ligeramente mas altos durante los primeros 10 años, pero nunca lo hacen a lo largo del periodo mas largo del 2018-60; (2) la cantidad de cortes adicionales es limitada ya que las políticas necesarias para generar anualmente mas recursos materiales no son consistentes con un crecimiento sostenible y un camino de equilibrio primario; y (3) con todo el otro riesgo a la baja, no podemos empujar la línea de base al minimo del rango viable”.

Para algunos consultados esto significa en otras palabras que el país no seria viable si se le imponen más recortes. “La carta de la Junta lo que está diciendo es si pudieramos hacer esto sin explotar la economía hasta el 2060 lo haríamos”, comentó a CLARIDAD una fuente relacionada con los trabaajos que logró hacer la ahora eliminada Comisión de Auditoría para el Crédito Público (CACP). Comparó que el futuro de Puerto Rico podría estar en riesgo de caer en una situación como Haití, a quien Francia obligó a pagarle su deuda hasta “ahorcarlo y convertirlo en un estado fracasado”. Mientras que en el caso de Puerto Rico en el 1898 Estados Unidos declaró la deuda que Puerto Rico tenía con España como una “odiosa” y no hubo que pagarla “pero desde entonces lo que ha hecho es explotarnos con su deuda”. En el caso de las medidas que ha impuesto la JCF al plan fiscal pueden considerrse como una extracción económica del país.

Sobre la queja de los acreedores de que la oferta de renegociación de la deuda que les ha hecho la Junta es muy poco, Carrión defiende que el comrpomiso es que según vayan aumentando los ingresos y la líquidez se les va a pagar más y que se va a crear un mecanismo para asegurar que ese exceso de líquidez vaya al pago de la deuda.

¿Cuál puede ser ese mecanismo?

La fuente dio como ejemplo que en el caso de Argentina, el gobierno presionó a los bonistas usando fuerzas de mercado y en la reestructuración lo que hizo fue sustituir bonos que iban a pagar a unas cuantias fijas por bonos que iban a tener una tasa de interés que iba a fluctuar en la medida en que fluctuara el crecimiento económico. Es decir si hay un crecimiento aumenta la tasa de interés, si hay un decrecimiento se disminuye. Pero en el caso de Puerto Rico – señaló- un mecanismo como ese a donde se lleve el exceso de líquidez nunca se ha modelado, no ha esistido. Describió que eso es como un acertijo porque no se sabe cuánta liquidez se va a tener este año y eso nunca se ha visto porque no hay manera de proyectar cuánto va hacer ese servicio de deuda.

La falta de información sobre cuánto podría ser la liquidez, apuntó la fuente se debe precisamente a que el gobierno “no ha podido, o no ha querido” presentar sus estados financieros y aunque la ley Promesa le exige a la JCF procurar que se produzcan los estados finacieros auditados lo antes posible, la Junta no lo ha hecho. La fuente censuró que la JCF no ha contratado a una sola compañía dedicada a auditar las finanzas del gobierno y aclaró que la contratación por la Junta de la firma Ernest&Young fue para hacer unos estimados a base de los últimos estados financieros que son del 2014, de cómo es que se ha estado manejando los ingresos y gastos en los años 2015 y 2016 para entonces ver cómo hacer deducciones en el 2017.

Prosiguió explicando que el estimado que ha hecho la Junta de los gastos gubernamentales para el 2017 podrían subestimarse entre $360 a $810 millones, eso es un margen “espectacular” , y si la Junta fuese a actuar a base de esa estimación va a tener entonces que producir recortes adicionales. En lugar de tener un análisis certero la Junta lo que hace es que se inventa el mecanismo de un punto medio de $585 millones para usarlo como punto de partida para aplicar los recortes.

El entrevistado destacó que este tipo de admisión de errores metodológicos por parte de la Junta tiene un impacto no solo para su credibilidad, sino también para la severidad de los recortes que ella misma está planteando y peor aún para las ventas y privatizaciones de los haberes públicos, dado a que se afecta su valor real.

Como la metodología de la Junta para proyectar cuánto serán los ingresos y gastos del gobierno a diez años es incorrecta, la metodología para determinar cuánto va hacer el servicio de la deuda para cada año se determina luego de recortar a lo mínimo todo lo que se pueda recortar sin “producir una recesión irreversible, sin provocar la insostenibilidad del estado”, estas últimas palabras del propio Carrión.

La fuente denunció que el proceso de la JCF ha sido uno ideológico y a la inversa, no es cuánto aguanta el estado, no es cuánto aguanta la economía del país, es cuánto aguantamos sin desestabilizar, cuánto aguntamos sin producir una situación de estado fracasado.

En esa misma línea a pregunta de CLARIDAD el investigador de la desaparecida Comisión de la Auditoria denunció que la carta deja en evidencia que la Junta no tiene ninguna estrategia para la negociación, porque no quiere. La estrategia que se debió seguir desde un prinicpio fue auditar la deuda e identificar cuánta de esa deuda es ielgal y cuánta es legal, saber cuáles acreedores tienen deuda que no es cobrable para entoncs negociar con los demás.

“De haber tenido una auditoría como la que se pretendía sí tendrían una estrategia porque sabrían distinguir con quiénes se está negociando”. Lo mismo el no tener unos estados financieros auditados, ni una sola deuda auditada, el gobierno está negociando a ciega dando por buena el 100% de la deuda que le llega a tocar la puerta.