Mantengámonos de pie, mi gente. No nos dejemos engañar como le ocurrió a muchos en 1952 con el llamado “Estado Libre Asociado”. Aquí no está en la balanza la suerte de un partido. Está en la balanza el futuro de todo un pueblo.

Aquí está pasando algo raro y es la interacción que observamos entre el gobierno colonial, los tribunales y la Junta de Control Fiscal. Hace poco, dos jueces, en distintos casos, rebajaron a delitos menos graves las acusaciones contra dos jóvenes manifestantes y le impusieron multas mínimas. Inmediatamente la Secretaria de Justicia anunció que sus fiscales irían en alzada contra los estudiantes. Pocos días después, un tribunal ordenó que continuaran los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico, grupo de trabajo constituido por el anterior gobernador, Alejando García Padilla, y que el actual gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, desarticuló. Inmediatamente Rosselló Nevares, hijo del exgobernador colonial Pedro Rosselló González, criticó esa decisión judicial y la llamada Legislatura de Puerto Rico aprobó rápidamente una ley que anulaba el dictamen del tribunal y eliminaba la Comisión.

En su siguiente discurso al país, Rosselló Nevares emitió una amenaza, no muy velada, a los jueces de los tribunales. Acto seguido, el Tribunal Apelativo emitió una decisión para dejar sin efecto la determinación de un tribunal de primera instancia que protegía el derecho de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rica a la huelga. El Tribunal Apelativo ordenó la reapertura de la Universidad y a todos los componentes de la comunidad universitaria a reanudar sus tareas no más tarde del 11 mayo a las 6 de la mañana. Esto a petición de seis supuestos estudiantes que, luego de ser investigados, resultaron ser activistas del partido que aparenta gobernar, aunque es evidente que quien en efecto gobierna el país es la Junta de Control Fiscal nombrada por el Congreso de los Estados Unidos.

En la demanda radicada por estos seis estudiantes, asesorados por dos conocidos politiqueros al servicio de los yanquis, se pedía que se usara “todo medio necesario” para reabrir la institución universitaria. Esto, por supuesto, supone el uso de la fuerza contra los estudiantes huelguistas, los docentes y todos los que les apoyan, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Tal parece que romper los cristales de un banco es un acto de violencia que no se puede tolerar en la colonia, pero romperle la cabeza a estudiantes a macanazos no lo es. Hace años conocí a un estudiante que murió a causa de los dolores que le provocaron los macanazos que había recibido durante una huelga universitaria.

Por desgracia para los pueblos
hay traficantes vendepatrias
que venden sin remordimientos
la sangre de su propia raza.

Y ahora ¿dónde estamos? El futuro de Puerto Rico se ha puesto en manos de un Tribunal Federal de Nueva York. ¿Quién representará a Puerto Rico ante ese tribunal? La Junta de Control Fiscal creada para defender los intereses de Wall Street. El gobierno de Puerto Rico está impedido de representar al país en este foro judicial. ¿Se pueden imaginar semejante situación? Nuestros jóvenes universitarios luchan no solo por su Universidad, sino por la existencia misma de nuestro país. Mantengámonos de pie, mi gente. No nos dejemos engañar como le ocurrió a muchos en 1952 con el llamado “Estado Libre Asociado”. Aquí no está en la balanza la suerte de un partido. Está en la balanza el futuro de todo un pueblo.