El tribunal no encontró causa en la noche del martes contra cuatro de los 11 estudiantes que enfrentaban la posibilidad de cargos criminales por haber interrumpido una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR). De otro lado, sí se encontró causa contra los otros siete.

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, confirmó en un comunicado de prensa que la jueza Geisa M. Marrero Martínez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra siete de los 11 manifestantes.

La magistrada encontró causa para arresto contra Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Randiel J. Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo por los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

Se les impuso una fianza de $6,000 a cada uno y la vista preliminar fue pautada para el 23 de mayo. De ser encontrados culpable, se exponen a penas de entre seis meses y ocho años de prisión.

Los estudiantes contra los que se encontró causa fueron sacados del tribunal pasadas las 12:00 de la medianoche para ser llevados a fichar a la Comandancia de la Policía en Bayamón.

A su salida del tribunal algunos estudiantes hicieron un llamado a participar en la asamblea de la UPR de Río Piedras, mientras los abogados y familiares coreaban consignas, entre ellas “lucha sí, entrega no”.

Por su parte, la fiscal Yanira Colón señaló a su salida del Tribunal que irán en alzada, y agregó que entiende que tiene un caso sólido contra los que no hubo causa, que fueron Mikael Eded Rosa Rosa, Juan Carlos Silén Hernández, Ernesto Alejandro Beltrán Feliciano e Ileana Marie Ayala Fontánez.

Reaccionan abogados de la defensa

El licenciado Frank Torres Viada, representante legal de Ileana Ayala, se mostró conforme con la determinación de no causa.

“Tal como anticipamos esta mañana, el interés público falló crasamente en la presentación de la prueba contra nuestra representada. La honorable magistrada que presidió los procedimientos acaba de hallar no causa en los seis delitos que le fueron imputados a esta joven. Nosotros esperamos que el ministerio público no cometa el error de continuar utilizando los fondos públicos del pueblo puertorriqueño en tiempos de crisis y acuda en alzada para solicitar una nueva determinación sobre este asunto”, expresó el letrado, que calificó el proceso como arbitrario y caprichoso que lo que busca es acallar el movimiento estudiantil.

Mientras, el licenciado Alvin Couto dijo que “en corte se aquilató la prueba, y creo que hay muchos elementos contradictorios. Los abogados pudieron probar que la prueba presentada tenía historias encontradas y eso logró que cuatro de ellos salieran y les quitaron los delitos más graves, como escalamiento agravado que son 18 años”.

Por su parte, Mariana Nogales Molinelli, representante de otros clientes, manifestó que “el llamado es a que las personas, ante el clima de mayor represión, que se ha ido recrudeciendo el País, salgan a la calle. Mientras continúen arrestando manifestantes, así mismo los abogados y abogadas vamos a continuar defendiéndolos”, dijo Nogales Molinelli que entiende que el activismo continuará creciendo.

La abogada Wilma Reverón manifestó que hubo “mucha contradicción en los testimonios, por lo que entendemos que tenemos buenas posibilidades de salir bien”, apuntó la letrada que entiende que el vídeo presentado en la vista fue exculpatorio para los estudiantes, y que la determinación de la jueza surgió porque había una cintila de evidencia.

“No hubo intención de cometer delito, ellos fueron allí, y el testimonio es que ellos fueron a reclamar que los atendieran, a reclamar un proceso de negociación”, dijo la abogada de Francisco Santiago.

Antes de las determinaciones de la jueza, Reverón, copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y quien se encontraba en la sala donde se llevaba a cabo la vista para apoyar a dos de los estudiantes implicados, a quienes identificó como Francisco y Mikael, se mostró sorprendida por la manera en que se ha manejado este caso

"Sí, esto es algo atípico", dijo Reverón a preguntas de la prensa sobre por qué un procedimiento judicial de la Regla 6 se había extendido tanto y continuó hasta tarde en la noche. Según dijo, además de cinco testigos y un vídeo que muestra el incidente ocurrido el pasado 27 de abril, la jueza Marrero también tuvo ante su consideración siete declaraciones juradas.

"Sí, ha sido un juicio (proceso) extenso, pero la fiscalía va a presentar la prueba y los abogados harán su contrainterrogatorio", agregó.

Los hechos que motivaron esta vista ocurrieron el pasado 27 de abril, cuando un grupo de estudiantes entró a una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR. En ese momento, el cuerpo rector de la universidad estaba reunido para discutir el plan fiscal que debía entregarle a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Temprano durante el día, un grupo de estudiantes de la UPR se manifestó en las afueras del tribunal, mientras policías estatales fueron activado en la escena. Además, un helicóptero de la Policía sobrevoló sobre el área durante varias horas. (endi.com Foto: José L. Cruz Candelaria)