El pasado año ocurrieron una serie de eventos que tienen una gran trascendencia para el país: las tres ramas del gobierno estadounidense dejaron claro que Puerto Rico es un territorio subordinado a los poderes plenarios del Congreso de ese país, es decir, una colonia.

Por un proyecto de país¹: Una reflexión urgente

Cuando me invitaron para que participara de esta actividad, me sentí alegre porque me daban una oportunidad para exponer “mis ideas” sobre la situación del país, en este encuentro que tiene un claro carácter ecuménico. (El ego se ensancha ante este tipo de invitación.)

Posteriormente, cuando me di a la tarea de identificar los temas y las ideas que les presentaría, recordé la complejidad de dialogar sobre temas complejos con personas que ven las cosas de forma diferente.

Inmediatamente surgió la pregunta sobre qué se puede decir que valga la pena escuchar y dedicar estos minutos de atención. La respuesta que retumba es ¿Qué debemos hacer en esta coyuntura?

En el día de hoy daremos una respuesta inicial a esta pregunta, enfocada principalmente en los que considero los problemas más urgentes del país. Sin embargo, sabemos que dicha respuesta de por sí no es una sencilla y mucho menos una en la que reflejemos una perspectiva común. Por tal motivo sé que más que culminar la presentación con muchas dudas aclaradas, es muy probable que terminemos la misma generando más preguntas.

Qué hacer es una pregunta que nos invita a reflexionar. Pero en esta ocasión los quiero invitar a que terminemos con un llamado a la reflexión. Los quiero convocar para que asumamos un rol activo y que, junto con otros sectores del país, desarrollemos una reflexión urgente sobre cómo encaminarnos a la construcción de un proyecto de país.

En resumen, me propongo con las palabras que leeré durante estos minutos demostrarles lo imperativo de convocarnos y convocar para dialogar y reflexionar sobre qué hacer para construir un proyecto de país.

Una convocatoria urgente y necesaria

El pasado año ocurrieron una serie de eventos que tienen una gran trascendencia para el país: las tres ramas del gobierno estadounidense dejaron claro que Puerto Rico es un territorio subordinado a los poderes plenarios del Congreso de ese país, es decir, una colonia. Y en el ejercicio de ese poder plenario dicho Congreso aprobó la ley que instituyó la Junta de Control Fiscal. Dicha ley, cuyas siglas en inglés se pueden leer con la voz en español de promesa, no es otra cosa que una amenaza de cobro que el Congreso de ese país nos hizo a los puertorriqueños a nombre de los bonistas de ese país. La ley se aprobó para proteger los intereses de los bonistas de ese país.

Esta amenaza de cobro, en el contexto de nuestra realidad colonial, es en parte lo que hace urgente la convocatoria a la construcción de un proyecto de país. La amenaza de cobro es una de empobrecimiento de nuestro pueblo. Veamos algunos de los hechos que, en parte, dan forma a dicha amenaza.

Desde el momento mismo de la invasión el 25 de julio de 1898 (casi 119 años atrás) el imperialismo estadounidense ha ejercido la soberanía sobre nuestra patria; la que le fue cedida en el Tratado de París. Lo llamamos imperialismo porque de eso se trata, los países imperialistas son los que dominan otras tierras, comunidades y pueblos usando el poder militar y económico.

La dominación colonial estadounidense de nuestro país comenzó desde el momento mismo de la invasión y se ha ejercido sustentada en el poder militar. Así lo declaró el General Nelson Miles en la llamada proclama en la que nos anunciaba que “(E)l principal propósito de las fuerzas militares americanas será abolir la autoridad armada de España y dar al pueblo de esta hermosa Isla la mayor suma de libertades compatibles con esta ocupación militar”. ²

A partir de ese momento, la estructura política del país ha estado dominada por las decisiones que han tomado los estadounidenses en el ejercicio de dicha soberanía. Primero fue el gobierno militar para luego dar paso a la ley Foraker adoptada para la ordenación del territorio (forma cómo se identifican a las colonias en el marco legal estadounidense). Luego vino la ley Jones con la imposición de la ciudadanía estadounidense. En esos años se estableció por el Tribunal Supremo de ese país la llamada doctrina de los territorios no incorporados en la que determinaron que le pertenecemos (como cualquier propiedad) pero que no somos parte de ellos. Y más adelante adoptaron la ley 600 y la Constitución del ELA.

La estructura política del país siempre ha sido establecida por el Congreso estadounidense. Y la misma siempre ha respondido a los intereses estadounidenses. Todas las decisiones que se nos ha permitido tomar han estado enmarcadas en los límites impuestos por el Congreso de ese país. Y la clase política del país ha actuado conociendo dichos límites y restringiendo sus decisiones a dicho marco de acción, manteniendo controladas y limitadas las opciones del país. Este es el marco colonial en el que se instituyó la Junta de Control Fiscal.

Crisis fiscal y crisis económica

Desde el 2006, enfrentamos una recesión económica (la reducción del valor real en la producción). Esto ha conllevado la pérdida en el valor de la producción reduciéndose en más de un 14% del valor del 2006. Ha representado la pérdida acumulada de riqueza mayor de los $85 mil millones de dólares (del 2016)³ en los bienes y servicios no producidos. Dicha pérdida se ha evidenciado en la reducción de la demanda de los bienes y servicios que se producen y en los empleos de nuestro país que los hubieran producido.

La ley llamada promesa se adopta para que los bonistas puedan cobrar. Y con este propósito, se instituye una Junta de Control Fiscal de siete personas nombradas por congresistas y el presidente estadounidense para que tome todas las acciones necesarias para que los bonistas cobren.

Para que se cumpla con el propósito de la ley, los congresistas establecieron que dicha Junta sería parte del gobierno del territorio y tendría la facultad de aprobar y derogar cualquier ley, norma y reglamento que estimen necesario para cumplir su propósito. El poder de dicha Junta es tal que se le otorga inmunidad soberana, es decir, que no hay persona alguna que pueda ir en contra de sus decisiones mediante reclamaciones en alguna instancia del sistema judicial.

La Junta aprobó un Plan Fiscal de manera que el presupuesto del país y cualquier ley, norma o reglamento, decisión o determinación de cualquier funcionario público tiene que ajustarse a lo dispuesto por ella. Al tener la capacidad de aprobar leyes, se le otorgó la capacidad de utilizar los mecanismos coercitivos del estado – entiéndase tribunales, policía, alguaciles, etc. – para hacer cumplir sus dictámenes.

Según algunos analistas, el Plan Fiscal certificado por la Junta el 13 de marzo de 2017 permite augurar una contracción económica de 8% a 10% (aunque a nuestro juicio pudiera rondar más cerca del 15%). Las medidas de ajuste fiscal propuestas en dicho plan, como es la reducción del presupuesto de la UPR en $450 millones o los $512 millones que se mencionaron recientemente, la reducción del Plan de Salud que estaría entre $2,527 a $6,123 millones en 10 años, y la reducción del presupuesto del gobierno que pudiera ser entre $17,787 a $20,329 millones en 10 años. Otras medidas propuestas incluyen: reducción de 20% en la jornada laboral en gobierno, eliminación del bono de navidad, y la reducción en días de vacaciones y por enfermedad de los empleados públicos. Dicha reducción equivale al despido del 20 % de los empleados públicos.

En adición se propone la reducción de $350 millones que se aportan a los municipios, la reducción del número de agencias de 131 a 35, la privatización del Fondo del Seguro del Estado y otras agencias y servicios públicos. La privatización de servicios equivale a que las personas pagarán más por dichos servicios.

Esto estaría acompañado de nuevos impuestos o aumento de los existentes incluyendo: los de la propiedad, marbetes y la ACAA, multas de tránsito, sellos de Hacienda y tribunales, peajes, permisos, y costo de servicios de la AMA, la ATI, y la AEE.

Las herramientas del análisis económico permiten prever que todas estas propuestas del Plan Fiscal provocará una contracción económica con la pérdida de cientos de miles de empleos y, por ende, la pérdida o reducción significativa de los ingresos de cientos de miles de familias. El efecto que tiene la reducción del ingreso de las familias de empleados públicos se multiplica reduciendo de manera indirecta los empleos de las empresas que hacen negocio con el gobierno e induciendo pérdidas de empleo en otros sectores de la economía.

A modo de ilustración, veamos lo que implica la reducción de $4,500 millones de dólares al presupuesto del gobierno. Si utilizamos la calculadora que mide el efecto multiplicador (que se encuentra en la página web de la JP) que permite predecir los empleos que se crearían si invirtiéramos ese dinero en el gobierno, se indica la posible creación de alrededor de 140 mil empleos nuevos (90 mil directos y alrededor de 50 mil indirectos e inducidos). Pero si lo que hacemos es quitar ese dinero al gobierno para pagarle a los bonistas estadounidenses, el efecto es lo opuesto ya que funciona en ambas direcciones. Es decir, se reducirían los empleos en el país y la actividad económica vinculada a ese dinero. El estimado preliminar que hemos hecho nos indica que esa reducción en el empleo pudiera representar por si solo una reducción de alrededor de un 14% de la actividad económica. El economista Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía) señaló que pudiera representar una reducción mayor (correspondiendo con el estimado hecho por la propia Junta cercano al 17%), lo que según sus palabras llevaría nuestra economía a una condición parecida a la de un país en guerra.⁴

Sabemos que todas esas medidas tienen un efecto perjudicial en nuestras familias. Como el dinero que se le quita a las familias va dirigido a pagar la deuda a bonistas, principalmente estadounidenses, este dinero se escapa de nuestra economía ya que no se invierte en el país. Las familias tendrán menos ingresos y, por lo tanto, los pagos que se hace a los bonistas implican menos servicios públicos, menor acceso a servicios de educación y de salud, y el encarecimiento de prácticamente todos los pagos, por lo que provocaría el empobrecimiento de nuestras familias y pérdidas en la calidad de vida de nuestra gente, agudizando la crisis social del país.

Podemos entender las palabras de Stiglitz comparando los impactos del Plan Fiscal con el resultado de una economía en guerra si unimos los impactos de la recesión económica que nos afecta desde el 2006 (de alrededor de un 15 %) a los impactos del Plan Fiscal cercanos al 17 %. Debemos esperar una agudización de la crisis económica y social, producto de la reducción aún más grande en las riquezas del país y la destrucción de cientos de miles de empleos. Los impactos sociales se manifestarán de formas diversas, siendo muy probable el aumento en la criminalidad, los robos y asesinatos, aumento en los suicidios, y aumentos en los problemas de salud.

El impacto de pagar a los bonistas estadounidenses conllevará muy posiblemente que más puertorriqueños decidan tomar un avión para salir fuera del país agudizando la ola migratoria de los últimos años. La migración neta de los últimos años ha estado alrededor de las 60 mil personas. La tasa neta de aumento de la población es alrededor de 3,000 personas. La población del país se ha ido reduciendo a un ritmo de menos de 60 mil personas, razón por lo que la población actual está por debajo de los 3 millones, 500 mil personas.

Aunque la condición colonial le ha puesto una camisa de fuerza y encadenado a la clase política del país, ésta es en parte responsable de la crisis económica y la crisis fiscal que atravesamos. Los dos partidos políticos que se han alternado en el poder han estado administrando la colonia y favoreciendo a sus amigos y relacionados con contratos y subvenciones.

La aprobación de PROMESA y la Junta de Control Fiscal lleva la condición colonial a un nivel de expresión extrema, donde el poder se ejerce de manera dictatorial por una Junta de siete personas. Como el propósito de la ley es que los bonistas estadounidenses cobren, no les importa el bienestar de los puertorriqueños. Lo que les interesa son sus propios intereses económicos. Lo que quieren es cobrar, aunque implique que se agudicen los principales problemas de Puerto Rico, causados en gran medida por nuestra situación colonial y la falta de poderes soberanos.

La deuda es impagable. No existe forma que se pague la deuda y se puedan seguir ofreciendo los servicios del gobierno. No es posible sacar de la economía del país miles de millones de dólares adicionales a los que se escapan en el pago de las ganancias de capital (alrededor de $35 mil millones de dólares) y que la economía no se contraiga, como indicó Stiglitz a los niveles de un país en guerra. Similar a lo que le pasa a la economía familiar, así mismo se afecta la economía del país cuando se le quita dinero.

Uno se pregunta por qué no les importa el empobrecimiento de nuestra gente, lo que hace pensar en las siguientes hipótesis:

1) Por prepotencia y porque la competencia entre los diversos bonistas los lleva a no considerar las consecuencias.

2) Cuando hayan obtenido todo el dinero que nos puedan sacar, nos van a cobrar con nuestras tierras y recursos naturales (incluyendo la explotación minera que en el pasado rechazamos).

Un hecho relevante es la actuación del gobierno de Puerto Rico. Éste ha asumido un comportamiento pusilánime ante los dictámenes de la Junta de Control Fiscal. Se ha plegado aceptando su imposición, a la vez que ha ido ajustándose a todas sus determinaciones. Unido a la eliminación de la Comisión para la Auditoría Ciudadana de la Deuda, la actuación del gobierno parece ser la de un niño de mandado o de cómplices.

No se entiende el porqué la eliminación de la Comisión para la Auditoria Ciudadana de la Deuda. Dicha comisión identificaría cuál de la deuda es legal y cuál es ilegal. Permitiría conocer quienes actuaron ilegalmente y quienes se beneficiaron de las emisiones de deuda. Conoceríamos cuál fue el beneficio social de haber utilizado dicha deuda. Y nos permitiría saber cuáles fueron los errores cometidos en su emisión y de esta forma evitar volver a cometer los mismos. Ciertamente las actuaciones del gobierno deben ser cuestionadas.

El ejemplo más dramático de las actuaciones cuestionables del gobierno lo vemos en el caso de la UPR, donde es el propio gobierno quien apoya se plantea reducir el presupuesto de ésta en $512 millones de dólares. Parece que el gobierno quiere que la UPR desaparezca. Si se le quita esa cantidad de dinero al presupuesto de la UPR, no hay manera que esta pueda continuar operando y cumplir su rol educativo. Esto a su vez, tendrá un efecto devastador para la economía de aquellos municipios donde ubican los recintos de la UPR.

Los dos partidos políticos que se han alternado en el poder durante las últimas décadas son responsables en parte del descalabro fiscal. Ambos han implantado políticas fiscales dirigidas a reducir las contribuciones a los ricos del país, a la vez que favorecen el aumento en el gasto público (mediante contratos) a los amigos del partido. Ambos son promotores de la condición colonial, manteniendo la dependencia económica y la subordinación política. Ambos están a favor de pagar la deuda. Las propuestas de ambos partidos políticos están descalificadas como alternativas ante la crisis.

Otros sectores del país hemos planteado que no se pague la deuda. Hemos señalado la importancia de que se dé una auditoria forense de la deuda como condición para poder negociar cuál deuda se va a pagar y cuanto se ha de pagar.

Nos oponemos a que se pague una deuda que se emitió de manera ilegal. Dicha deuda no puede ser reclamada por nadie, de la misma forma que un ladrón no puede ir al tribunal a reclamar que le paguen por lo robado. Se requiere la moratoria en el pago de la deuda; permitirá utilizar el dinero para invertir en la economía con miras o promover el crecimiento económico.

Convocatoria al diálogo y reflexión sobre un proyecto de país

Al presente se observan condiciones extraordinarias que permite que diversos sectores del país trabajemos unidos en la búsqueda de soluciones a la crisis fiscal, a la crisis económica, a la crisis política y a la crisis social que enfrentamos. Se está hablando sobre la necesidad de una concertación de carácter nacional que proponga alternativas para atender los retos que enfrenta el país. Las soluciones a la crisis de Puerto Rico no pueden quedarse en mantener la condición colonial, quedándonos subordinados a la soberanía del Congreso estadounidense.

La crisis política es la condición colonial

Para superar la crisis política, que en estos momentos incluye estar controlado por una Junta de 7 dictadores nombrados por un Congreso de otro país, nos corresponde avanzar en un proceso de descolonización. No podemos quedarnos en la condición territorial/colonial para que siga siendo el Congreso estadounidense el que tome las decisiones que afectan nuestra vida. Esto es equivalente a que en nuestra casa sea el vecino quien tome decisiones sobre cómo utilizamos los recursos de nuestro hogar. Sus decisiones siempre estarían en función de sus propios intereses.

Para poder superar la condición colonial, necesitamos la convergencia de fuerzas políticas y sociales diversas de la sociedad puertorriqueña que creen en la imperiosa necesidad de la construcción de un proyecto de país. El proyecto tiene que fundarse en un proceso de descolonización para que seamos los puertorriqueños quienes tomemos las decisiones sobre nuestro destino.

Tiene que ser una convocatoria amplia y diversa. La diversidad es condición para que sea inclusiva, con la participación de diversos sectores sociales de la sociedad puertorriqueña. La inclusión se favorece mediante la participación en un proceso de diálogo y reflexión sobre los asuntos relevantes para la construcción de un proyecto de país. El diálogo nos permitirá saber qué hacer para convocar al pueblo puertorriqueño, para que se integre y participe del desarrollo del proyecto de país.

A nuestro juicio, el reto que tenemos en estos momentos es convencernos de la necesidad y la urgencia de iniciar el proceso de construcción del proyecto de país. Ese es el camino con el cuál podemos superar la crisis de Puerto Rico.

Muchas gracias por su atención.

1 Escrito presentado en el Encuentro Ecuménico convocado por la Iglesia Episcopal San Pablo de Arecibo que se llevó a cabo el 26 de abril de 2017 en la Universidad Inter Americana, Recinto de Arecibo.

2 Proclama del General del ejército estadounidense, Nelson Miles, al pueblo de Puerto Rico con fecha del 28 de julio de 1898 (a pocos días de la invasión).

3 Este dato es similar al que se obtendría con la Cuña de Lucas en el que se obtiene la pérdida acumulada cuando el PIB real se mantiene por debajo del PIB potencial, bajo el supuesto de que el PIB potencial aumentaría. En este caso hemos utilizado de referencia el PNB real del 2006 y hemos acumulado la reducción en el PNB real desde el 2007 al 2016 y expresado en el valor del 2016 utilizando un deflactor de1125.05. (Nota aclaratoria: en una versión preliminar de este escrito indicamos equivocadamente la cifra de $170 mil millones).

4 Expresiones hechas en la conferencia celebrada el 6 de abril de 2017 en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de San Juan.