La proliferación de protestas en Puerto Rico era cuestión de tiempo. Sucedieron en Argentina, en Grecia y en la ciudad de Detroit, en respuesta a las políticas de austeridad implantadas por sus gobiernos ante las crisis financieras. En la Isla, el paro general pautado para el 1º de mayo no ha sido convocado exclusivamente contra los recortes de la administración de Ricardo Rosselló, sino contra la Junta de Control Fiscal, el poder que obliga a sacar la tijera, impuesta por Estados Unidos para que la isla pague la deuda.

El paro tiene esta vez una dimensión más amplia que la del tradicional Día Internacional de los Trabajadores del 1º de mayo. Los estudiantes, profesores y empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico protestarán contra los agresivos recortes que ponen en jaque la educación pública. Organizaciones sindicales se manifiestan contra la “reforma laboral” y la recién aprobada Ley 938, que deja sin efecto acuerdos con los trabajadores del Gobierno y recorta beneficios, reduciendo por ejemplo de 30 a 15 los días de vacaciones. Se han unido a la convocatoria empleados del sector privado.

Cooperativas, organizaciones feministas, artistas e instituciones religiosas también han anunciado su movilización contra la austeridad y contra la prioridad de dar el dinero público para una deuda de $69,000 millones, en la que incurrieron sucesivos gobiernos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, sin el aval de los contribuyentes. Gran parte de esa deuda corresponde a intereses, y contiene emisiones de bonos con tasas de usura de hasta 734%. El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda indicó que se manifestará una vez más para que se revisen esas obligaciones contraídas con los bonistas y adjudicar responsabilidades. Grupos ecologistas y agricultores demandarán la protección de espacios naturales y tierras agrícolas, como medida cautelar ante la posible venta de tierras públicas y de proyectos de infraestructura que serán aprobados por la vía rápida, según la Ley federal “PROMESA”.

El Partido Popular Democrático ha anunciado su adhesión al paro. El PPD no sólo es responsable de gran parte del desbarajuste financiero. Su liderato está copado por defensores del mismo Estado Libre Asociado que permitió al Congreso estadounidense imponer el gobierno de facto de la Junta de Control Fiscal, no electa por los puertorriqueños, y con dominio total sobre las finanzas y leyes del territorio.

Sin poder pedir ayuda a los organismos internacionales por no ser un país independiente, sin la posibilidad de acogerse a la quiebra como los condados y las ciudades estadounidenses por ser un territorio, Puerto Rico quedó arrinconado en la reestructuración de su deuda a través de la Junta colonial. La subordinación política no lo explica todo. Subyace el mismo sistema global neoliberal, que prioriza el pago a los bonistas sobre los servicios esenciales a la población, como sucedió en Grecia y en Argentina.

Tres días antes del paro general, el gobernador Ricardo Rosselló advirtió en un mensaje al País que los manifestantes pagarían las consecuencias si dañaban la propiedad, obstruían las vías públicas y atacaban a policías. Su amenaza, en medio de un clima de tensión social ya en ebullición, suena al mismo discurso de mano dura que instauró su padre, el exgobernador Pedro Rosselló, ante las protestas de los años 90 contra sus políticas de privatización. El actual gobernador no aludió en su mensaje a los comentarios inflamatorios ni a la violencia proveniente de su propio partido, como el incidente en que el representante José Luis Rivera Guerra propinó un codazo, al estilo pelea callejera, a un trabajador que se manifestaba frente a la Legislatura.

Las amenazas de la superintendente policial, de que estará monitoreando las redes sociales de los manifestantes, emiten el mismo tufo de la División de Inteligencia de la Policía que hizo archivos ilegales a miles de puertorriqueños durante las décadas del 50 al 80 por simpatizar con la independencia.

La convocatoria al paro constituye una respuesta a la precarización de la vida en el País. Para rematar, la Junta de Control Fiscal acaba de aprobar un plan fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que incluye un aumento en el costo del agua. La crisis en el sistema de salud pública está abocada a hacerse más profunda cuando al fin de este año se agoten los fondos federales del llamado Obamacare para el plan médico público de la Isla.

La protesta también tiene como telón de fondo los comentarios de esta semana del presidente Donald Trump, quien atacó en Twitter a los demócratas que buscaban la aprobación de más fondos para los servicios sanitarios de la Isla. (Centro de Periodismo Investigativo) Foto: Luis López/MINH