Pronunciamiento del Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CACSO), en cuanto a la Junta de Supervisión Fiscal y el atentado contra el derecho a la salud y educación del pueblo de Puerto Rico.

Puerto Rico (PR) ha estado bajo un régimen del poder colonial estadounidense desde el año 1898. Las consecuencias del control geopolítico sumado a la lógica imperante del sistema económico capitalista financiero impuesto al país, lo llevó a una de sus peores crisis económicas y sociales de su historia. En gran medida desconocidas hoy por las sociedades de América Latina y el Caribe.

Su deuda asciende actualmente a 72 billones de dólares (aunque de dudosa legalidad). Actualmente, este endeudamiento financiero especulativo pretende ser atendido a través de promoción de políticas neoliberales de austeridad (o "austericidio"), con la imposición de nuevas formas de dependencia y control por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El pasado año 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la "Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act" conocida como Ley PROMESA. La misma creó una Junta de Supervisión Fiscal compuesta por 7 miembros nombrados por el gobierno de los Estados Unidos y un miembro ex oficio nombrado por el gobierno de Puerto Rico. Las principales figuras de este cuerpo provienen del sector de la banca financiera internacional norteamericana. Pese a que su misión profesa el trabajar con el pueblo y gobierno de Puerto Rico para crear las bases de un crecimiento económico sostenible, sus acciones llevadas a cabo en su primer año de implementación demuestran que su propósito es garantizar el pago a los acreedores a costa de la destrucción de los derechos humanos del pueblo puertorriqueño, primordialmente atacando el derecho a la salud y a la educación.

Esta Junta, electa sin ninguna participación democrática, tiene poderes cuasi absolutos sobre la sociedad de Puerto Rico para imposición de medidas de precarización económica con impactos sociales, sanitarias, culturales y políticos evidentes buscando cumplir sus propósitos a cualquier costo y sin posibilidad alguna de revisión judicial. Es decir, se encuentra alterado el Estado Social de Derecho y los principios esenciales de democracia y participación.

Según datos del Departamento del Trabajo de Puerto Rico existe una tasa de desempleo del 12%. Por otro lado, la tasa de participación laboral entre personas mayores de 16 años es de 40%. En el periodo 2009-­2013, el 56% de los niños/as y el 45.1% de la población total vivían bajo el nivel de pobreza. Además, un 8% de la población es analfabeta en el país, y se contempla el cierre de más 300 escuelas en el próximo año escolar como parte del plan de ajuste económico.

Dentro de sus medidas impuestas y certificadas en el plan fiscal de la actual administración gubernamental de Puerto Rico, está el recorte de casi $1,000 millones de dólares al sistema de salud en los próximos 3 años. Al momento es completamente incierta la aportación que Puerto Rico continuaría recibiendo bajo la Ley Federal ACA, con la amenaza de perder a fines del 2017 la cantidad de 1,600 millones adicionales. El impacto de esta reducción en fondos resultaría una crisis sanitaria en la isla. Esto implica que sumado a la ya financierización y mercantilización a través de los seguros de salud en Puerto Rico, se eliminen aún las pocas capacidades públicas de un sistema de salud cada vez más ineficiente, ineficaz e inequitativo. El país viene de epidemias de Chikungunya, Dengue y Zika, la persistencia de las Infecciones de transmisión Sexual(ITS), como prevalencias altas de cáncer, condiciones cardiovasculares, malnutrición, obesidad, entre otras. Además, Puerto Rico posee una de las tasas más altas de cesáreas a nivel mundial.

El Informe de Salud de 2015 del Departamento de Salud se estima un gasto de $ 3,065 USD per cápita. Este estimado es muy probablemente inferior al gasto real, ya que no incluyó gastos de bolsillo como deducibles, co-­pagos, y medicamentos o servicios no cubiertos por las aseguradoras públicas o privadas. Un indicador que demuestra lo exorbitante de los negociados en salud: los gastos de consumo personal más altos para los puertorriqueños/as fueron en salud (comparado a gastos en vivienda, transportación y alimentos, entre otros). Estos constituyeron el 20% del total de gastos personales en Puerto Rico en el año 2015. Aunque el gasto per capita en salud en PR se acerca al promedio de los países más ricos del mundo, no ofrece acceso universal y casi un 10% de la población no cuenta con ninguna cobertura sanitaria. Los indicadores que logran dichos países y otros con gastos per cápita muchísimo menores como Cuba, no son alcanzados en PR. Por su condición colonial, a Puerto Rico se le impone la utilización del sistema sanitario más costoso e ineficiente del mundo, el de los EE.UU., resultando en más endeudamiento, inequidad y pobres resultados en salud ya descritos.

En resumen, en materia de salud colectiva, los recortes requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal y certificado por el gobierno de Puerto Rico, agudizaran aún más la crisis de un sistema que lleva años de mercantilización del derecho a la salud y que ahora con este nuevo ataque provocará el colapso del mal llamado "sistema" sanitario con una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en la historia del país.

El otro recorte descomunal justamente de $450 millones de dólares es a la Universidad de Puerto Rico, única institución pública de educación superior del país y espacio de pensamiento crítico y de profunda solidaridad latinoamericana y caribeña. Actualmente, el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico decretó una huelga sistémica indefinida solicitando: a) la auditoria inmediata de la deuda pública. b) no recortes del sistema de educación superior pública, y c) una reforma universitaria.

El Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales(CLACSO), así como las instituciones abajo firmantes planteamos:

1-­ Condenamos las políticas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal y reclamamos al Gobierno de los Estados Unidos el respeto a la democracia y los derechos humanos del pueblo hermano puertorriqueño, especialmente en la garantía de una vida saludable como son el derecho a la salud y a la educación, incluyendo la educación universitaria.

2-­ Solicitamos la derogación de la Ley PROMESA. Justamente para lograr "soberanía sanitaria" es necesario tener soberanía política de los pueblos en el ejercicio de la democracia. La descolonización y autodeterminación del pueblo de Puerto Rico es un principio esencial.

3-­ Reconocemos que la imposición de estas medidas de austeridad en el actual contexto mundial y regional, menoscaban los derechos universales a la salud y a la educación, elementos fundantes que inciden en el proyecto de sociedad que se aspira construir para las futuras generaciones.

4-­ Promovemos que actores claves del pensamiento y acción política emancipatoria de toda América Latina y el Caribe tanto instituciones académicas, movimientos sociales, actores populares como Gobiernos sean activos en su solidaridad internacional con Puerto Rico y su pueblo. Así acompañar al pueblo puertoriqueño en su lucha y resistencia.

Enviar adhesiones y firmas institucionales a gtsaludinternacionalclacso@gmail.com -­