Con un contundente veredicto de culpabilidad el pueblo puertorriqueño representado en el Segundo Tribunal del Pueblo declaró al gobierno de Luis Fortuño violador de los Derechos Humanos, Civiles y Constitucionales de los puertorriqueños.

Los temas abordados incluyeron el ambiente, las derechos de las mujeres, los estudiantes, los pobres, los trabajadores, la salud, la comunidad dominicana, la comunidad Lésbica-Gay-Bisexual-Transexual-Transgénero (LGBTT) y los colegios profesionales.

La sesión del Segundo Tribunal del Pueblo se llevó a cabo en la Plaza Pública de Río Piedras, el domingo 15 de mayo, convocado por el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), a cuya convocatoria se unieron diversas agrupaciones y sectores del país. La jornada, que inició cerca de las dos de la tarde, se extendió hasta las siete de la noche tras la presentación de diez testimonios que dejaron impresionados tanto al jurado como al pueblo que escuchó atento bajo una constante amenaza de lluvia.

“Puerto Rico vive un estado de agitación social. No ha pasado un solo día desde que Luis Fortuño tomó posesión del gobierno de Puerto Rico en que importantes sectores del pueblo puertorriqueño hayan dejado de expresarse en repudio a las políticas implantadas por su Administración”, declaró el licenciado Julio Fontanet, quien se desempeñó como examinador ante la concurrencia, respecto a por qué era necesario la celebración de un Segundo Tribunal del Pueblo.

La declaración, que fue preámbulo a la presentación de los testimonios, valida que “en el país que vivimos, en el momento histórico que vivimos, la sociedad civil no puede guardar silencio al conjunto de violaciones de derechos civiles, humanos y constitucionales. Tiene que responder afirmativamente, ejerciendo sus prerrogativas ciudadanas, denunciando el estado de deterioro en el ejercicio de nuestros derechos al cual pretende condenarnos el Estado”.

El tribunal contó con un panel de jueces integrado por el norteamericano Ajamu Baraka, director de la organización Red de Derechos Humanos de Estados Unidos (U.S. HRN), la abogada Wilma Reverón, como jueza coordinadora, el licenciado Pedro Santiago, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), Sección de Puerto Rico y el antropólogo Dr. Miguel Gómez Acosta. Pedro Muñiz, miembro del MINH, se desempeñó como alguacil del tribunal.

Asalto contra los pobres

Los testimonios comenzaron con la profesora Linda Colón, en calidad de perito del problema de la pobreza en el país. Colón, quien fue la primera directora de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), denunció la serie de violaciones en las que ha incurrido el gobierno de Luis Fortuño, comenzando por el desmantelamiento de la OCE y el abandono de casi 800 comunidades pobres en el país. Agregó que el actual gobierno no se plantea el problema de la pobreza como uno que hay que atacar aun cuando el 48% de las familias viven en pobreza. Por el contrario, el actual gobierno se enfoca en llevar a cabo políticas neoliberales que empobrecen y disminuyen los servicios a las personas alcanzando sectores como las mujeres, la educación, los jóvenes. Otro aspecto de violación que sobresale en la actual administración, denunció Colón, es la confabulación del gobierno central con los Municipios para expropiar a las comunidades pobres, como ha sucedido en Guaynabo, como sucedió con el Fideicomiso de las Comunidades del Caño y Barceloneta, entre otros.

A preguntas del jurado, Colón señaló que aun con las limitaciones políticas del gobierno de Puerto Rico, con una mejor utilización de los recursos y de una manera más estricta, es posible adoptar medidas que pueden mejorar la situación de pobreza. También a preguntas del jurado denunció que el Estado en Puerto Rico ha utilizado los recursos procedentes del gobierno federal –entiéndase Estados Unidos- para hacer creer al pueblo que son un regalo de los americanos y que no existe el derecho a reclamar una vida digna.

Minar derechos de trabajadores

El tema de los derechos laborales fue abordado por el testimonio del abogado laboral Alejandro Torres Rivera. En su documentada exposición, Torres Rivera trazó cómo desde la década de los 70 (del siglo XX) los gobiernos en Puerto Rico han desatado una ofensiva para minar los derechos de los trabajadores tanto en el sector público como en el privado.

En el caso de Fortuño, Torres recordó que al ganar las elecciones, aun sin haber juramentado a su cargo, nombró el llamado Comité Asesor CAREF. Es a este comité que se le atribuye la recomendación de las medidas de reducción del gobierno, el despido de empleados públicos, la reducción en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), las alianzas público privadas y otras.

Como un ejemplo del deterioro en que se encuentran los derechos de los trabajadores, el abogado citó que el valor actual de la mesada de un trabajador es el mismo del año 1976.

El deponente resaltó que hoy más que nunca es necesario que los trabajadores comprendan que la defensa de sus derechos está en sus manos. De forma convincente atribuyó que el ataque a los derechos de los trabajadores es un proyecto de una clase social que tanto el PNP y el PPD han ido estableciendo en el país.

En referencia a la consistencia del gobernador Fortuño, Torres Rivera expresó “Fortuño dijo que era un gobierno para sus cien amigos y en eso ha sido consecuente, le ha entregado el gobierno al sector privado”.
Subrayó que la política Republicana del gobierno de Fortuño considera que la única función del gobierno es la de viabilizar la acumulación de ganancias al sector privado.

Violaciones contra la mujer

En tanto, la activista por los derechos de la mujer, Elsie de Jesús, presentó el cuadro sobre la situación de violaciones de derechos humanos que padecen las mujeres en Puerto Rico.

Aun cuando las mujeres representan el 52% de la población en la Isla, el 53% de los votantes, el 43% de la fuerza trabajadora y hasta el 72% del estudiantado universitario en el sistema público, existen numerosas instancias donde se violan los derechos humanos. Una prueba de ello fueron los efectos de los despidos de empleados públicos por la ley 7 dado a que la mayoría de los empleados del gobierno eran mujeres; la intención de revisar el nuevo Código laboral que conllevará pérdida de beneficios relacionados con la maternidad, asuntos como espacios para la lactancia, entre otros.

La deponente recordó la controversia del Movimiento de Mujeres y el Municipio de San Juan por la permanencia de un mural en contra de la violencia contra la mujer, el cual todavía está pendiente en el Tribunal Supremo en Puerto Rico, además de la reciente controversia de la protección de la Ley 54 a una mujer en una relación extramarital.

Intolerancia contra Comunidad LBGTT

La situación de los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT), fue expuesta por los activistas Olga Orraca y Pedro Julio Serrano.

Al denunciar el ambiente de intolerancia que existe tanto en el país como en el gobierno, Orraca describió que la comunidad LGBTT se encuentra en una posición de gran vulnerabilidad ya que aun cuando lo exige la ley, la Policía no recopila datos de las incidencias de ataque hacia estas personas.

Denunció que las personas de la comunidad LGBTT son objeto de acoso (‘bullying’) en las escuelas por estudiantes, maestros y administradores, en el ambiente laboral y además se les niega el alquiler de vivienda.

En una exposición muy emotiva que sobrecogió a los presentes, el joven Pedro Julio Serrano, portavoz y fundador de la organización Puerto Rico para Tod@s, presentó estadísticas de que según una investigación de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) el 64% de los miembros de la comunidad LGBTT fue insultado en alguna agencia de gobierno por una persona en funciones, el 71% ha sentido temor por su vida mientras se encontraba en un lugar público y 1 de cada 3 jóvenes que se suicida en Puerto Rico, al igual que en EE.UU., pertenece a esta comunidad.

El activista calificó de bochornosa la actitud del Gobernador de no haber hecho nada por las 14 víctimas que han sido asesinadas en el pasado año y medio, por lo que los portavoces de la comunidad LGBTT han pedido que se investigue el ángulo de crimen de odio.

Serrano incluso dijo que Fortuño no ha ofrecido siquiera las condolencias a los familiares de estas víctimas e identificó al Presidente del Senado como una de las personas más homofóbicas del actual gobierno. Conteniendo las lágrimas, Serrano leyó a los presentes los nombres de las 14 personas asesinadas. “Nosotros somos tan puertorriqueños como la gente heterosexual, nuestras vidas tienen que estar protegidas como las de otros”, reclamó el joven. Además, recabó el apoyo para evitar que se enmiende el actual Código Penal ya que los cambios propuestos irán en detrimento de estos ciudadanos.

Atropellos y criminalización a universitarios

En tanto, la estudiante Xiomara Caro presentó la situación universitaria y atropellos de naturaleza económica y la violencia policíaca que han enfrentado los estudiantes, y la criminalización de su derecho a libre expresión por parte de la actual administración universitaria.

La estudiante del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico presentó cuatro ejemplos de violación de los derechos a los estudiantes de la universidad pública del país. Los dos primeros en alusión a los recortes en presupuesto que recibió la UPR a raíz de las Leyes 1 y 33 del 2009 y a la cuota de 800 dólares por concepto de matrícula y que, según dijo Caro, trajo como consecuencia que 10,000 estudiantes no pudieran continuar sus estudios.

Violaciones contra el ambiente

Las violaciones de derechos en el aspecto ambiental fue expuesta por el portavoz del Comité Utuadeño en contra del Gasoducto (CUCG), Gustavo Casalduc.

Sobre el gasoducto, Casalduc trajo a la consideración del tribunal los peligros que se ciernen sobre las comunidades por las que atravesaría el proyecto. Trajo también la extensión de la PR-22, conocida como el Expreso De Diego, cuya construcción de Hatillo a Aguadilla pone en serio peligro la industria lechera de la zona además del impacto ambiental. Otro proyecto que planteó Casalduc fue la construcción de “Villas Mi Terruño” en la Isla de Culebra, 110 unidades de vivienda y dos hoteles, que impactaría una zona montañosa de 100 cuerdas de terreno.

El dirigente comunitario trajo a la atención los proyectos eólicos de Wind Mar en Guayanilla que amenaza el Bosque Seco de Guánica y el Parque Eólico en Santa Isabel que impactaría una finca de 21 cuerdas donde se pondrían los abanicos y repercutiría en 3,700 cuerdas sembradas de frutos y hortalizas y los empleos de los agricultores.

Emergencia nacional de derechos civiles y humanos

Esteban Reyes, portavoz del Comité de Derechos Humanos y Civiles de la República Dominicana, dejó patente el tema de la xenofobia al narrar sobre el incremento del prejuicio que enfrenta la comunidad dominicana en los últimos años en nuestro país.

Durante el tribunal también se leyó una declaración de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

El presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo y el ex presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Dr. Eduardo Ibarra, fueron otros dos testigos ante el Tribunal del Pueblo. Toledo denunció las acciones del gobierno contra los colegios profesionales, mientras Ibarra informó sus gestiones ante el Congreso de Estados Unidos para conseguir un sistema de salud universal ante la crisis que vive la salud pública del país.

En una deposición que recogió el clima de violaciones a los derechos Humanos y Civiles que existe en el país el Director Ejecutivo en Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) concluyó que “Según lo vemos en la ACLU, ante este foro de pueblo existe una emergencia nacional de Derechos Humanos y Libertades Civiles. Vamos encaminados a una nueva era de guerra fría contra sectores que se oponen a la política del actual gobierno de turno”.

Finalizados los testimonios, el pueblo congregado en la Plaza de Río Piedras declaró culpable al gobierno de Luis Fortuño en cada uno de los cargos presentados.

Luego de haber escuchado los testimonios, se espera que el panel de jueces emita su veredicto en un par de días una vez examine cada una de las presentaciones por escrito que entregaron los deponentes.