Con la amenaza de recortes de fondos a la UPR, hoy está en juego el futuro de la educación universitaria como derecho social y la preservación del conocimiento que en ella se genera como bien público.

El modelo de universidad que el neoliberalismo impone sigue la tendencia a la mercantilización de la educación y la privatización del conocimiento. La educación como servicio mercantil deja de ser un bien público universal para convertirse en un bien privado ofrecido como mercancía. El estudiante de humanista-ciudadano se convierte ahora en cliente que consume y compra educación, donde no existe el derecho a la educación sino que es un privilegio que se paga. La universidad se reduce producir el “capital humano”, sin formación intelectual y cultural alguna, personas útiles a la productividad, la competitividad y la rentabilidad empresarial, que no piensen críticamente y no cuestionen el orden establecido. La UPR pierde su pertinencia social al crear profesionales y no ciudadanos para servir a la sociedad.

El proyecto neoliberal, representado por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno su cómplice, tiene en agenda destruir la UPR, su herramienta la eliminación de fondos o desfinanciación y la descapitalización además de querer eliminar la fórmula. Alegando una crisis financiera que es creada acomodaticiamente, pues no hay fondos para educación pero si para la JCF y sus contratos. A lo que le añade una propuesta de parte de los administradores de la UPR (que reproducen sin evaluar críticamente la ideología neoliberal) de reducir presupuesto y agrupar recintos o en su otra versión dejar los recintos grandes y transformar a los otros ocho en autofinanciables, obteniendo recursos mediante la venta de cursos de todo tipo, ofrecer programas cortos, certificaciones, adiestramientos, talleres, donde te concentras en enseñar y no investigar.  La UPR ahora debe generar ingresos propios, por medio de alianzas con el capital, privatizando parte de sus servicios o tal vez sus recintos y aumentando su matrícula.  

Otra de sus políticas tiene que ver con la propuesta de eliminar la fórmula. La agenda es desviar los fondos públicos, que lo disfrazan con la idea de crear un fondo de becas donde el estudiante accede a los mismos y puede comprar la “mercancía educativa” en la empresa privada que consideren les ofrece el mejor servicio educativo y dejando de financiar las profesiones no rentables, como las humanidades y las ciencias sociales. Pero llegan a la contradicción que en el argumento caen las ciencias y las tecnologías, como la física y las ciencias de cómputos porque no gradúan suficientes estudiantes que es el argumento cuantitativo que aluden. La formación universitaria tiende a perder su sentido humanista y social para convertirse en un servicio mercantil lucrativo, evitando el surgir intelectuales y profesionales críticos que cuestionan y proponen alternativas diferentes, y controlando así las investigaciones que generan nuevo conocimiento. El desviar fondos públicos para prioridades privadas, es un esquema de corrupción particular que hay que investigar y cuestionar.

Frente a este “embate neoliberal” defender la UPR es rescatar a Puerto Rico. (endi.com)