Se acerca una Reforma Contributiva que debe distribuir la carga contributiva entre todos los que tienen capacidad para aportar. Para la misma se debe identificar todas las exenciones, deducciones y créditos contributivos en leyes especiales para corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y otros, para evaluarlas y determinar su beneficio neto. Un estudio detallando podría reducir los enormes recortes que la Junta de Control Fiscal propone en Salud, la UPR, en educación y a los pensionados al identificar por dónde se escapa el dinero.

El exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, estimó que las exenciones e incentivos especiales a empresas e individuos le podían costar al gobierno unos $15,000 millones anuales. Debemos recordar que la brecha fiscal que tenemos es de $7,000 millones anuales, esta evaluación permitiría conseguir más dinero para cerrar la brecha fiscal y salir de la crisis fiscal.  Reflexionemos ¿Por qué un país en crisis fiscal da exenciones, deducciones y créditos contributivos a empresas multinacionales? ¿Cuál es el efecto en la economía y el costo de esos incentivos? ¿Se puede usar ese dinero para pagar maestros, policías, servicios médicos y cubrir nuestra deficiencia fiscal?

¿Pero, conocemos qué es una exención contributiva, una deducción contributiva o un crédito contributivo y cómo afecta el ingreso del Estado? Una exención contributiva es una figura jurídica de carácter contributiva, en virtud de la cual se libera al sujeto, empresa u organizaciones sin fines de lucro de la obligación de pagar una contribución total o parcial por disposición expresa de la ley. Los muchos créditos contributivos disponibles en Puerto Rico permiten a las empresas u organizaciones elegibles pagar menos contribuciones por sus ingresos como parte de las iniciativas gubernamentales para favorecer ciertos sectores económicos y creación de empleos. Existen decenas de leyes y reglamentos que otorgan beneficios que pueden suponer para algunos empresarios, corporaciones u organizaciones hasta un 100% de descuento de su responsabilidad tributaria.

Debemos proponer un estudio que identifique todas las exenciones, deducciones y créditos contributivos para mejorar la fiscalización (de las agencias pertinentes y de Hacienda), para asegurarse de que las compañías u organizaciones cumplen con los decretos de las mismas de crear empleos e incentivar a la economía. Se debe dar a conocer cuál es el efecto de dichas leyes en la recaudación de impuestos en Puerto Rico y cómo podemos buscar alternativas a los recortes que la JCF propone, recuperando dinero.  Además permite tener un sistema contributivo equitativo y que recaude.

La reforma contributiva debe ser abarcadora, mejorando la captación, simplificar los procesos y hacer justicia a los contribuyentes individuales, organizaciones y empresas, además de detener la evasión. Es necesario, para poder lograr reactivar la economía, ofrecer los servicios esenciales y construir un desarrollo de una país próspero, feliz, equitativo y justo.

Fuente: El Nuevo Día