A los independentistas se les ha acusado a lo largo del régimen estadounidense en Puerto Rico por supuestamente violar la ley de armas, del Servicio Selectivo, de explosivos, del Gran Jurado, de la llamada Ley de la Mordaza, por conspiración, sedición, por agresión, por desacato, por incitación a motín, por colocar pasquines, por penetrar propiedad federal y un largo etcétera. Las sentencias han ido hasta el extremo de imponer hasta tres cadenas perpetuas a una sola persona, como fue el caso de muchos nacionalistas vinculados a la revuelta de 1950.

Comité de Puerto Rico en las Naciones Unidas

Boletín ¡Puerto Rico al día!

marzo de 2017, olgasdavila@gmail.com, 787-360-0457

Puerto Rico celebra la conmutación incondicional por el Presidente Obama de la sentencia del prisionero político Oscar Rivera

López se encuentra en Puerto Rico bajo arresto domiciliario en el hogar de su hija Clarissa

El martes, 17 de enero de 2017, a pocos días de dejar la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama conmutó incondicionalmente la condena del prisionero político puertorriqueño, Oscar López Rivera, quien será liberado de todas condiciones y restricciones el próximo 17 mayo de 2017. El boricua de 74 años de edad, quien estuvo encarcelado en Estados Unidos, cumplió 35 años y medio de una sentencia de 70 años, convirtiéndose así en el prisionero político puertorriqueño que más tiempo ha estado encarcelado. Cumplió más años que los 27 de Nelson Mandela en la Sudáfrica del Apartheid.

La conmutación de su sentencia ha sido motivo de júbilo general en Puerto Rico, ya que la causa de su excarcelación había alcanzado un altísimo grado de consenso entre la población y en la sociedad. Líderes políticos de todas las tendencias - el actual y varios pasados gobernadores, los líderes y miembros de los cuerpos legislativos, alcaldes y alcaldesas de municipalidades a todo lo largo y ancho de Puerto Rico - líderes y organizaciones religiosas, sindicales, profesionales, de derechos humanos, figuras de las artes, la música, la academia, el deporte y el entretenimiento, entre muchas otras, se habían unido al reclamo por su excarcelación que se inició por parte del movimiento patriótico puertorriqueño, y sus organizaciones, desde el mismo día de su arresto y  el arresto de sus compañeros y compañeras allá para principios de la década de los ochenta del siglo pasado.

En Puerto Rico existe una larga historia de apoyo a los prisioneros políticos, con  múltiples esfuerzos a lo largo de las décadas, y un Comité Pro Derechos Humanos, que ha sido dirigido en distintos momentos por importantes líderes independentistas como el profesor Nelson W. Canals, el abogado y académico Luis Nieves Falcón y, más recientemente, el abogado independentista y ex presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Villanueva Muñoz.  A propósito de la campana de excarcelación de Oscar López se organizaron otros comités de apoyo como el Comité 32X Oscar, liderado por el reconocido médico oncólogo, Dr. Fernando Cabanillas y la Coalición para la Libertad de Oscar López, coordinada por la ex secretaria de la gobernación de Puerto Rico e ingeniera, Ingrid Vilá Biaggi.

Oscar López formó parte del gran movimiento por la independencia y la resistencia nacional en Puerto Rico y Estados Unidos, durante la etapa álgida de los años setenta, por lo cual fue perseguido, acusado de sedición y condenado a prisión. La lucha para que fuera excarcelado siguió creciendo, especialmente a partir del 1999, cuando la mayoría de sus compañeros y compañeras que habían sido acusados con él fueron indultados por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.  En esa ocasión, Clinton le ofreció el indulto a Oscar también, a cambio de que cumpliera diez años más de su sentencia, pero éste rechazó la oferta porque el mandatario no incluyó en su perdón a otros dos de sus compañeros.

Durante los últimos seis años - a partir del 2011 - cuando, bajo la presidencia de Barack Obama, le fue denegada una petición de libertad bajo palabra, la lucha y el reclamo por la excarcelación de Oscar López Rivera continuó arreciando y convocando la solidaridad no sólo de la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño y sus líderes y figuras más importantes, sino también de figuras notables de la diáspora boricua en Estados Unidos, y de figuras y organizaciones de alcance mundial que se pronunciaron y fueron incorporándose a distintas actividades a favor de su excarcelación, como hicieron varios Premios Nobel, Presidentes y líderes políticos de distintos países, líderes religiosos incluyendo el Papa Francisco y el Arzobispo Desmond Tutu, figuras del arte, la cultura y el entretenimiento de renombre mundial.

Pero fue en los últimos meses del mandato de Barack Obama, cuando ya Estados Unidos había elegido un nuevo presidente en Donald J. Trump, que se le dio el impulso definitivo a la campaña que culminó con la conmutación de sentencia por parte del saliente mandatario.  En esa etapa final, fue grandioso el apoyo a Oscar que cientos de miles de personas le comunicaron al Presidente de Estados Unidos. Esta última etapa comenzó con una actividad multitudinaria celebrada el pasado mes de octubre en el Parque Lafayette, frente a Casa Blanca. A partir de ahí, en noviembre, diciembre y enero no cesaron las actividades y manifestaciones por Oscar, incluyendo otra manifestación en Washington, D.C.

Las Mujeres del Puente es un grupo de 35 mujeres y sus seguidores(as) que han sostenido valientemente una vigilia mensual de solidaridad con el prisionero el último domingo de cada mes en el Puente Dos Hermanos en San Juan. Más de cien mil firmas se recogieron en una petición que llegó al correo digital del presidente. Otras cien mil le fueron entregadas a través del congresista por el estado de Illinois, el boricua Luis Gutiérrez. Políticos en Estados Unidos como los cuatro congresistas boricuas, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, el senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders urgieron al Presidente Obama a excarcelar al boricua. Artistas de la talla de René Pérez (Residente), Ricky Martin y Lin Manuel Miranda, entre otros, también hicieron llegar sus mensajes. El ex presidente de Estados Unidos y Premio Nobel Jimmy Carter le escribió una carta solicitando al mandatario firmar el indulto.

En Puerto Rico, los líderes religiosos encabezados por el Arzobispo de San Juan movilizaron sus huestes para una jornada de oración por la liberación del boricua; la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, también fue una figura clave en el esfuerzo y el nuevo gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, del partido anexionista, inició su mandato escribiéndole al Presidente Obama a favor de la excarcelación de Oscar López Rivera. La huelga de hambre de 17 días iniciada el primer día del año 2017 por la presidenta del Comité de Puerto Rico en la ONU (COPRONU), Olga Sanabria Dávila, fue una acción que intensificó el reclamo al presidente de Estados Unidos que culminó con su decisión del 17 de enero de ordenar la conmutación de la sentencia de Oscar.

En Puerto Rico, el movimiento patriótico y todo el pueblo, celebran esta gran victoria de la unidad de propósito de tantas personas en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo, y aguardan con alegría por el regreso del luchador y patriota. Se esperan grandes actos de celebración a partir del 17 de mayo de 2017 cuando se dejen sin efecto el arresto domiciliario y las restricciones actualmente aplicadas contra Oscar López Rivera.

Implicaciones de la Junta de Control Fiscal impuesta al pueblo de Puerto Rico

La Junta de Control Fiscal es el organismo creado por la ley PROMESA del Congreso de Estados Unidos para regir sobre el gobierno de Puerto Rico en materia fiscal y económica y, principalmente, para atender lo relacionado con la deuda pública de más de 70 mil millones de dólares que tiene su principal colonia. A través de esta Junta de siete miembros, el Congreso de Estados Unidos se propone imponer medidas de extrema austeridad que permitan el pago de la deuda a los acreedores a través de la reducción del presupuesto del gobierno por la cantidad de 3 mil millones de dólares de un presupuesto que tiene un déficit promedio anual de aproximadamente 7 mil millones de dólares.

A principios de enero de 2017, el presidente de la Junta de Control, José Carrión III, le envió una carta al gobernador entrante de Puerto Rico, Dr. Ricardo Rosselló, del anexionista Partido Nuevo Progresista, dándole un plazo, luego extendido, de varias semanas para la entrega del presupuesto del gobierno colonial, y advirtiéndole sobre los recortes drásticos que espera se vean reflejados en el mismo.

El organismo pretende eliminar el déficit y balancear el presupuesto en dos años a pesar que este déficit se ha ido acumulando durante décadas de endeudamiento extremo. La falta de poderes políticos que sufre Puerto Rico le impide tomar decisiones respecto a su desarrollo económico. Ha impedido a la Isla rehabilitar una economía fundamentalmente dependiente de incentivos y políticas económicas provenientes de la metrópolis estadounidense.

La receta extrema que propone la Junta será un golpe contundente para el pueblo puertorriqueño porque implica más sacrificios de la población, sin el beneficio de que el Congreso o la Junta ofrezcan nuevas iniciativas de desarrollo económico que contribuyan a rehabilitar la economía, la cual lleva más de diez años en decrecimiento continuo. El propio señor Carrión III reconoce que con las medidas de austeridad propuestas por la Junta, este año la economía de Puerto Rico podría decrecer hasta en un 16%, lo que implicaría un descenso aparatoso en el estándar de vida del pueblo puertorriqueño. Eso además que en los últimos 10 años en Puerto Rico se perdieron 60 mil empleos lo que equivale a $3 mil millones de dólares en perdida de riqueza.

Las medidas que propone la Junta de Control Fiscal implicarán miles de millones en nuevos impuestos, el despido masivo de empleados públicos, recortes drásticos a los servicios de salud, recortes a las pensiones de los jubilados del servicio público, y recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, la única institución de educación superior pública en el país, y la que produce el mayor número -en cantidad y calidad- de nuestros profesionales.

Por su parte, el gobierno colonial de Puerto Rico está maniatado, porque si no cumple con las directrices de la Junta de Control Fiscal, ésta levantará la prohibición que autoriza la Ley PROMESA a las demandas legales, lo cual ha impedido a los acreedores acudir a los tribunales para cobrar su deuda.

La imposición de la Junta de Control Fiscal es el más reciente golpe del gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico. Por eso, dicho organismo es rechazado por un amplio sector de la población que reconoce la verdadera intención del Congreso de Estados Unidos de zapatearse de su parte de la responsabilidad por la crisis en que ha desembocado su principal colonia.

Las pretensiones de austeridad extrema que la Junta esboza como receta para Puerto Rico revelan su verdadera naturaleza y su verdadero propósito: beneficiar los intereses de los grandes conglomerados financieros que le prestaron dinero a Puerto Rico.

Por su parte, el gobierno de Puerto Rico propone una reforma contributiva, las llamadas alianzas público-privadas que privatizan de haberes y servicios, la reducción de las pensiones de jubilados del servicio público, y una llamada reforma laboral que reduce beneficios y derechos a la gente que trabaja.

El estatus del estatus, posible plebiscito el 11 de junio de 2017

• Las elecciones de Puerto Rico en 2012 fueron acompañadas de un plebiscito donde en la primera pregunta, sobre la continuación del estatus territorial actual de Puerto Rico, el 54 por ciento votó en contra de la continuación de ese estatus actual.
• En las elecciones del pasado 6 de noviembre de 2016 fue electo a la gobernación de Puerto Rico el Sr. Ricardo Rosselló Nevárez del anexionista Partido Nuevo Progresista, el cual además del ejecutivo, también ganó mayoría en la Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico.
• El actual partido de gobierno, que aboga por que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, aprovechó su mayoría para adoptar una ley firmada el 3 de febrero de 2017 para la celebración de un plebiscito en Puerto Rico el 11 de junio del año en curso.
• Se calcula que el plebiscito tendrá un costo de 5 millones de dólares.
• Según la ley adoptada, el plebiscito ofrecerá a los participantes escoger entre dos opciones: 1) estadidad; y la soberanía política bajo 2) libre asociación/independencia.
• El plebiscito no es vinculante para Estados Unidos.
• La legislación adoptada hace caso omiso de cualquiera de las posibles variantes del estatus actual de estado libre asociado.
• El Partido Popular Democrático, arquitecto del estatus actual de estado libre asociado, decidirá su participación o boicot del plebiscito en una asamblea que celebrará próximamente.
• De triunfar la estadidad en el plebiscito, la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, también del partido anexionista, iniciaría un proceso a favor de que el Congreso de Estados Unidos adopte un proyecto de ley que ya radicó el cual incorporaría a Puerto Rico como su estado 51 para 2025.
• De triunfar en el plebiscito del 11 de junio la segunda opción: libre asociación/independencia, el 8 de octubre del año en curso se celebraría una segunda consulta al pueblo entre las opciones de 1) libre asociación y 2) independencia.
• Hay varias interrogantes sobre la viabilidad del proceso de plebiscito a iniciarse el próximo 11 de junio de 2017.
• No obstante la adopción de la ley del plebiscito del 11 de junio por la legislatura de Puerto Rico, al tener poder por encima del gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal impuesta al gobierno Puerto Rico por la Ley PROMESA puede determinar que el gobierno de Puerto Rico no puede presupuestar el dinero que requerirá el plebiscito.
• En 2014 el Congreso de Estados Unidos adoptó legislación que establece que el Departamento de Justicia de ese país podrá designar 2.5 millones de dólares para un proceso plebiscitario en Puerto Rico incluyendo un proceso educativo.
• En ese caso el Departamento de Justicia de Estados Unidos tendrá la última palabra sobre las opciones de estatus a presentarse en el plebiscito y sus definiciones.
• En ese caso también, el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría imponer que se incluya la opción de alguna variante del estatus actual de estado libre asociado.
• En las elecciones de 2016 dos candidatos independientes al margen de los partidos políticos ganaron más de 230 mil votos.
• Los votos por candidatos independientes en las elecciones de 2016 fueron interpretados como votos de insatisfacción con el estatus colonial, la crisis económica y su manejo, y la corrupción entre otros problemas que los partidos tradicionales del país no han atajado.
• La participación en el plebiscito del Partido Popular Democrático y su sector soberanista es una interrogante por la ausencia entre las opciones a presentarse en el plebiscito del estatus de estado libre asociado en cualquiera de sus variantes.
• La participación en el plebiscito del 11 de junio de 2017 por parte del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y otros sectores está condicionada al desenlace de las variantes.
• Varios factores hacen probable el rechazo del gobierno de Estados Unidos de Puerto Rico como el estado 51 de esa nación incluyendo la profunda crisis económica actual en Puerto Rico que se traduce en una crisis social, la fuerte identidad latinoamericana y caribeña de Puerto Rico, el vernáculo español del pueblo de Puerto Rico, y la lucha histórica por la independencia de Puerto Rico, entre otros factores.
• El puertorriqueño miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación de un distrito del estado de Illinois radicó en ese cuerpo un proyecto de ley que mandataría un plebiscito del pueblo de Puerto Rico en que se le presentarían dos opciones: 1) libre asociación; y 2) independencia. No habido acción sobre este proyecto.

Larga historia de represión contra independentistas en Puerto Rico

Puerto Rico tiene una trayectoria de siglos de lucha anticolonial y por su independencia, primero bajo España y, por los pasados 118 años, bajo Estados Unidos, potencia mundial que invadió y ocupó militarmente a Puerto Rico en 1898, tras la derrota de España en la Guerra Hispanoamericana. Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos por España y desde entonces es colonia de Estados Unidos. Por esa misma razón, ha arreciado también la represión contra el movimiento patriótico puertorriqueño, alcanzando a decenas de miles que han sufrido persecución, en desarrollo de expedientes de su persona y sus actividades, cárcel y hasta la muerte por su militancia independentista.

El historiador, académico e investigador puertorriqueño, José Paralitici, traza la historia de la lucha anticolonial de Puerto Rico frente a Estados Unidos y de la represión contra el independentismo, en un artículo publicado en el periódico independentista CLARIDAD, con motivo del anuncio de la excarcelación de Oscar López Rivera. Dice Paralitici: “En estos días en que vivimos la gran alegría de saber que patriota Oscar López Rivera volverá con nosotros, es casi imperativo repasar, por lo menos, desde cuándo han estado encarcelados quienes luchan y apoyan la independencia puertorriqueña.

Desde que Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico en octubre de 1898 hay reclamo de excarcelación de independentistas. Fue Hostos el primero que le pide al presidente estadounidense que excarcela a independentistas. Los primeros independentistas encarcelados bajo el régimen colonial fueron periodistas que criticaron los abusos de la soldadesca estadounidense. Desde entonces no ha habido década, en que algún independentista haya estado preso. Quizás solo en la década del 20, que es una que tenemos que investigar más.

Son más o menos mil los que han visto la prisión en Puerto Rico, en Estados Unidos, y hasta en otros países a consecuencia de luchar por el ideal independentista o apoyarlo. Esta cifra no incluye a la gran cantidad de independentistas que 1999 a 2003 estuvieron presos por Vieques, unos 950, como tampoco a unos mil que estuvieron presos como cuestión “preventiva” cuando la revuelta nacionalista en 1950. Tampoco incluye los encarcelados por cometer daño a propiedad federal, específicamente correos de Estados Unidos en Puerto Rico durante la década de 1930, hechos que merecen una buena investigación.

A los independentistas se les ha acusado a lo largo del régimen estadounidense en Puerto Rico por supuestamente violar la ley de armas, del Servicio Selectivo, de explosivos, del Gran Jurado, de la llamada Ley de la Mordaza, por conspiración, sedición, por agresión, por desacato, por incitación a motín, por colocar pasquines, por penetrar propiedad federal y un largo etcétera. Las sentencias han ido hasta el extremo de imponer hasta tres cadenas perpetuas a una sola persona, como fue el caso de muchos nacionalistas vinculados a la revuelta de 1950.

Ha habido décadas en que la persecución y la represión contra los independentistas han sido más fuertes.  Leerlo únicamente pondría en tensión a cualquiera. Las décadas en que más independentistas han ido a la cárcel han sido las de 1930, 1940, 1950, 1960,1970 y 1980”.

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El boletín ¡Puerto Rico al día! lo produce el Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas. Redactora: Carmen Ortiz Abreu. Vea información sobre la situación en Puerto Rico y la lucha por su descolonización en las páginas web:

minhpuertorico.org

otropuertoricoesposible.org

redbetances.com