Tal como lo dijo el hoy gobernador Ricardo Rosselló Nevares, durante la campaña electoral de que trabajaría con la Junta de Control Fiscal (JCF) y que su gobierno pagaría la deuda, el gobernador está cumpliendo ambas promesas en contra del pueblo.

La supuesta reforma laboral, el empleador único y su Ley de Cumplimiento van dirigidas a eso. En el caso de la llamada Ley de Cumplimineto, la interpretación del gobierno por voz de Elías Sánchez Sifonte, es que la Ley de Cumplimiento deroga la Ley de Moratoria, la cual “nunca debió de existir” y fija la nueva política pública a los fines de que el Gobernador se compromete a “cumplir con los servicios esenciales”, del Estado pero que una vez se cumpla “todo dinero disponible, todo dinero que el gobierno de Puerto Rico logre mediante recortes, mediante eficiencias se destinará al pago de la deuda”.

En esa dirección el gobierno de Rosselló se comprometió en la cuarta reunión, como lo dictó la JCF a preparar un plan fiscal en un mes con un recorte de $3 mil millones. A preguntas de CLARIDAD a miembros de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) éstos afirmaron que no es posible ajustar un plan de esa naturaleza en un mes, “pero me imagino que tienen gente de poder económico que le darán recomendaciones ajustado a lo que han propuesto”, afirmó la economista Martha Quiñones Dominguez.

La JCF ha reconocido que un recorte de esa magnitud provocará una contracción económica de un 16% en el producto interno bruto (PIB) y con una naturalidad que raya en la ofensa, los miembros de la Junta, en particular su presidente, José A. Carrión, José R. González y Ana Matosantos, hicieron declaraciones a la Prensa luego de la reunión efectuada en el Hotel El Convento en Fajardo, de que es el gobierno “es quien tiene que decir qué medidas tomar específicamente para llegar al número que a su vez llegue a un presupuesto balanceado”.

Frente a esta postura es cuestionable que después de una contracción del PIB de esa magnitud de dónde entonces saldrá el dinero para el fisco. Quiñones Domínguez, advirtió de manera determinante que el dinero saldrá de aumentar impuestos regresivos como es el IVA, pero mucho más alto y de impuestos a las propiedades.

Sobre el particular su colega el profesor Ricardo Fuentes Ramírez añadió respecto a la actitud de la Junta: “A mí me parece que ilustra que la prioridad de la Junta es resolver la situación fiscal y pagarles a los bonistas, mientras ven la recuperación económica como secundaria. Están por tanto, algo al revés, o en dirección opuesta a lo que sería un plan prudente. Es precisamente la recuperación económica lo que podría resolver estructuralmente la situación fiscal”.

En tanto aun cuando el gobierno ha dicho que cumplirá con los “servicios esenciales”, tampoco los ha definido. Esto fue materia de discusión también en la reunión de la JCF.

A pregunta de CLARIDAD sobre si es posible una definición económica de “servicios esenciales”, la economista Quiñones Domínguez, expuso que la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió a los servicios esenciales como “los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”. Reparó que en esta definición incluso, caben las agencias que velan por el ambiente, las relaciones laborales y los servicios sociales “y le podemos añadir que daña los procesos de otras actividades económicas afectando la disponibilidad de bienes y servicios”.

En cuanto a la moratoria los economistas reconocieron que ésta es necesaria, no obstante destacaron la importancia de que la moratoria esté acompañada de la auditoría de la deuda, que determine en nuestra condición colonial la legalidad de la deuda, cuál se debe pagar, a cuál deuda pedir una quita y cuál deuda se debe investigar y procesar legalmente a los responsables. “Eso no lo van a hacer, así que lo que queda es exigir la auditoría ciudadana de la deuda y exigir procesos transparentes en la misma con reclamos de democracia participativa”, recalcó Quiñones Dominguez.

Por parte de la Junta uno de sus directivos José R. González a pregunta de CLARIDAD de por qué la Junta iba a hacer su propia auditoría y no respaldaba y esperaba por el trabajo de la Comisión de Auditoria Ciudadana, reaccionó tajante de que la JCF: “El mandato legal de PROMESA es que nosotros hagamos nuestra propia verificación de datos u auditoría, no tiene referencia a ninguna otra entidad”.

Dada la situación de deuda que enfrenta el país las voces de la Asociación de Economía Política recabaron que se debe exigir que no se secuestren los términos por el neoliberalismo, y el que los economistas deben hablar y plantear que hay alternativas, que el problema es uno económico y no financiero. “Mientras no se resuelva el problema económico seguiremos patinando y no resolviendo, pues el neoliberalismo dice que hay crisis y define sus crisis según sus intereses. Pero no resuelve el problema”.

En esa línea a la interrogante de que, si nos les llamaba la atención de que la JCF insista en que el gobierno separe una partida para infraestructura en su presupuesto, Quiñones Domínguez atribuyó que eso responde al convencimiento de la política neoliberal de la Junta de que el motor económico es la construcción, “pues son los asesores del Gobernador, por eso recomiendan la construcción. Por eso insisten en infraestructura cuando la realidad es que tenemos mucha y no está obsoleta, está sin mantenimiento que no es lo mismo”.

Mientras la JCF y el gobierno continúan adoptando medidas de austeridad no se presenta un plan de desarrollo económico sobre esta falta, Fuentes Ramírez apuntó que ello ilustra las prioridades desajustadas de la Junta y el gobierno actual.

“Sus acciones van enfiladas a pagarles a los bonistas y recuperar la llamada credibilidad en el mercado, como si eso automáticamente lograra desarrollo económico. Mientras tanto, aprueban una reforma laboral junto a otros proyectos que aumentarán la desigualdad y obstaculizan el desarrollo económico”.

Fuentes Ramírez calificó que tanto las recomendaciones de la JCF así como las medidas tomadas por el gobierno; “es quizás el peor caso de autosabotaje en nuestra larga historia, de autosabotaje económico. Si la ciudadanía no se organiza de forma militante contra estas medidas, lo que nos espera es la ruina y un éxodo masivo. Si el gobierno actual genuinamente tiene interés en mejorar la situación en el país, debe abandonar estas políticas y moverse hacia la larga lista de alternativas que varios sectores del país, desde los y las economistas hasta las organizaciones de la sociedad civil, han destacado”. (Claridad)