Los problemas que ha generado en Peñuelas el depósito de cenizas y otros productos derivados de la quema de carbón son un espejo al que, a juzgar por el trámite de permisos, no han mirado detenidamente las agencias reguladoras en su evaluación de la planta de incineración Energy Answers (EA).

En cambio, los residentes de varias comunidades peñolanas no pierden de vista el avance en ese proceso de esta empresa estadounidense que propone plantarse en Arecibo para disponer de 2,100 toneladas de desperdicios diarios.

Se estima que esa actividad generaría cerca de 200,000 toneladas de cenizas anuales, que EA negocia disponer en el vertedero de Ecosystems, uno de los dos que hay en Peñuelas, según se supo luego de meses de reclamos de información a EA y a la la Junta de Calidad Ambiental, incluso por la vía judicial. También, se almacenarían cenizas en la instalación de Arecibo antes de su disposición final.

“Se está muy vigilante al proceso porque son cenizas tóxicas”, dijo Jaime Ruberté, abogado de grupos comunitarios que se oponen al depósito de cenizas de carbón en los vertederos del país.

“Como hace daño a la salud, ya hay oposición a que se produzca ese tipo de cenizas y a que se disponga de ellas en los vertederos”, agregó el abogado.

No obstante, las agencias reguladoras consideran estas cenizas como no tóxicas y por eso permiten que se lleven a los rellenos sanitarios.

El Municipio de Peñuelas aprobó en abril de 2013 una ordenanza que prohíbe el depósito de cenizas de carbón en su territorio y otros 46 municipios han adoptado legislación similar. De estos, solo Vega Baja ha extendido la prohibición a los residuos o cenizas de desperdicios sólidos, indicó la líder ambiental y opositora a la incineradora Myrna Conty.

“Si ahora mismo tenemos problemas para la disposición de las cenizas, en qué cabeza cabe aprobar un proyecto que va a generar una mayor disposición”, criticó, por su parte, el químico Osvaldo Rosario.

En la Legislatura se han presentado proyectos dirigidos a restringir el depósito de cenizas y derivados de carbón, pero no para las cenizas de basura quemada.

La exsenadora María de Lourdes Santiago, autora de uno de esos proyectos legislativos, explicó que, en el caso de la quema de basura, es muy difícil determinar la composición de las cenizas depositadas en cada entrega en el vertedero, pues dependerá de los materiales y de la cantidad incinerada.

“Por eso no lo puedes medir el día antes o el día después. Entonces, la incineradora presenta unos problemas particulares, por su naturaleza, de fiscalización ambiental”, opinó Santiago.

Pero Mark J. Green, gerente de este proyecto, señaló que las cenizas de carbón y las producidas en una planta como la de EA no solo son diferentes en su composición sino también en las regulaciones que les aplican para su disposición.

Green comparó las cenizas que produciría la incineradora con la basura doméstica, aunque al mismo tiempo señaló que, antes de su disposición en un vertedero, hay que someterlas a un análisis que confirme que no son tóxicas y que su almacenamiento, transportación y disposición deben manejarse con cuidado.

Medición tóxica. Rosario, quien es doctor en química, indicó que toda ceniza tiene toxicidad y su depósito en los vertederos atenta a la salud humana y a los acuíferos.

“El grado de toxicidad varía dependiendo del material que se quema, por eso unas cenizas son más tóxicas que otras”, mencionó.

Sin embargo, aclaró que, aun cuando en los materiales no haya presencia de materiales pesados, la propia combustión transforma los hidrocarburos. A nivel molecular, las altas temperaturas deshacen el producto original y es altamente probable que las nuevas moléculas que se formen sean tóxicas y cancerígenas, dijo el también profesor de la Universidad de Puerto Rico.

Las agencias reguladoras han aceptado que se mida la toxicidad de las cenizas luego de pasar por un proceso en el que se le vierte un material acuoso y no se hace una medición directa al contenido, explicó.

A juicio de Rosario, esa medición no revela los niveles reales de toxicidad, pero se hace para complacer a los inversionistas de esta industria que tienen cabilderos en Washington.

La semana pasada, los congresistas David McKinley y Alex X. Mooney enviaron una carta al gobernador Ricardo Rosselló para advertirle que una legislación local que prohíba el depósito de cenizas de carbón en los vertederos estaría en contra de estatutos federales. Tanto en la Cámara como en el Senado de de Puerto Rico hay proyectos a esos fines, presentados por Denis Márquez y Juan Dalmau. (El Nuevo Día)