Nada de reforma laboral, sino “una reforma patronal”, calificó el profesor de Economía, José I. Alameda, el proyecto (PS 212) de reforma laboral, una de los primeras medidas con que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares ha iniciado su gestión gubernamental. Una llamada reforma laboral, a petición de la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico (CSPPR).

“Primero eso no es una reforma, uno no puede presentar una reforma laboral sin citar el sector laboral, en esa legislación, buena o mala, no hay un ápice del sector obrero representado ahí”, apuntó a Claridad el profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez (UPR-M). Reparó que en principio aunque sus patrocinadores podrían decir que los cambios propuestos no le aplican a los actuales sectores unionados, sino a los que vienen, de todas maneras los próximos trabajadores serán parte del sector laboral y se va a tener en un mismo centro de trabajo trabajadores que van a estar en desigualdad de condiciones laborales.

Alameda señaló, que en el proyecto no hay ninguna conexión que vincule cómo las medidas propuestas van a impulsar la economía, y apuntó que lo que contiene es la impresión general de los empresarios, por lo que observó que el proyecto y el gobierno comenzaron mal “porque le preguntaste a quien no debía”. El veterano economista, rebatió los argumentos de los que favorecen las medidas- (comerciantes y otras empresas) de que el país no atrae inversión debido a las leyes laborales y que no hay competitividad, de esa premisa ser correcta entonces bajo esas condiciones no vendrían empresas como Walmart, Walgreens, Costco, etc. Acotó que las empresas que se han ido lo han hecho porque se les fue el margen de ganancia como por ejemplo lo era la Sección a 936. “Todo eso se monta en una falacia”, dijo sobre los argumentos de los empresarios.

Alameda puntualizó que la competitividad se define, cuando todos los sectores aumentan su competitividad y aumenta la productividad del empresario, por lo que la competitividad no puede estar reñida en “yo gano porque tú pierdes”. En esta reforma pierden los trabajadores.

Censuró además el que se utilice como argumento el comparar la “competitividad” de Puerto Rico con otros países tomando en cuenta solo al sector empresarial. Sobre la falacia de la competitividad comentó que por ejemplo en Suiza, que es el país de mayor competitividad, los empresarios igual alegan que las leyes laborales no les permiten ser competitivos y en Singapur, el cual es un país casi sin leyes laborales, en donde la ventaja para el patrono es brutal con todo y eso se quejan de las leyes laborales.

“El problema no son las leyes laborales son los privilegios a las empresas extranjeras, pero eso no se toca”, denunció Alameda y afirmó que se ha demostrado que los beneficios marginales que reciben los trabajadores es un aspecto importante para alcanzar productividad.

Reforma laboral, desigualdades

En tanto el economista Ricardo Fuentes Ramirez, de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) a preguntas de Claridad igual denunció que la visión detrás del proyecto es la típica visión neoliberal, que argumenta desde su lado de que mientras más espacio de maniobra tenga el empresario ese espacio le va a permitir superar la crisis y va a poder reactivar la inversión en el país.

“Ese es el argumento de los empresarios y se ha intentado alrededor del mundo y cada vez que se intenta los resultados son desastrosos o sea que realmente eso esta documentado y requete documentado que ese tipo de medida lo que hacen es aumentar la desigualdad y retrasar el crecimiento económico”.
Fuentes Ramírez fue enfático en denunciar que el concepto de “flexibilidad laboral” cada vez que se usa es un eufemismo para exprimir a los trabajadores. En esa orientación están enmarcadas la mayor parte de las propuestas del proyecto que se debate en la Legislatura.

“Puerto Rico ya es una de las economías más desiguales del mundo, y estas medidas solo empeorarán la desigualdad. Los estudios apuntan a que la desigualdad también retrasa el crecimiento económico, por lo que esta reforma laboral es una receta para el desastre,” denunció el profesor Fuentes Ramírez.

En esa línea expuso que en el caso de Estados Unidos y de Puerto Rico gran parte de los salarios se han estancado para la mayoría de los trabajadores de manera dramática desde los años 70’ del siglo pasado y las ganancias, de los propietarios se han disparado hacia arriba. Cuando el sueldo, los ingresos de los trabajadores se estancan eso implica que las personas tienen menos dinero para gastar y ese mismo empobrecimiento de la población lo que hace es estancar la economía.

“Entonces uno se pregunta cómo es posible que haya tanta evidencia, que esté tan documentado que esto no funciona, cómo es posible y que lo quieran llevar a cabo. Solo hay una combinación de dos explicaciones; una que las personas que están detrás de esto están genuinamente desinformadas y es desde la ignorancia y la desinformación que viene este tipo de propuestas y del otro lado que son personas que quieren aprovecharse de la crisis para exprimir más al pueblo y aprovecharse de la crisis para ellos aumentar sus ganancias individuales”, manifestó en tono indignado el profesor de Economía de la UPR, recinto de Mayagüez.

En lugar de un proyecto de esta naturaleza el economista recabó que lo que se necesita para el país es el desarrollo de políticas económicas, “eso es en lo que el gobierno ha fallado desastrosamente de manera histórica”. Fuentes Ramírez recabó que es necesario que el gobierno desarrolle una política industrial y se enrolle las mangas y vea cuáles industrias se pueden desarrollar en el país y cuáles se deben proteger “es lo que ha funcionado en otros países”. Criticó que en su lugar aquí se sigue el laisse fair de que sean los empresarios que tengan mas dinero los que se encarguen de reactivar la economía, forma que se ha documentado que no funciona, recalcó.

En esa dirección hizo la observación de que la mayoría de los trabajos en la isla son a tiempo parcial. Llamó también la atención de que en el proyecto no se desglosan las diferencias de los grandes intereses y la de los pequeños empresarios, otro factor que evidencia el que hace falta una política económica de parte del gobierno. Al plantear que las grandes empresas deben aportar más para ayudar a salir de la crisis ya que son en parte culpables del problema al paso indicó que definitivamente los estudios demuestran que las pequeñas empresas tienden a crear empleos más duraderos y estables y en muchos casos son mucho más productivas para la economía local.

En lugar de las propuestas del sector privado, Fuentes Ramírez, a nombre de la APEP urgió al gobierno a evaluar propuestas que se han documentado que funcionan, como fortalecer el sindicalismo y los derechos laborales, un sistema contributivo con énfasis en la progresividad, combatir la evasión y erosión de impuestos por parte de los sectores más adinerados y las empresas más grandes, y la participación obrera y ciudadana en todos los foros posibles. De igual forma exhortó al pueblo a organizarse y combatir la medida.

Falsa las premisas de los empresarios

Estudios de los economistas José I. Alameda Lozada y Alfredo González Martínez, confirman que la compensación laboral por empleado en Puerto Rico ha ido decreciendo desde el 1979 y continúa de manera acentuada hasta el 2015. Según los economistas la más reciente etapa de este descenso es del 2011 al 2015, cuando la compensación laboral se redujo de 15.0% Mientras los suplementos salariales ajustados a la inflación se han reducido en 18.6% en el lapso más extenso del 1993 al 2015.

Lo que propone el proyecto
1. Aumenta el periodo probatorio de 3 a 18 meses
2. Redefine las horas extras para no pagarlas aunque se trabaje más de 8 horas en una jornada
3. Se aumenta de 115 a 130 horas mensuales lo que debe trabajar un empleado para poder acumular beneficios de vacaciones y enfermedad.
4. Se reducen los días por enfermedad de 12 a 9.
5. Se reduce el bono de navidad de 3% a 2%.
6. Se reducen las compensaciones por despidos injustificados.
7. Se elimina el criterio de antigüedad en caso de despido
8. Se limitan las compensaciones por daños en casos de discrimen o represalias en el empleo.
9. Se eliminan las restricciones de horarios y días en los que se limita actividad económica

Fuente: Claridad