Para el activista José Rivera Santana, la contestación de la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobernador Alejandro García Padilla, sobre el Plan Fiscal que les sometió lo que hizo fue poner por escrito lo que la ley (Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, PROMESA) le autoriza y mandata.

“La Junta no quiere ser la primera línea de frente, quieren estar tras bastidores y que el gobierno de Puerto Rico haga el trabajo sucio”, denunció Rivera Santana, a preguntas de este semanario.

Rivera Santana se refiere a que la respuesta de la JCF al Gobernador establece las medidas que la Junta pretende que adopte el gobierno de Puerto Rico para atender el déficit fiscal para así poder pagar la deuda pública. Según la JCF al poner los datos “al día” el deficit fiscal de Puerto Rico en los próximos 10 años será de $67.5 mil millones. Ante esta cifra recomienda que el gobierno debe reducir sus gastos y recortar su presupuesto anual de $7 mil millones (cerca de $20 mil millones anuales en gastos corrientes y obligaciones legales), plantea la eliminación de la fórmula que le asigna el dinero a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la privatización del Fondo Seguro del Estado (FSE) la privatización y venta de activos públicos, incluye una reforma energética, una reforma laboral, una reforma contributiva y hasta el aumento en los costos de servicios públicos.

Aunque la JCF admite que es necesario que se reestructure la deuda no dice nada de una auditoria.

Rivera Santana, quien es uno de los portavoces de la Concertación Ciudadana Contra la JCF (CCCJCF), dijo que estuvo bien la postura del gobernador García Padilla de haberse negado a enviar un segundo plan fiscal como le pidió la Junta. Comentó que del contenido de la carta de la Junta se desprende que hay una dura crítica contra la actual administración pero también le dejan saber a la administración entrante las medidas que debe tomar.

“En ese sentido precisaron las cosas que hay en la ley y comenzaron a darle nombre y apellido”, indicó Rivera Santana, en relación a que en la carta identifica a varias entidades públicas por su nombre.

El planificador  llamó la atención a que la Junta ya entró hablar de una reforma laboral y cuyos cambios irían dirigidos a favorecer a los patronos, contra los beneficios laborales de los trabajadores, “ es un claro indicio del perfil ideológico de la Junta mas facultad al capital para disponer de los trabajadores”.

Agregó que lo mismo ocurre con la propuesta de una reforma contributiva, que va a ir dirigida a a restar contribuciones a las empresas. El activista objeto que ese es uno de los aspectos que de manera consistente se ha criticado en el país del modelo contributivo, el cual es uno que otorga privilegios a las empresas en contra de los ciudadanos. Este aspecto incluso es uno de los señalados en el Informe Krueger, que comisionó la actual administración.

“Es una contradicción pretender una reforma que le resta ingresos al gobierno, ante una crisis lo que esta planteado ahí es casi el precipicio, porque por un lado están proponiendo reformas restrictivas al trabajo, venta de activos, reconoce que hay una brecha presupuestaria mayor a la informada originalmente y proponen una visión ideológica liberal de que sea la gente la que pague la deuda”.

El portavoz de la Concertación indicó que el grupo estará evaluando y compartiendo con otros sectores ideas y cursos de acción a seguir para convocar al pueblo a actividades a partir del mes de enero.

Por su parte el El Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD) ante las recomendaciones de la JCF reiteró su reclamo de la importancia de que se haga una investigación profunda sobre la legalidad de la deuda pública.

“Ningún plan fiscal para atender las finanzas de Puerto Rico responde al mejor interés del pueblo si no va de la mano con la auditoría de la deuda según mandata la Ley 97 del 2015. La auditoría de la deuda es indispensable para la recuperación económica del País”, denunció la portavoz del Frente, la licenciada Eva Prados Rodriguez.

“Muchas de las recomendaciones presentadas por la Junta implicarán un alto precio para la ciudadanía, mayor pobreza para las familias trabajadoras y un gran retroceso en el disfrute de los derechos humanos de las próximas generaciones. Ejemplo de esto es la idea descabellada de la Junta que implicaría aumentar el costo del pasaje en las lanchas a Vieques y Culebra a $30.00 o $35.00. Todo lo anterior, para pagar una deuda que pudo ser emitida y adquirida de forma ilegal o negligente. Es una irresponsabilidad y negligencia crasa imponer todas estas medidas de austeridad sin que el pueblo tenga la información completa sobre la legalidad de lo que debemos. Además, qué garantía tiene el pueblo de que esto no vuelva a ocurrir”, añadió Justo Méndez Arámburu, también integrante del Frente y portavoz de VAMOS.

Fuente: Claridad