San Juan, 14 dic (PL) Los puertorriqueños reaccionaron perplejos al conocer hoy que el presidente estadounidense, Barack Obama, rechazó expresarse sobre la petición ciudadana de indulto al prisionero político Oscar López Rivera, tras reunirse sobre las 100 mil firmas establecidas.

'El Presidente se toma muy en serio su poder constitucional para conceder clemencia, y las recomendaciones del Departamento de Justicia son consideradas cuidadosamente antes de tomar decisiones', dijo la Casa Blanca en una comunicación a los firmantes de la petición.

Aclaró que, sin embargo, la Casa Blanca no hace comentarios sobre las solicitudes individuales de indultos.

'De acuerdo con esta política y con los Términos de Participación de We the People -que explican que la Casa Blanca a veces puede optar por no responder a las peticiones sobre ciertos temas- la Casa Blanca declina a hacer comentarios sobre el caso específico referido en esta petición', se indicó en forma taxativa.

Recordó que el Artículo II, Sección 2 de la Constitución de Estados Unidos le otorga al Presidente la autoridad para conceder 'suspensiones de condenas e Indultos por delitos contra Estados Unidos'.

'Durante más de 100 años, los presidentes han confiado en el Departamento de Justicia y en su Oficina del Abogado de Indultos para que les ayuden en el ejercicio de este poder', añadió la declaración de la sede del ejecutivo.

Se indicó, además, que las solicitudes de clemencia ejecutiva para delitos federales deben ser dirigidas al Abogado de Indultos, quien lleva a cabo una revisión e investigación, y prepara la recomendación del Departamento para el Presidente.

'Información adicional y formularios de solicitud están disponibles en la página web del Abogado de Indultos', precisó la comunicación que hizo caso omiso al reclama de 108 mil personas.

Las firmas se consiguieron el pasado 5 de diciembre, por lo que la Casa Blanca tardó nueve días en dar una respuesta a los interesados.

Este procedimiento está divorciado de la solicitud de clemencia presentada por el propio López Rivera en 2011, que permanece pendiente de una determinación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

López Rivera, de 73 años de edad, lleva 35 encarcelado en Estados Unidos, 12 de ellos en solitaria, condenado por conspiración sediciosa por su presunto liderazgo de las ya disueltas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de Puerto Rico, que operaron en Nueva York y Chicago en la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado.

Pese a que al luchador independentista boricua jamás le pudieron vincular con hechos de sangre, sectores de extrema derecha de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han tratado de relacionarlos con una bomba que estalló en la Fraunces Tavern, en Nueva York, donde murieron cuatro hombres, de lo que se responsabilizaron las FALN.

El abogado puertorriqueño José Rodríguez Irizarry, iniciador de la petición, anunció que hay que presionar directamente ante la Oficina de Indultos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

'Como mismo comenta la respuesta, dirigiremos todos nuestros esfuerzos a través de la Oficina del Abogado de Indultos de Estados Unidos', expresó Rodríguez Irizarry.

El letrado afirmó que ya tienen los correos electrónicos, números de telefónicos y direcciones de su oficina, por lo que 'podrán esperar muchas llamadas y correos para presionar de aquí al 19 de enero', cuando Obama deja la Casa Blanca.