Prevalece el mal manejo de miles de toneladas de cenizas que genera la quema de carbón por la empresa AES en Guayama. Mientras por largos años los gobiernos locales y federales se han hecho de la vista larga, la comunidad de Tallaboa en Peñuelas ha tenido que defenderse.

No es un asunto de ahora, no. Llevan largos meses, gente humilde, utilizando sus cuerpos para impedir que enormes camiones escoltados por la Policía lleguen para disponer de las cenizas tóxicas en un vertedero construido en su comunidad.

El tema de las cenizas se le escondió al País durante el proceso de permisos en los años noventa. Para lograr su propósito, la empresa AES afirmó que esas cenizas jamás serían depositadas aquí, pues serían decomisadas en otros países o en el lugar de origen del carbón utilizado. Así quedó adjudicado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que en 1998 prohibió el depósito de esas cenizas aquí.

AES incumplió y por años sobre tres millones de toneladas de cenizas han ido a parar silenciosamente en vertederos en Humacao, Salinas, Peñuelas, bajo carreteras e incluso en el cimiento de nuevas urbanizaciones, principalmente aquellas de “interés social”. Un estudio comisionado por la propia Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) estableció que, al entrar en contacto con agua, como cuando llueve, este material libera arsénico, cromo, cloruro, boro –entre muchos otros– a concentraciones significativamente elevadas para el ambiente. Cuando están secas, sus tamaños diminutos representan un riesgo de polvos fugitivos.

Pero no se trata solo de una compañía que se enriquece vorazmente producto de la privatización del sistema de generación eléctrica. También ha quedado al descubierto una red de encubrimiento y negligencia institucionalizada para permitir el desastroso manejo de las cenizas. Desde el acto xenofóbico de exportar estos desperdicios a la República Dominicana, hasta la reciente legalización de prácticas prohibidas para disponer cenizas en Puerto Rico. En el 2015 la AEE firmó una enmienda contractual tras bastidores con AES, en contubernio con la EPA para “legalizarlo”.

Vivimos en medio de una grave crisis de desperdicios sólidos, quema de combustibles fósiles que generan gases de calentamiento global, con una agenda de futuro energético cimentado en lo peor del siglo pasado.

Como si la agenda de atraso no fuera suficiente, sigue en el tintero la propuesta de la incineradora para Arecibo. Y no es uno, sería el primero de varios. Abrir esa puerta es muy peligrosa.

La quema de la basura, además de generar gases dañinos al ambiente, estaría produciendo unas 600 toneladas diarias de cenizas más tóxicas e impredecibles que las que se generan actualmente por carbón en Guayama. Sin embargo, la discusión de permisos se limita a Arecibo, pero transportar ese desperdicio por la maltrecha PR-10 cruzando la Cordillera por Utuado, Adjuntas y Ponce hasta llegar a Peñuelas debe levantar una gran bandera roja. Y no me refiero a la afiliación política de quien adueña otro vertedero en Peñuelas para cenizas nombrado “Ecosystems”, me refiero bandera de alerta para este país prevenir más engaños y errores de política pública.

El manejo de los desperdicios sólidos se complica con las cenizas en esa ecuación. Cualquier mirada de cara al futuro requiere imaginar alternativas que persigan sustentabilidad ambiental. Alternativas hay, falta voluntad. Si el gobierno no hace su trabajo responsablemente o actúa bajo un manto de corrupción, no cuestionen el que las comunidades se defiendan.

Por eso, desde Casa Pueblo seguimos, como Tallaboa Encarnación, diciendo NO a las cenizas de carbón. (El Nuevo Día)