La oficina de San Juan del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) supuestamente perdió toda jurisdicción sobre el trámite de evaluación de la solicitud de permiso del gasoducto, denunció ayer la organización Casa Pueblo de Adjuntas.

La evaluación del único trámite que falta para que inicie la construcción del proyecto estaría a cargo ahora del USACE en Jacksonville, Florida.

Al cierre de esta edición no fue posible confirmar esta versión con la agencia. El jefe de permisos de la Sección de las Antillas del USACE, Sindulfo Castillo, indicó que no estaba autorizado a emitir declaraciones. En Jacksonville indicaron que reaccionarían hoy.

Carlos Monroig, portavoz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), alegó no tener detalles por tratarse de un “asunto interno” del USACE.

Arturo Massol Deyá, miembro de la Comisión Técnica y Científica de Casa Pueblo, señaló que el cambio de jurisdicción fue ordenado a finales de abril por el coronel Alfred Pantano, quien dirige el USACE en Jacksonville y estuvo aquí hace unas semanas. En su visita, dijo que construir el gasoducto no supone un gran impacto.

El “secuestro” o llegada del expediente del gasoducto a Jacksonville será en tres días, precisó Massol Deyá al advertir que el cambio releva a los técnicos locales de participar en la evaluación de la solicitud de permiso.

“Es una orden militar e impositiva, que está influenciada por consultores y cabilderos”, expresó Massol Deyá en referencia a que supuestamente la AEE contrató a la firma BC Peabody, integrada en su mayoría por ingenieros retirados del USACE, para cabildear por el gasoducto en la agencia.

Casa Pueblo entregó copia de varios correos electrónicos entre Lawrence Evans, de BC Peabody, y el consultor externo de la AEE, Daniel Pagán, en donde hablan sobre el gasoducto.

Evans no respondió ayer un mensaje enviado a su correo electrónico y Pagán no estuvo disponible para entrevista.

Empero, la relación entre ambas partes está plasmada en el documento de la AEE titulado “Preguntas y respuestas sobre el gas natural y su transferencia a través de Vía Verde”. El inciso #13 del documento reza lo siguiente: “La empresa BC Peabody emitió una opinión para la AEE, en la que concluyó que según los estudios existentes el valor de las propiedades no se afectará con la construcción de un sistema de tubería de transferencia de gas natural”.

Límite a la participación

“Esta decisión elimina el acceso directo de la comunidad y sus preocupaciones respecto a los que van a decidir sobre el caso, que ahora recae en el coronel Pantano o personas de la oficina de Jacksonville, todo en idioma inglés”, expuso Massol Deyá.

Mientras, el abogado ambiental Pedro Saadé explicó que, aunque es la oficina de Jacksonville la que otorga o deniega la solicitud de permiso, generalmente se toman en consideración las recomendaciones de la oficina local. “Pero ahora se abortó ese proceso. La evaluación no se va a hacer en el territorio que será impactado”, expuso.

El director de Casa Pueblo, Alexis Massol, tildó como una “trastada al País” el alegado cambio de jurisdicción. Reiteró que la organización exige la celebración de vistas públicas sobre la solicitud de permisos ante la consideración del USACE, así como la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental federal del gasoducto. Pidió a los ciudadanos estar dispuestos a realizar desobediencia civil tan pronto se requiera para frenar la obra.