Comenzadas a fines de agosto, las manifestaciones han congregado a miles de estudiantes y unificado las 12 facultades de la UNA en una huelga y en una serie de tomas que han paralizado el campus.



Los estudiantes universitarios están haciendo historia en Paraguay, a través de la denominada La Primavera Estudiantil. A lo largo de las últimas semanas, han despertado una de las más grandes movilizaciones en la historia del país, demandando reformas democráticas en los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Si el estudiantado logra su meta, será la primera vez en la historia moderna del país en que reformas de importancia nacional resultan de la presión de los movimientos sociales. El éxito que los manifestantes estudiantiles han tenido, tanto para movilizar un apoyo masivo como para despertar una empatía nacional, revela importantes cambios en la política paraguaya y tiene el potencial de engendrar transformaciones aún más profundas.

Comenzadas a fines de agosto, las manifestaciones han congregado a miles de estudiantes y unificado las 12 facultades de la UNA en una huelga y en una serie de tomas que han paralizado el campus. Los estudiantes demandan cuatro reformas básicas de gobernanza de la Universidad: que se elimine la mayoría absoluta actualmente sostenida por docentes en la Asamblea Universitaria, la cual está compuesta por representantes del profesorado, del estudiantado y de los egresados de las 12 facultades; que lxs representantes sean limitadxs a una sola reelección a los órganos de gobierno; que se prohíba la elección de individuos que ocupan cargos de confianza dentro de la universidad; y que se establezca una comisión electoral independiente para regular las elecciones universitarias.

Como respuesta a las presiones de lxs estudiantes, la Asamblea Universitaria se reunió el 29 de septiembre a debatir y votar sobre las propuestas reformas. Como en dos ocasiones anteriores en los últimos dos meses, la asamblea desistió de aprobar las demandadas reformas, provocando nuevas rondas de manifestaciones estudiantiles. A comienzos de octubre, el conflicto se ha agudizado a la medida que líderes universitarios y una facción aliada de líderes estudiantiles desarrollan las elecciones de representantes a la Asamblea Universitaria. Manifestantes estudiantiles y docentes han boicoteado estas elecciones, calificándolas como potencialmente ilegales y claramente ilegítimas en el contexto de la crisis actual. Las prácticas anti-democráticas llevadas a cabo durante el proceso eleccionario —como el ocultamiento del cronograma electoral y la falta de un periodo de presentación e impugnación de candidaturas— han reprimido la participación y la competencia electoral, permitiendo que los líderes universitarios elijan a dedo candidatos que responden a sus intereses. Lxs estudiantes exigen la prórroga de las elecciones hasta que se aprueben las reformas al estatuto, e incluso ya han logrado la suspensión de las elecciones en las Facultades de Agronomía, Ingeniería y Medicina por medio de un pedido de impugnación al tribunal de justicia electoral.

Un año conflictivo en la Universidad Nacional de Asunción

Las ocupación y las protestas actuales se iniciaron el 24 de agosto, cuando la Asamblea Universitaria se opuso a votar por las reformas propuestas por La Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (REUNA) luego de 8 meses de negociaciones. Está comisión fue conformada por estudiantes, docentes, y decanos con la tarea de elaborar un borrador de los nuevos estatutos y dar fin a una ola de protestas que emergió un año atrás, luego de que estudiantes sacaran a la luz un escándalo de corrupción de la máxima autoridad universitaria. Durante la ocupación del rectorado de la Universidad, lxs estudiantes recuperaron documentos que comprobaban graves actos de corrupción y nepotismo del Decano de la Universidad, Froilán Peralta, quien había asignado múltiples salarios a los parientes y amistades de su ex secretaria.

Una serie de estrafalarias escenas se desplegaron durante la ocupación. Una administradora universitaria encapuchada intentó entrar al rectorado y robar documentos; una secretaria empezó a comer documentos para eliminar la evidencia de los casos de corrupción luego de ser descubierta y detenida por estudiantes en las puertas del campus. La fiscalía investigó la escena y registro la evidencia, luego de largas demoras y solo bajo el escrutinio y la presión de activistas estudiantiles. Una crisis de liderazgo se desató luego de que Froilán fuera arrestado y 12 funcionarios administrativos fueran imputados por el cobro indebido de salarios. La crisis terminó con el nombramiento de nuevos líderes universitarios que acordaron negociar con líderes estudiantiles sobre reformas de gobernanza en la Universidad. En total, las movilizaciones del año pasado impulsaron la renuncia de 74 administradores y 232 profesores, decanos, y vicedecanos y la imputación de 42 funcionarios universitarios.

Inspirada por hechos de corrupción, la indignación estudiantil también ha expuesto la amplia gama de abusos personales y políticos perpetrados impunemente por docentes y líderes universitarios, a causa de la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la institución. Tradicionalmente, las autoridades universitarias han distribuido salarios y posiciones lucrativas a miembros del Partido Colorado y a conexiones personales, callando voces disidentes a través de su marginalización, amedrentamientos y la amenaza de despido.

Según Mauricio Portillo, representante estudiantil en la facultad de veterinaria, docentes ejercen control sobre los centros de estudiantes con el apoyo de estudiantes en peligro de aplazo. Para asegurar sus notas, estos estudiantes trabajan para marginalizar posturas críticas y reformistas entre sus compañeros y proteger los privilegios de los docentes en instancias de representación estudiantil.

El privilegio político gozado por el profesorado permite graves abusos de poder en las aulas de la UNA. Autoridades universitarias se apropian de recursos designados para la expansión y mejora de los programas académicos. La contratación y protección de investigadores e instructores no calificados frena la producción académica y científica de la institución, y obstaculiza las innovaciones curriculares y pedagógicas necesarias para que la formación universitaria alcance estándares internacionales en Paraguay. En junio, un profesor de la Facultad de Medicina fue imputado por acoso sexual y, durante las últimas manifestaciones mujeres estudiantes, han denunciado prácticas sistemáticas de coerción sexual en dicha institución. Estudiantes de la Facultad de Derecho han reportado casos de docentes que hacen llamadas telefónicas días antes de los exámenes finales y solicitan pagos a los alumnos para aprobar sus exámenes.

Los líderes universitarios han respondido al creciente movimiento estudiantil con amenazas, amedramientos, y violencia física. Durante la ocupación del año pasado, los estudiantes descubrieron carpetas en las cuales administradores habían acumulado documentos registrando las actividades y posteos en las redes sociales de líderes estudiantiles disidentes; una práctica que recuerda al aparato de inteligencia utilizado para eliminar a la disidencia política por medio de acoso, arresto, tortura, y desaparecimiento forzoso durante los 35 años de la dictadura Stronista (1954-1989). Abundan ejemplos más explícitos de la represión del movimiento estudiantil. Diecisiete estudiantes de la Universidad Nacional del Este fueron procesados luego de haber ocupado oficinas universitarias para evitar la destrucción de documentos que podrían comprobar hechos de corrupción cometidos por funcionarios de la universidad.

A fines de septiembre, la Fiscalía de San Lorenzo ordenó la detención de cuatro dirigentes estudiantiles, por “privación de libertad” a los miembros de la Asamblea Universitaria, luego de que miles de estudiantes habían rodeado el edificio donde las autoridades estaban reunidas para discutir las reformas de los estatutos de la Universidad. La orden fue levantada posteriormente, pero ésta es una táctica común utilizada por los fiscales para intimidar a los dirigentes sociales y desmovilizar a sus seguidores.

Luego de la última asamblea universitaria, la policía detuvo e interrogó a cuatro guardias privados de seguridad contratados por el Decano de la Facultad de Medicina después de que éstos hayan asaltado y amenazado a dos estudiantes manifestantes con una cadena de metal y otras armas. El decano de la Facultad de Filosofía acusó a dirigentes estudiantiles de “tomar órdenes” y “recibir víveres” de extranjeros y declaró “lícito repelar la violencia con violencia”—haciendo eco del xenofóbico y autoritario discurso de seguridad de la dictadura paraguaya.

Las autoridades de la UNA también ejercen censura ideológica, particularmente en la Escuela de Ciencias Sociales, que depende de la Facultad de Derecho – una institución que está profundamente atada a la tradición autoritaria del Partido Colorado. Esto es un legado directo de la dictadura, la cual ha prohibido la enseñanza de Ciencias Políticas en Paraguay de manera a limitar la construcción de un pensamiento político crítico disidente. La Universidad Nacional ha ofrecido licenciaturas en ciencias políticas y sociología solamente a partir del 2003, y la malla curricular, la contratación de docentes y la administración de la escuela ha sido sometido a un manejo politizado y corrupto por directores de la Facultad de Derecho.

El año pasado, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales levantaron su toma sólo luego de haber impulsado la renuncia del director y la firma de un acuerdo con el director interino para iniciar la desanexión de la institución de la Facultad de Derecho, un primer paso hacia la creación de una Facultad de Ciencias Sociales. Hasta la fecha, este acuerdo ha sido ignorado, y como resultado, estas disciplinas, cruciales no solo para un debate político informado, sino para el mejoramiento de la administración pública, continúan severamente subdesarrolladas en Paraguay.

El contexto de resurgimiento del autoritarismo en Paraguay

El resurgimiento del control autoritario y partidario de la UNA y la masiva resistencia estudiantil son emblemáticas de tensiones crecientes acerca del futuro político paraguayo. La protesta estudiantil forma parte de un conjunto de conflictos que se desatan luego de una década de convulsivo cambio político. En 2008, seis décadas de hegemonía del Partido Colorado fueron interrumpidos cuando el ex Obispo Fernando Lugo llegó al poder con una coalición electoral contradictoria —compuesta por el oligárquico Partido Liberal y nuevos partidos de izquierda con poca fuerza electoral. Durante esta corta apertura democrática, ex representantes de la sociedad civil ocuparon instituciones del Estado para impulsar una serie de reformas, incluyendo una mejor cobertura y acceso a servicios de salud pública, reformas del servicio civil y la renegociación de las remesas que recibe Paraguay del gobierno brasilero en concepto de electricidad generada por Itaipú Binacional. Al mismo tiempo, el Partido Liberal, por primera vez en generaciones, tuvo acceso a las arcas del Estado para promover su máquina política.

Estos cambios debilitaron el control del Partido Colorado sobre los recursos estatales, que sostenían su monopolio político. Sin embargo, los colorados conservaron el control del parlamento y, junto con sus contrapartes oligárquicas del Partido Liberal, bloquearon cambios legislativos. En 2012, el Parlamento se convirtió en el centro de las críticas mediáticas sobre la corrupción y el clientelismo, llevando a inéditas protestas ciudadanas. En ese contexto, los legisladores de los partidos mayoritarios aprovecharon un violento conflicto de tierra en el distrito de Curuguaty para destituir al presidente Lugo, en un juicio político calificado como “golpe parlamentario” por observadores internacionales.

El juicio quebró la coalición que había llevado a Lugo al poder, rompiendo el naciente movimiento de protestas en facciones partidarias, y desacreditando al Partido Liberal después de unos breves meses de haber usurpado la oficina ejecutiva. Todo ello cementó el camino para que el Partido Colorado volviera al poder en las elecciones de 2013. A partir de entonces, la dirección de la sociedad paraguaya y el carácter del Estado entraron en disputa. El Partido Colorado está dividido entre una facción autoritaria tradicional, que permaneció fuerte en el Parlamento, y una facción empresarial prebendaria, liderada por el Presidente Horacio Cartes, quien ha proveído al partido de los recursos financieros necesarios para mantener su fuerza electoral. Mientras tanto, la oposición ha permanecido dividida entre la izquierda minoritaria y el ideológicamente conservador Partido Liberal.

En este contexto, Paraguay ha visto una llegada tardía de los discursos neoliberales que otros gobiernos latinoamericanos desarrollaron en 1990; discursos que tienen como fin promover las alianzas público-privadas, la privatización, y la liberalización internacional financiera. Irónicamente, en el caso paraguayo, este discurso ha justificado la expansión más acelerada de la deuda pública en la historia democrática paraguaya, así como también la continuación del modelo agroexportador de crecimiento económico. Mientras la economía ha estado posicionada entre las más resilientes de América Latina, ha hecho poco para eliminar la persistente inequidad rural o detener el crecimiento de la nueva pobreza urbana. Las dislocaciones políticas y económicas de los años recientes han dejado a los paraguayxs materialmente insegurxs, desconfiadxs y resentidxs acerca del sistema político imperante. Las políticas de este gobierno provocaron las primeras huelgas generales a lo largo de los últimos quince años, impulsadas por sindicatos en oposición a la ley de alianzas público-privadas, así como también movilizaciones continuas en el interior del país para resistir el despojo de comunidades campesinas por el agronegocio. A fines de septiembre, ciudadanos llenaron las plazas centrales de Asunción manifestándose en contra de un proyecto de ley que hubiera asignado un triple aguinaldo a los funcionarios del Senado, mientras instituciones de salud y educación pública carecen de presupuesto.

Al mismo tiempo, la coyuntura política ha producido un acuerdo partidario que promueve el resurgimiento de prácticas autoritarias utilizadas para controlar a la sociedad civil durante la dictadura. Durante este gobierno, el presupuesto de las fuerzas militares alcanzó cifras inéditas en el periodo democrático con la adjudicación de US$132 millones a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), incluyendo US$6,7 millones desviados de manera potencialmente ilegal de fondos asignados para inversiones educativas y de infraestructura.

El Ministerio Público y las instituciones judiciales han criminalizado la lucha social, especialmente imputando y encarcelando a dirigentes campesinos. El ejemplo más explícito fue la reciente condena de 11 campesinos por crímenes de homicidio, conspiración criminal e invasión de propiedad privada, relacionados a la muerte de nueve policías en Curuguaty. Durante el juicio desarrollado a lo largo del año, la Fiscalía no presentó evidencia directa para inculpar a los campesinos del asesinato, sino desarrolló una retórica que asocia a las organizaciones campesinas con la subversión política y el terrorismo para sentenciar al grupo de dirigentes a penas entre cinco y treinta años de prisión. Además, la Fiscalía no ejecutó ninguna investigación del asesinato de 11 campesinos que también ocurrió en Curuguaty, cuando un contingente de 300 policías armados expulsaron a 60 campesinos hombres, mujeres y niños de la tierra donde estaban viviendo. Los títulos de propiedad claramente invalidaron los cargos de invasión, ya que demostraron que la tierra en cuestión pertenecía al Estado en lugar de Campos Morombí, la empresa privada que reclamaba ser dueña. Si bien el proceso fue una parodia de juicio, dio un claro mensaje de que el Estado está dispuesto a violar el debido proceso y emplear toda la fuerza de su poder punitivo en contra de campesinos organizados para proteger los intereses de terratenientes y agronegocios. Organizaciones campesinas y de derechos humanos mantienen una vigilia permanente fuera del Palacio de Justicia Nacional pidiendo que se nulifique el juicio.

La Promesa del Movimiento Estudiantil

Sucesivas generaciones de estudiantes han librado la lucha por democratizar la UNA. Retomando este legado, las actuales manifestaciones estudiantiles ya han alcanzado logros históricos—una clara señal de cambio generacional y de la potencial renovación de liderazgo de los movimientos políticos y sociales. La actual generación de estudiantes universitarios fue la primera nacida luego del fin de la dictadura, en el 1989, y de la adopción una constitución democrática, en el 1992.

Estos estudiantes han crecido gozando de mayores libertades civiles y políticos y mayor acceso a la información del mundo exterior que las generaciones anteriores. También han madurado políticamente en un momento en el cual el resto de Latinoamérica experimentaba un giro a la izquierda, el resurgimiento de movimientos sociales, y la expansión de derechos sociales. En tanto sus aspiraciones aumentadas chocan contra los límites y la persistencia de instituciones autoritarias, esta generación ha sido más capaz de montar una masiva y sostenida resistencia.

La sigue una generación de estudiantes de secundaria aún más audaz. Luego del colapso de una escuela pública en mayo del 2016, estudiantes ocuparon un colegio en la capital, demandando que la Ministra de Educación se haga responsable del desastroso estado de la infraestructura escolar y de los inadecuados niveles de inversión. Estudiantes a lo largo de todo el país se adhirieron a las protestas, ocupando un total de 130 colegios durante dos semanas y forzando la renuncia de la Ministra. A una temprana edad, estos estudiantes han comprendido su exclusión de los privilegios de la élite política de su país, además de un sentido de agencia colectiva en demandar al estado sus derechos sobre bienes públicos.

A los estudiantes les une las frustraciones comunes con una universidad mediocre y liderada por una élite mezquina y enquistada en el poder. Sin embargo, los estudiantes que integran este movimiento lo hacen con una diversidad de aspiraciones personales, con visiones dispares sobre el tipo de universidad y sociedad que quisieran construir, y con perspectivas conflictivas sobre las controversias políticas que sacuden al país.

No obstante, las escenas de las actuales movilizaciones dan esperanza de que servirán como experiencias formativas para esta generación y harán emerger identidades colectivas sostenidos por un nuevo ethos democrático. En cada facultad, los estudiantes han llamado asambleas generales para negociar y consensuar posturas a través de debate abierto y voto directo, permitiendo a la masa de estudiantes observar una rendición de cuentas de sus propios líderes. En Paraguay, donde el liderazgo autoritario es común incluso en los movimientos progresistas, esta experiencia ofrece a los estudiantes lecciones profundas acerca de la potencial eficiencia y la legitimidad de los procesos democráticos.

Durante las últimas semanas, el campus de la UNA ha sido un laboratorio para la expresión creativa, la organización, la comunicación, y la generación de nuevas narrativas públicas. Mientras las clases fueron suspendidas, estudiantes organizaron talleres de metodología de investigación, charlas sobre la historia del movimiento estudiantil, instalaciones de arte, lecturas de poesía, eventos deportivos, fogatas, y conciertos de música —todo en nombre de la reforma. Miles de estudiantes han salido a las calles movilizando el apoyo de docentes, padres, comunicadores, y hasta empresas privadas.

En este momento, los estudiantes se están reagrupando luego del tercer rechazo de la asamblea universitaria a sus propuestas. Se debate entre ellos cómo mantener el dinamismo del movimiento sin las organizaciones institucionalizadas que les permitirían montar estrategias de reforma a largo plazo. Dejando de lado el logro o no de sus objetivos en esta coyuntura, el movimiento estudiantil ya ha comenzado a forjar una nueva y más esperanzadora narrativa pública en torno a las posibilidades de cambio en el Paraguay, la urgente necesidad de democracia, y el imperativo de la acción social colectiva. La promesa verdadera de la primavera estudiantil se fundamenta en los logros que ya ha generado: los vínculos duraderos de solidaridad, el sentido de eficacia política, y la experiencia práctica con la organización democrática. Estas son herramientas claves para las siguientes conquistas de los movimientos sociales en el Paraguay.

Gustavo Setrini es profesor en la Facultad de Educación, Cultura y Desarrollo Humano e investigador afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad Nueva York (NYU). Es Ph.D. en economía política por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Fuente: www.alainet.org