La breve pero significativa reunión de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) confirmó de entrada todas las denuncias habidas y por haber de los propósitos de este ente independiente impuesto por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos (EE UU) sobre su colonia Puerto Rico.

La reunión se celebró este pasado viernes 30 de septiembre en el edificio de la aduana federal en la ciudad de Nueva York, tomó menos de una hora y se llevó a cabo en el idioma inglés. Los miembros nombraron como presidente a Carlos Carrión III y decretaron asumir de inmediato el control de más de una veintena de las principales agencias del “gobierno de Puerto Rico”.  

Las reacciones en la Isla no se han hecho esperar, la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal Federal (CPCJCF), la cual lleva ya más de tres meses de diversas manifestaciones reiteró su exhortación “a todos los sectores organizados e individuos a unirse a la defensa de nuestra dignidad como País, a rechazar este atropello y a estar pendiente de las actividades que convocaremos cuando la Junta Despótica se reúna en Puerto Rico en noviembre próximo”.

Por su parte el grupo de trabajo Espacios Abiertos (EA), también divulgó una serie de cuestionamientos respecto a la reunión de la JCF que es menester apreciar. En primer lugar señaló EA que, esa reunión debió haber sido en Puerto Rico dado a que la Sección 4.5 del reglamento de la JCF indica que toda reunión donde se tome acción alguna debe ser abierta al público.  

“En este caso, se trata de presenciar la reunión de un organismo que estará tomando decisiones que afectarán nuestra calidad de vida, por lo que tener acceso adecuado a sus reuniones implica que no haya que comprar un pasaje e incurrir en gastos excesivos o esfuerzos físicos para poder asistir a la misma. A pesar de que la reunión fue transmitida vía internet sabemos que no toda la gente tiene acceso virtual; por ende, solicitamos que las próximas reuniones sean en Puerto Rico”, declaró la organización.

De igual forma trajo a la atención que la Sección 4.8 también expresa que los miembros de la Junta deberán aprobar aquellos procedimientos necesarios para permitir la participación de personas que hablen español e inglés en estas reuniones.Esto implica el uso de traductores y el que todos los documentos de la JCF deben estar también disponibles en español.

Uno de los aspectos destacados sobre los cuales Espacios Abiertos llamó la atención es que la JCF aprobó que se contrate a una firma de reclutamiento de ejecutivos para que los asesore en la selección del director ejecutivo, del coordinador de revitalización y del consejero general de la Junta.

Si es así hay que cuestionarse ¿no son ellos los expertos? Por parte de Espacios Abiertos ante esta determinación solicitó que se haga público, a la mayor brevedad posible, el proceso de selección de la firma de reclutamiento y el contrato en sí, así como todos los contratos suscritos con el resto del personal de la Junta que se reclute y otras firmas asesoras que se contraten durante este proceso de supervisión fiscal. Indicó EA que esto es cónsono con la disposición de la ley Promesa que requiere que todas las agencias públicas remitan todo tipo de contrato ejecutado, junto con sus enmiendas, a la Oficina del Contralor para que estén disponibles en un repositorio electrónico de acceso público.

Otro cuestionamiento levantado por EA es que la JCF informe dónde se están depositando los $2 millones mensuales que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico ya ha desembolsado para cubrir los gastos operacionales de la Junta, adónde va este dinero y en qué se ha gastado hasta el momento.

“Saber esta información es esencial para entender e identificar quién decide y quién se beneficia, porque el pueblo de Puerto Rico es quien paga. Ponerle el ojo a la Junta no es un ejercicio inocuo, tenue, ni sumiso. Por el contrario, tener acceso a sus reuniones, documentos y prácticas es un ejercicio básico de dignidad y un reclamo democrático que nos negamos a entregar. Como bien dijo el profesor Efrén Rivera Ramos, consejero general de EA: “La imposición de la Junta por el Congreso fue un acto antidemocrático. No permitamos que conduzca también al establecimiento de un gobierno secreto”.



Economistas

Por su parte la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) recordó que en su reciente trigésima tercera asamblea anual aprobó dos mociones por mayoría amplia, una a favor de que se audite la deuda pública de Puerto Rico y la otra en contra de la JCF. La Asociación denunció que los trabajos de la comisión que audita la deuda del gobierno están detenidos por falta de quórum, a pesar de que sus hallazgos preliminares indican que gran parte de la deuda pública puede considerarse ilegítima.

“El gobierno de Puerto Rico tiene en sus manos la obligación de auditar la deuda previamente a llevar un proceso de reestructuración de la misma. Debemos ser un agente fiscalizador dentro de todo este proceso, de esto depende el futuro de nuestro país”, aseguró la economista Mónica González, presidenta de la Asociación.



Los maestros

El grupo de maestros Educamos fue otro que reaccionó a la reunión y determinación de la JCF. “Nos tiene que llenar de indignación que en una reunión de solo 26 minutos, una Junta golpista tome el control de las agencias y corporaciones del pueblo de Puerto Rico que rinden servicios al país. Entre ellas, toma control del Sistema de Retiro para Maestros. Si nuestro retiro estaba en precario, ahora nos irá peor, a la luz de la experiencia con Juntas similares en otros lugares de los Estados Unidos donde se ha reducido sustancialmente las pensiones de los y las retiradas.”.

Frente a la determinación de la JCF Educamos advirtió; “ no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Defenderemos nuestro derecho a la vida a como dé lugar. Si tocan nuestro retiro, estarán declarando la guerra al magisterio. Si tocan los servicios y las necesidades básicas del pueblo, que somos la gran mayoría, tendrán que enfrentar las consecuencias. La gente no va a permitir que le arrebaten su derecho a una vida digna sin atreverse a luchar. Como parte de ese pueblo, los habremos de enfrentar”.

Mientras el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Alejandro Torres Rivera, también censuró las determinaciones. “Los acuerdos de esta Junta en su reunión constitutiva significa que dentro de las agencias e instancias del gobierno que van a quedar bajo la supervisión directa e inmediata de la Junta de Control Fiscal, se encuentra toda la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas, los Sistemas de Retiro, la Universidad de Puerto Rico y otras dependencias como el Centro de Convenciones. En la práctica, estas siete personas asumen el control total y absoluto del país, colocando de paso al Gobernador de Puerto Rico en un mero asistente administrativo de dicha Junta con las encomiendas que esta le asigne por los próximos años en materia fiscal”.


Fuente: Claridad