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Alejandro Torres Rivera: “La llegada de la Junta de Control Fiscal anticipa un país de mucho conflicto, de mucho choque social” PDF Imprimir Correo
Escrito por Cándida Cotto   
Lunes, 26 de Septiembre de 2016 21:26

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En entrevista con Claridad el nuevo Presidente de los togados reiteró la importancia que reviste el Colegio de Abogados para el pueblo de Puerto Rico ante la coyuntura que vive el país.

 

 

 

Luego de resistir en años anteriores varios acercamientos para que aspirara a la presidencia, su compromiso de siempre con el gremio que lo representa, una reflexión sobre las situaciones complejas y difíciles que enfrenta el País y tras servir como delegado por acumulación en la Junta de Gobierno, terminaron por convencerle de aspirar a la presidencia del Colegio de Abogados. Así fue como el 15 de septiembre del 2015 dio a conocer su candidatura y luego de un año de trabajo este 24 de septiembre el licenciado Alejandro Torres Rivera, juró como el próximo presidente del Colegio de Abogados  y Abogadas de Puerto Rico (CAPR). 

En entrevista el nuevo Presidente de los togados reiteró la importancia que reviste el Colegio de Abogados para el pueblo de Puerto Rico ante la coyuntura que vive el país.

“El Colegio de Abogados siempre ha sido la voz de la gente sin voz en el País. Nosotros estamos de cara a un país de diez años de depresión total, un País que se nos está cayendo en pedazos, un País donde se nos está yendo la gente que se supone nos sustituya a nosotros, un País donde cada vez se agudiza más la brecha entre los ricos y los pobres, un País donde no hay un plan de país y un país donde con la llegada de PROMESA nos reduce al colonialismo más crudo y más brutal que pudiera uno pensar”.

El Presidente del CAPR reconoció que incluso a los abogados y abogadas se les educó haciéndoles creer que Puerto Rico era distinto al resto de los territorios de Estados Unidos, que el Estado Libre Asociado(ELA) era un tipo de colonialismo distinto al de los moldes tradicionales. Acotó que con la ley PROMESA el País ha caído en el colonialismo clásico más crudo, donde cualquier atisbo de gobierno propio se fue con la Junta de Control Fiscal, por lo que ello, “anticipa un país de mucho conflicto, de mucho choque social pero también puede ser un momento de muchas oportunidades para el País echar para adelante. Cuando uno toca fondo la única forma de tú tocar aire es empujando hacia arriba y yo creo que estamos llegando de tocar fondo en el país por lo tanto yo creo que el Colegio tiene una responsabilidad muy importante en una coyuntura de esta naturaleza. No solamente seguir siendo la voz de los sin voz, sino también seguir siendo una voz firme en la defensa de los derechos democráticos, los derechos humanos, de la igualdad en este país pero también en un momento donde a nosotros se nos ha descolegiado y se nos está golpeando por todos lados pues tratar de fortalecer el instrumento de la abogacía gremial y darle una renovación”.

A juicio de Torres Rivera siendo la ley PROMESA una medida política del Congreso para afianzar la situación colonial de Puerto Rico, pues la respuesta de nuestra parte tiene que ser también política. Por lo tanto en su programa de trabajo se plantea el impulsar con más fuerza el proyecto de la Asamblea Constitucional de Estatus preparado por la Comisión para el Estudio de Desarrollo Constitucional del CAPR. Este proyecto –indicó– es el que ha ido ganando espacio dentro de los distintos sectores políticos en Puerto Rico como vehículo para atender nuestra situación colonial. Torres Rivera aclaró que esta comisión del Colegio lleva casi medio siglo de funcionamiento y su primer planteamiento del problema de la situación política colonial fue una resolución e informe que fue adoptada en la asamblea del Colegio en 1944, antes del ELA. “La comisión se crea a raíz de los desarrollos que se dan en el 1960 con la Resolución 1514 de la ONU, por ahí han pasado personas de mucho prestigio de esta institución y al presente sigue siendo una de las comisiones más importantes del Colegio a pesar de que no está en el reglamento como comisión permanente”.

Asuntos del gremio

En lo que respecta a los asuntos del gremio el licenciado Torres Rivera reconoció que la descolegiación “nos está golpeando por todos lados”, por lo que en su plan de trabajo contempla tratar de fortalecer el instrumento de la abogacía gremial y darle una renovación. En ese aspecto expuso que parte de su programa de trabajo ha sido el cómo atraer al Colegio a aquellos(as) que tienen menos de 10 años en el ejercicio de la profesión. “Son jóvenes que entran ya no pensando cómo con el primer caso van a pagar la comida y la renta, sino cómo van a pagar el préstamo de estudiantes y buscar aquellos que en el pasado fueron pilares de la institución y por alguna razón se alejaron, porque el Colegio tiene que fortalecerse si quiere ser pertinente y si quiere jugar un papel histórico en esta coyuntura, ese es un elemento importante en mi plan de trabajo”.

El plan de trabajo de Torres Rivera está dividido en cinco ejes. El primero tiene que ver con la pertinencia del colegio como institución en el país y cómo el Colegio se vincula con el resto de la comunidad. El segundo es cómo se atiende desde el punto de vista gremial la situación de los abogados jóvenes en la profesión. El tercero es el impulso a la asamblea constituyente. El cuarto eje son una serie de medidas reivindicativas desde la perspectiva gremial para la totalidad de la matricula. Dio como ejemplo el que la Administración de Tribunales permite a todas las trabajadoras de la Rama Judicial acceso a salas de lactancia en los tribunales, pero no se les permite el acceso a las abogadas postulantes.

En lo referente a la vinculación con la comunidad dijo que su plan de trabajo conllevó una serie de reuniones con organizaciones de la comunidad LGBTT, organizaciones que atienden el problema de derechos humanos, la perspectiva de género, de las cuales se recogieron 12 propuestas específicas para atender por el Colegio.

“Es la primera vez que se tiene en blanco y negro un programa que además de atender los elementos coyunturales del país, la situación social del país, los aspectos gremiales de nuestra profesión tiene propuestas especificas dirigidas a la mujer y a la comunidad LGBTT y otros aspectos generales de la profesión”.

Más allá de los retos propios que enfrentan como gremio, su Presidente manifestó que ante la coyuntura de la Junta de Control Fiscal estos dos próximos años también es un reto para el Colegio en su relación con la comunidad.

“Creo que van a ser años difíciles, van a ser años donde hay que sumar muchas voluntades, hay que sumar gente de todos lados para que en estos dos años el país tenga opciones, yo creo que todavía la junta de control fiscal para la inmensa mayoría de la población es una abstracción y es una abstracción que todavía no les convoca a la oposición porque todavía no se están sintiendo los efectos, todavía no han empezado los despidos a trastear con las pensiones, con los sistemas de retiro, a desarrollar políticas más agresivas de privatización, a la venta de bienes patrimoniales del pueblo de Puerto Rico, todavía no ha comenzado a cuadrarse un presupuesto, no en función de las necesidades de la población –salud, vivienda, seguridad– sino en función de cuánto hay que separar para pagar a los acreedores. Yo creo que cuando esas cosas comiencen a pasar va haber resistencia va a haber lucha, va haber movilización, y la lucha, la resistencia traen enfrentamientos y vamos a vivir un país que va a estar en ascuas todo el tiempo y el Colegio tiene una responsabilidad institucional en la protección de las libertades civiles, de los derechos humanos, de los derechos de los acusados, de los derechos del pueblo a recibir los servicios de su gobierno y, sobre todo, tiene la obligación de seguir afirmando que el país no tiene alternativas para resolver sus problemas si el país no tiene los poderes políticos para atender sus necesidades”, concluyó.

 

Fuente: Claridad

Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 21 de septiembre de 2016

Luego de resistir en años anteriores varios acercamientos para que aspirara a la presidencia, su compromiso de siempre con el gremio que lo representa, una reflexión sobre las situaciones complejas y difíciles que enfrenta el País y tras servir como delegado por acumulación en la Junta de Gobierno, terminaron por convencerle de aspirar a la presidencia del Colegio de Abogados. Así fue como el 15 de septiembre del 2015 dio a conocer su candidatura y luego de un año de trabajo este 24 de septiembre el licenciado Alejandro Torres Rivera, jurará como el próximo presidente del Colegio de Abogados  y Abogadas de Puerto Rico (CAPR). 

En entrevista el nuevo Presidente de los togados reiteró la importancia que reviste el Colegio de Abogados para el pueblo de Puerto Rico ante la coyuntura que vive el país.

“El Colegio de Abogados siempre ha sido la voz de la gente sin voz en el País. Nosotros estamos de cara a un país de diez años de depresión total, un País que se nos está cayendo en pedazos, un País donde se nos está yendo la gente que se supone nos sustituya a nosotros, un País donde cada vez se agudiza más la brecha entre los ricos y los pobres, un País donde no hay un plan de país y un país donde con la llegada de PROMESA nos reduce al colonialismo más crudo y más brutal que pudiera uno pensar”.

El Presidente del CAPR reconoció que incluso a los abogados y abogadas se les educó haciéndoles creer que Puerto Rico era distinto al resto de los territorios de Estados Unidos, que el Estado Libre Asociado(ELA) era un tipo de colonialismo distinto al de los moldes tradicionales. Acotó que con la ley PROMESA el País ha caído en el colonialismo clásico más crudo, donde cualquier atisbo de gobierno propio se fue con la Junta de Control Fiscal, por lo que ello, “anticipa un país de mucho conflicto, de mucho choque social pero también puede ser un momento de muchas oportunidades para el País echar para adelante. Cuando uno toca fondo la única forma de tú tocar aire es empujando hacia arriba y yo creo que estamos llegando de tocar fondo en el país por lo tanto yo creo que el Colegio tiene una responsabilidad muy importante en una coyuntura de esta naturaleza. No solamente seguir siendo la voz de los sin voz, sino también seguir siendo una voz firme en la defensa de los derechos democráticos, los derechos humanos, de la igualdad en este país pero también en un momento donde a nosotros se nos ha descolegiado y se nos está golpeando por todos lados pues tratar de fortalecer el instrumento de la abogacía gremial y darle una renovación”.

A juicio de Torres Rivera siendo la ley PROMESA una medida política del Congreso para afianzar la situación colonial de Puerto Rico, pues la respuesta de nuestra parte tiene que ser también política. Por lo tanto en su programa de trabajo se plantea el impulsar con más fuerza el proyecto de la Asamblea Constitucional de Estatus preparado por la Comisión para el Estudio de Desarrollo Constitucional del CAPR. Este proyecto –indicó– es el que ha ido ganando espacio dentro de los distintos sectores políticos en Puerto Rico como vehículo para atender nuestra situación colonial. Torres Rivera aclaró que esta comisión del Colegio lleva casi medio siglo de funcionamiento y su primer planteamiento del problema de la situación política colonial fue una resolución e informe que fue adoptada en la asamblea del Colegio en 1944, antes del ELA. “La comisión se crea a raíz de los desarrollos que se dan en el 1960 con la Resolución 1514 de la ONU, por ahí han pasado personas de mucho prestigio de esta institución y al presente sigue siendo una de las comisiones más importantes del Colegio a pesar de que no está en el reglamento como comisión permanente”.

 

Asuntos del gremio

En lo que respecta a los asuntos del gremio el licenciado Torres Rivera reconoció que la descolegiación “nos está golpeando por todos lados”, por lo que en su plan de trabajo contempla tratar de fortalecer el instrumento de la abogacía gremial y darle una renovación. En ese aspecto expuso que parte de su programa de trabajo ha sido el cómo atraer al Colegio a aquellos(as) que tienen menos de 10 años en el ejercicio de la profesión. “Son jóvenes que entran ya no pensando cómo con el primer caso van a pagar la comida y la renta, sino cómo van a pagar el préstamo de estudiantes y buscar aquellos que en el pasado fueron pilares de la institución y por alguna razón se alejaron, porque el Colegio tiene que fortalecerse si quiere ser pertinente y si quiere jugar un papel histórico en esta coyuntura, ese es un elemento importante en mi plan de trabajo”.

El plan de trabajo de Torres Rivera está dividido en cinco ejes. El primero tiene que ver con la pertinencia del colegio como institución en el país y cómo el Colegio se vincula con el resto de la comunidad. El segundo es cómo se atiende desde el punto de vista gremial la situación de los abogados jóvenes en la profesión. El tercero es el impulso a la asamblea constituyente. El cuarto eje son una serie de medidas reivindicativas desde la perspectiva gremial para la totalidad de la matricula. Dio como ejemplo el que la Administración de Tribunales permite a todas las trabajadoras de la Rama Judicial acceso a salas de lactancia en los tribunales, pero no se les permite el acceso a las abogadas postulantes.

En lo referente a la vinculación con la comunidad dijo que su plan de trabajo conllevó una serie de reuniones con organizaciones de la comunidad LGBTT, organizaciones que atienden el problema de derechos humanos, la perspectiva de género, de las cuales se recogieron 12 propuestas específicas para atender por el Colegio.

“Es la primera vez que se tiene en blanco y negro un programa que además de atender los elementos coyunturales del país, la situación social del país, los aspectos gremiales de nuestra profesión tiene propuestas especificas dirigidas a la mujer y a la comunidad LGBTT y otros aspectos generales de la profesión”.

Más allá de los retos propios que enfrentan como gremio, su Presidente manifestó que ante la coyuntura de la Junta de Control Fiscal estos dos próximos años también es un reto para el Colegio en su relación con la comunidad.

“Creo que van a ser años difíciles, van a ser años donde hay que sumar muchas voluntades, hay que sumar gente de todos lados para que en estos dos años el país tenga opciones, yo creo que todavía la junta de control fiscal para la inmensa mayoría de la población es una abstracción y es una abstracción que todavía no les convoca a la oposición porque todavía no se están sintiendo los efectos, todavía no han empezado los despidos a trastear con las pensiones, con los sistemas de retiro, a desarrollar políticas más agresivas de privatización, a la venta de bienes patrimoniales del pueblo de Puerto Rico, todavía no ha comenzado a cuadrarse un presupuesto, no en función de las necesidades de la población –salud, vivienda, seguridad– sino en función de cuánto hay que separar para pagar a los acreedores. Yo creo que cuando esas cosas comiencen a pasar va haber resistencia va a haber lucha, va haber movilización, y la lucha, la resistencia traen enfrentamientos y vamos a vivir un país que va a estar en ascuas todo el tiempo y el Colegio tiene una responsabilidad institucional en la protección de las libertades civiles, de los derechos humanos, de los derechos de los acusados, de los derechos del pueblo a recibir los servicios de su gobierno y, sobre todo, tiene la obligación de seguir afirmando que el país no tiene alternativas para resolver sus problemas si el país no tiene los poderes políticos para atender sus necesidades”, concluyó.

 

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