A juicio de la economista Martha Quiñones Domínguez, dos de los nombrados a la Junta de Control Fiscal (JCF) no deberían aceptar su nombramiento por cuestiones éticas de conflictos de interés, ya que presidieron el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y son responsables de las deudas en mayor o menor grado.

Se refiere a Carlos García, quien presidió el BGF bajo la administración de Luís Fortuño y a José Ramón González, quien presidió en una de las administraciones de Rafael Hernández Colón.

“Están ahí porque conocen el funcionamiento del Banco, cómo se manejaba la deuda y tal vez esa sea su intensión, pero pueden ser consultados sin tener que emitir juicio sobre lo que ellos hicieron. En especial cuando la junta puede indagar qué prácticas se utilizaron para vender la deuda de la Isla, si hubo falsa representación de los riesgos asociados con los bonos de la Isla, así como conflictos de interés que se hayan dado entre asesores financieros, corredores y casas de inversiones que vendieron los bonos de la Isla, además de acciones ilegales como han quedado establecido en el análisis preliminar que realizara la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Puerto Rico”, sostuvo Quiñones Domínguez y pasó a presentar lo que señala el citado informe.

“¿Violó Puerto Rico la exigencia de equilibrio presupuestario de la Constitución mediante el uso de la deuda para financiar el déficit? Puerto Rico emitió los bonos GO 2014 con el fin de financiar los déficits anteriores. La Constitución de Puerto Rico requiere que la Comunidad mantenga un presupuesto equilibrado, y por lo tanto prohíbe al gobierno pedir prestado para cubrir el déficit presupuestario. No obstante, Puerto Rico ha tomado prestado más de $ 30 millones de dólares para financiar el déficit. Puerto Rico ha estado pidiendo prestado para cubrir los déficits desde tan temprano como 1979. Si Puerto Rico ha tomado prestado sin autorización para hacerlo, a continuación, un tribunal puede prohibir le emitir más deuda en el futuro para financiar el déficit, obligar a un aumento de los impuestos, o, alternativamente, declarar la deuda impagable por falta de autorización”. (Traducción de CLARIDAD).

En entrevista Quiñones Domínguez dio crédito de que todos los nombrados tienen buenas credenciales como expertos en finanzas, quiebras, deudas, académicos de derecho y con mucha experiencia pero al emitir su apreciación sobre a quiénes representan acotó: “Para los bonistas son las personas idóneas que defienden sus intereses, pues ellos/ella los representan y hablan su idioma. Responden a la ideología de los que los nombran y a los intereses del capital de Estados Unidos.”

Para Puerto Rico son personas ajenas a lo que la sociedad siente y padece.

Para los empresarios, comerciantes y bonitas del patio los ven como aliados, aunque no necesariamente los favorecerán, pues los empresarios y comerciantes serán utilizados como peones en este juego de ajedrez, que domina el capital de Estados Unidos. Así también estarán los que contraten, que serán peones en los intereses de los grandes bonistas”.

En contraste con esta representación criticó que a esa Junta: “Le falta ese elemento que humaniza las acciones. Por eso podemos decir que carecen de inteligencia social, conocen de números y leyes, pero no de evaluar las consecuencias de sus acciones ante la sociedad y los efectos positivos o negativos que pueden tener. La inteligencia social y emocional no se aprende en la Universidad, sino en el contacto diario con la sociedad, en entender y sentir lo que la gente sufre, es tener empatía con la población impactada”.

Reafirmó que los miembros de la JCF son lo que pretende la ley PROMESA, que es una junta de supervisión financiera y administración, para cumplir el propósito: “Proveer un método al territorio cubierto (Puerto Rico) para que este logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”.

Al hecho de que el gobernador Alejandro García Padilla haya nombrado un representante a la junta la economista atribuyó que esta acción lo que demuestra es “que no le importa defender al pueblo (habría designado a uno que de verdad nos represente como pueblo, o sea una persona electa), poco dominio del tema y lo peor delega a una persona que no conoce a Puerto Rico, al que hay que pagarle mucho dinero (y hasta el momento no ha realizado satisfactoriamente su labor) y que actuará como uno más de la Junta nombrada, pues no se identificará con el pueblo y sus necesidades, sólo con el dinero”.

Más aun censuró que con esa acción el Gobernador está cediendo el poder que puede ejercer en la Junta en especial cuando requieran información, cuando evalúen o interpreten acciones del Gobierno de Puerto Rico y sus leyes, cuando evalúen las dependencias del Gobierno de Puerto Rico que según la JCF necesitan corregir sus deficiencias fiscales y autorizará cualquier proceso de renegociación de su deuda pública, y “además delega su capacidad de oponerse a cualquier actividad que atenta contra el pueblo”.

Nombrados los miembros de la JCF el secretario del Tesoro de EE UU, Jacob Lew, hizo expresiones urgiendo a la junta comenzar su trabajo a la interrogante de por qué esta prisa la entrevistada atribuyó que la urgencia responde a que está presionado por los acreedores, “no porque le importe la Isla y su gente”.

A la luz de que ya se conoce quienes integran la JCF a preguntas de CLARIDAD, Quiñones Domínguez no dudo en señalar que entre los asuntos que primero verá la Junta será investigar cómo privatizar o semi privatizar los fondos del Fondo del Seguro del Estado (FSE) ACCA y otros seguros del gobierno. “Van a pedir que actúen con entidades gubernamentales como AAA, Autoridad de Edificios, UPR y otras que ellos entiendan que necesitan corregir sus deficiencias fiscales y autorizará cualquier proceso de renegociación de su deuda pública o privatización y/o venta de activos”.

Además de controlar gastos de personal, reducción de costes en beneficios y contratos, modificar las relaciones entre agencias, modificar los impuestos vigentes, transferir servicios del gobierno a terceros y establecer un plan de personal que compense a los trabajadores partiendo de su desempeño. Tampoco descartó de que puedan recomendar la privatización o comercialización de entidades del gobierno, “así que todo está en riesgo pues lo importante es lograr responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital. El objetivo es claro hay que reestablecer el crédito para que el capitalismo financiero siga lucrándose de Puerto Rico. La colonia debe seguir generando riquezas a la metrópolis, no costos”.

De frente al panorama que se avecina la profesora de economía y activista exhortó a que el deber del pueblo es “exigir y denunciar la falta de democracia y la necesidad de participación en las decisiones que nos concierne. Exigir que podemos aportar desde nuestro conocimiento a cómo podemos planificar el futuro de la Isla para lograr desarrollo y crecimiento, no como una colonia sino como un pueblo con dignidad y que merece respeto”. La acción incluye exigir tanto en EEUU y foros internacionales que se respeten nuestros Derechos Humanos y Civiles, denunciar la actitud colonial de EE UU hacia Puerto Rico y que se corrija esa situación. “No podemos seguir siendo esclavos del capitalismo, debemos construir nuestro futuro y que nos permitan re construir nuestra economía y sociedad”.

Además exhortó a que se de a conocer la función que tiene la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Puerto Rico, a que se le den los fondos asignados para poder de realizar la auditoría de la deuda y presentarla al pueblo para que pueda entender lo que ha sucedido y diseñar estrategias para evitar que se vuelva a repetir.


Fuente: Claridad