"El camino neoliberal, con sus casi tres décadas de ataque violento a la clase trabajadora, desembocó en la prolongada crisis actual y la profundizó. Ha dejado cicatrices permanentes, desde la liquidación de la Sección 936 hasta la Ley 7 y la Ley 66, con sus privatizaciones y una enorme estela de corrupción".

La existencia de organizaciones laborales fuertes y vibrantes fortalece la democracia. En la historia moderna de Puerto Rico, debido a la subordinación colonial de la isla, la vida de los derechos humanos y de las libertades democráticas ha estado fuertemente vinculada con dos fuerzas principales: 1) la capacidad de la clase trabajadora para organizarse y defender sus condiciones de vida; 2) la lucha contra la subordinación colonial, con sus reclamos de libertad, contra los límites que impiden un desarrollo económico que responda a las necesidades del país. Por consiguiente, en Puerto Rico, la democracia no puede desvincularse de la complejidad dialéctica de esas dos fuerzas que han tenido vínculos muy estrechos y han pasado por transiciones con ritmos muy diferenciados. No obstante, el nudo más poderoso de nuestra precaria vida democrática enlaza estas dos corrientes: el forcejeo descolonizador, con su rica siembra de sudor y sangre, y su complicada combinación con la batalla diaria de trabajadoras y trabajadores, también sembrada con sudor y sangre, por mejorar sus condiciones de vida.

En coyunturas históricas muy particulares, de gran intensidad y riqueza social, el enlace de estas dos corrientes de nuestro aliento democrático ha logrado una compenetración estremecedora. En la historia reciente de Puerto Rico, dos procesos íntimamente relacionados, lograron poner en movimiento una formidable manifestación de fuerza social: la lucha contra la venta de la Telefónica, con su expresión más enérgica durante la huelga del pueblo, y el monumental esfuerzo que obligó a la Marina de Guerra estadounidense a retirarse de Vieques. Entre un proceso y otro, no debe olvidarse la concurrida marcha a favor de la excarcelación de los presos políticos puertorriqueños en la cárceles imperiales. La relación entre estos dos procesos es innegable.

Debe comprenderse que había fuerza de pueblo porque había un trasfondo importante de organización laboral y comunitaria. En otras palabras, vibraba en el país una fuerza democrática diversa. Un componente clave de la capacidad de acción estuvo íntimamente vinculado con una lucha laboral-comunitaria compleja contra la privatización de los servicios principales de la población: agua, luz, salud, educación, transportación y comunicaciones. El movimiento obrero tuvo una clara conciencia de que las condiciones de vida de la población no podían disociarse de la capacidad del estado de proporcionar estos servicios básicos. El núcleo de la resistencia laboral-comunitaria se recogió en frases muy explícitas que contenían un pensamiento firme: ni la salud, ni la educación, ni el agua, ni la luz, podían convertirse en una mercancía sujeta a los designios anónimos del mercado.

Puerto Rico vivía entonces en el tiempo de la maduración del neoliberalismo. El gobierno de Pedro Rosselló lo expresó de forma inequívoca con su llamado nuevo modelo económico y la frase que lo resumía: que el mercado decida.  El enunciado contrario a la propuesta neoliberal fue también contundente: Puerto Rico no se vende. Acompañado de esta expresión militante, el movimiento obrero también expresó con vigor lo siguiente: la política de privatizaciones sería el caldo de cultivo de la corrupción. La agudeza de ese señalamiento quedó corroborada en un acontecimiento sorprendente. Después de su decisiva victoria en noviembre de 1996, habiendo gobernado durante ocho años de crecimiento económico, Pedro Rosselló se retiró como candidato a gobernador para las primeras elecciones del nuevo siglo. Dos fuerzas lo obligaron a tomar esa decisión: los continuos escándalos de corrupción de su administración y el repudio del pueblo a su política neoliberal. Las dos fuerzas tuvieron su principal apoyo en la poderosa alianza laboral-comunitaria. En aquellos días hubiese sido impensable la privatización de la AEE.

Hoy, sin embargo, la privatización ocurre escandalosamente ante nuestros ojos. ¿Qué ha sucedido con la capacidad de movilización laboral-comunitaria? Para entender las causas de la desmovilización es necesario considerar el camino que va desde la liquidación de la Sección 936 en diciembre de 1995, con su desaparición definitiva en diciembre de 2005, hasta la aprobación de la Ley 7 en marzo de 2009 y la Ley 66 en el verano de 2014. Sin ser las únicas, estas son piezas claves en el avance contradictorio del neoliberalismo. Sí, incluyendo la abolición de la Sección 936. El PNP la consideró espina dorsal del ELA y convencido de la idea de que el mercado debe decidir, favoreció su eliminación por parte del Congreso. El resultado ha sido la pérdida de cerca de cien mil empleos industriales promocionados por Fomento Económico, una verdadera catástrofe para el conjunto de la economía. Fue sobre este desastre que operó la nefasta Ley 7: despidos masivos en el sector público con la retórica de ser absorbidos por la empresa privada, precisamente cuando la empresa privada estaba perdiendo empleos a granel.

El camino neoliberal, con sus casi tres décadas de ataque violento a la clase trabajadora, desembocó en la prolongada crisis actual y la profundizó. Ha dejado cicatrices permanentes, desde la liquidación de la Sección 936 hasta la Ley 7 y la Ley 66, con sus privatizaciones y una enorme estela de corrupción. El ataque continuo al llamado gigantismo gubernamental, lejos de fortalecer al sector privado de la economía ha provocado una pérdida masiva adicional de empleos en todos los sectores y un empobrecimiento general del país, con excepción de una minoría político-empresarial que se ha enriquecido de forma acelerada.  

Sin embargo, lo peor de todo puede estar por venir. La Junta de Control Fiscal, de corte republicano, lejos de ser la solución de la crisis, será la continuación de la política neoliberal bipartidista. Sobre el bipartidismo local caerá la podredumbre del bipartidismo federal. Será la coronación de la política regida por el enunciado de que el mercado decida. El nombramiento de la Junta de Directores de la AEE, en manos de una firma con vínculos financieros en las altas esferas de Wall Street, es de esperarse que funcione en contubernio con los integrantes de la Junta de Control Fiscal. La alta probabilidad de que esto ocurra acentuará la tendencia privatizadora que ya opera en la AEE y con seguridad fortalecerá un desenlace parecido en la AAA. También podría darle nuevo impulso al establecimiento de la incineradora en Arecibo.

Una enseñanza puede extraerse del pasado reciente: la movilización con amplia base de pueblo pudo derrotar la Marina de Guerra estadounidense. Algo parecido hará falta para derrotar la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, el Puerto Rico de los años 90 del siglo pasado no es el Puerto Rico de hoy. El decrecimiento económico y la pérdida masiva de empleos, en combinación con una ofensiva de enorme alcance de los medios masivos de comunicación ha logrado imponer una visión negativa del movimiento obrero. Ha señalado a sus sectores más combativos como responsables de la crisis. Hace falta mucha organización para contrarrestar estos poderosos medios de comunicación. Sin embargo hay síntomas alentadores: la oposición actual contra la fumigación aérea con Naled y la energía demostrada por los jóvenes en este proceso de lucha, así como la resistencia manifestada contra la Junta de Control Fiscal. Un nuevo Puerto Rico podría nacer de esa energía bien organizada. Lo importante es visualizar con claridad dónde están las fuerzas que impiden nuestro desarrollo. Con un entendimiento cada vez más preciso podremos actuar cada día con mayor efectividad.  Es urgente darle fuerza a la esperanza.